El día 28 de enero se celebra el día europeo de la protección de datos. La entrada en vigor del Reglamento General de Protección de Datos (RGDP) europeo en mayo, y la aprobación el pasado mes de diciembre de la Ley Orgánica de Protección de Datos y de Garantía de Derechos Digitales (LOPDGDD), que adapta el ordenamiento jurídico español al RGDP, han significado un antes y un después en esta materia. Las nuevas normativas han obligado a muchas empresas a ponerse al día sobre protección de datos, ya que esta normativa, que actualiza y refuerza los derechos de los ciudadanos sobre su información personal, cambia la forma en que las organizaciones gestionan la protección de datos, debiendo adoptar medidas conscientes, diligentes y proactivas.
Por tanto, para dar cumplimiento al RGPD, las empresas deben informar a los ciudadanos de manera clara y transparente sobre el tratamiento de sus datos y sobre la finalidad, la base legal, el tiempo de conservación, los derechos de los usuarios y su ejercicio, la cesión a terceros, la toma de decisiones automatizadas o las transferencias internacionales.
El pasado 7 de diciembre entró en vigor la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y Garantía de los Derechos Digitales. Las principales novedades son:
- Regula el modo en que debe informarse a las personas acerca del tratamiento de sus datos, optando en internet por un sistema de información por capas que permita al ciudadano conocer sus aspectos más importantes de forma clara y sencilla.
- Reconoce el derecho por parte de los familiares y herederos de las personas fallecidas a tener acceso y, en su caso, poder rectificar o suprimir los datos de las personas fallecidas.
- Fija en 14 años la edad a partir de la cual los menores pueden prestar consentimiento de manera autónoma.
- Refuerza las obligaciones del sistema educativo para garantizar la formación del alumnado en el uso seguro y adecuado de internet.
- Establece el derecho al olvido en redes sociales y servicios equivalentes de la sociedad de la información.
- Dota a las empresas de un mecanismo para que los sistemas de denuncias internas anónimas, a través de los cuales puede ponerse en conocimiento de un responsable la comisión de actos o conductas que pudieran resultar contrarios a la normativa, sean respetuosos con la protección de datos de las personas.
- Protege el derecho a la intimidad de los trabajadores frente al uso de dispositivos de videovigilancia y de grabación de sonidos en el lugar de trabajo. Cuando la empresa facilite a los empleados dispositivos digitales que utilicen sistemas de geolocalización, los empleados deben ser informados.
- Regula los ficheros de morosos, reduciendo de 6 a 5 años el periodo máximo de inclusión de las deudas, y exigiendo una cuantía mínima de 50 euros para la incorporación de las deudas a dichos sistemas. Con la anterior Ley, no existía una cantidad mínima.
Aún es necesario llevar a cabo un esfuerzo por parte de las pymes para conocer los cambios que implica la nueva normativa y adaptarse a las obligaciones que impone el nuevo Reglamento y los cambios que esto implica. Aunque muchas compañías han realizado importantes esfuerzos para actualizar su política de protección de datos, existe todavía un número considerable que lo han hecho solo en apariencia, otras que no se han adaptado en absoluto, y un grupo que simplemente desconoce la entrada en vigor de las nuevas disposiciones legales.
