Con motivo del día internacional de las Familias, el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad, (CERMI), ha planteado la reforma de la ley de familias numerosas para mejorar la protección social a los hogares en los que residan una o varias personas con discapacidad.
La razón de apostar por estas reformas es debido a los costes y esfuerzos que deben hacer en su día a día y los gastos que genera el hecho de tener una discapacidad. Por ello, la plataforma de la discapacidad ha elaborado un documento de propuesta de la actual ley de protección a las familias numerosas que ha sido remitido al parlamento y al gobierno para su modificación.
En él, el CERMI propone reducir de dos a un hijo, el número de descendientes necesarios para obtener el título de familia numerosa en los casos en los que los dos ascendientes tengan discapacidad. Si solo un adulto la tuviera, debería entonces aplicarse ese mismo supuesto si el grado reconocido es igual o superior al 65 %.
Según la propuesta de modificación legal, las familias con dos progenitores con discapacidad superiores al 65 %, y dos o más hijos a cargo, o bien familias con un progenitor y un hijo con discapacidad, ambos con porcentajes de más del 65 %, tendrán la calificación de familia numerosa de carácter especial, ya existente para las familias con al menos cinco hijos. Estos supuestos, serán en hogares en los que los hijos no sean comunes a los adultos de la familia.
Al tener una discapacidad, el aumento de cargas económicas se incrementa notablemente máxime cuando existen más hijos en la unidad familiar. En este apartado, conviene resaltar que tienen que dejar expresado de manera inequívoca el carácter no solo compatible, sino acumulable de las ayudas que se prevean para ambos supuestos.
Asimismo, el CERMI considera que las expresiones, «incapacidad para trabajar» y «minusvalía» sean sustituidas por «personas con discapacidad» en la misma línea de trabajo con el Real Decreto legislativo 1/2013, de 29 de noviembre por el que se aprobó el texto refundido de la ley general de los derechos de las personas con discapacidad y su inclusión social.