El Consejo de Ministros ha aprobado este 29 de junio de 2021 el Anteproyecto de Ley de igualdad Real y efectiva de las personas trans y para la garantía de los derechos LGTBI, elaborado por los ministerios de Igualdad y Justicia y coordinado por la vicepresidencia primera.
La ministra portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, ha destacado que con esta norma el Ejecutivo pretende superar la invisibilidad, estigmatización y falta de reconocimiento de los derechos de las personas lesbianas, gais, bisexuales transexuales e intersexuales (LGTBI) y situar a España en la vanguardia de Europa en la defensa de sus derechos.
Por su parte, la titular de Igualdad, Irene Montero, ha señalado que hoy es un día histórico en el avance legislativo de los derechos del colectivo LGTBI tras la aprobación del matrimonio igualitario hace quince años.
Irene Montero ha trasladado a las personas trans y LGTBI que «no están solas» y que tienen un Gobierno aliado para convertir en políticas públicas todos los derechos que puedan ser vulnerados: «Este Gobierno trabaja para la felicidad de las personas y para que sus vidas sean dignas de ser vividas».
La ministra ha argumentado que el mérito de la norma no es solo del Gobierno, sino de los colectivos y las organizaciones que llevan décadas peleando por sus derechos: «Las protagonistas del impulso de esta ley son las personas LGTBI, particularmente las personas Trans, pero también las mujeres, las feministas de este país».
«Esta es una ley feminista que entiende que, o llegamos todas, o todas somos capaces de despegarnos de suelos pegajosos, o todas somos capaces de eliminar todas las discriminaciones a las que estamos sometidas o no llegará ninguna», ha añadido Irene Montero.
Derechos y obligaciones recogidos en la futura ley
El ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, ha indicado que los objetivos de la futura ley son garantizar y promover el derecho a la igualdad real y efectivo del colectivo LGTBI; prevenir y eliminar todo tipo de discriminación que afecte a la percepción social del colectivo y a sus familiares y establecer la rectificación registral relativa al sexo y al nombre de las personas.
Campo ha precisado que la norma contempla disposiciones para garantizar la igualdad de trato y no discriminación con medidas en los ámbitos administrativo, laboral, de la salud, la educación, la cultura, el ocio, el deporte, la familia, la infancia y la juventud, iniciativas en las aéreas de la publicidad, medios de comunicación social e Internet y medidas en materia de acción exterior y la protección internacional.
Al respecto, Irene Montero ha subrayado que la futura ley reconoce el derecho a la libre determinación de la identidad de género. Las personas trans dejan legalmente de considerarse enfermas y podrán ser reconocidas por las administraciones sin que les exijan ningún tipo de informe psiquiátrico.
El texto incorpora medidas de acción positiva para afrontar las discriminaciones que con más frecuencia sufren las personas LGTBI en todos los ámbitos. Entre ellas, la ministra ha resaltado que las mujeres lesbianas, bisexuales y sin pareja volverán a tener acceso a las técnicas de reproducción asistida, así como las personas trans con capacidad de gestar.
El anteproyecto modifica el Código Civil para que a las mujeres lesbianas o bisexuales se les reconozca a las dos como madres de sus hijos aunque no estén casadas. Además, quedan prohibidas las terapias de conversión destinadas a modificar la orientación, identidad sexual o la expresión de género de las personas.
Además, establece un régimen de infracciones y sanciones para hacer frente a la discriminación que afronta el colectivo en diversos ámbitos, como el acceso a la vivienda, la salud o sus relaciones con la administración.
Procedimiento registral y de cambio de sexo
El titular de Justicia ha explicado que el texto contempla el cambio de sexo legal a partir de los doce años, en diferentes tramos de edad y atendiendo a la madurez y estabilidad del solicitante.
El procedimiento para cambiar de sexo en el registro de los menores de entre doce y catorce años será mediante un expediente de jurisdicción voluntaria, es decir, una resolución judicial lo determinará.
Las personas entre catorce y dieciséis años tendrán que acudir al Registro Civil, acompañadas de sus padres o de la figura de un «defensor», donde rellenarán un formulario y recibirán información sobre las consecuencias legales que tendrá el cambio.
Los solicitantes de entre los dieciséis y dieciocho años podrán realizar de manera autónoma el cambio de sexo en el Registro Civil.
En el plazo máximo de tres meses el solicitante comparecerá de nuevo para ratificar su solicitud y la persona encargada del registro dictará una resolución en el plazo máximo de un mes tras esa segunda comparecencia.
El ministro ha incidido en que la norma prevé la posibilidad de un proceso de reversión del cambio de sexo, para el cual el menor deberá esperar seis meses.
España, a la vanguardia de Europa
La ministra de Igualad ha trasladado que España se pone a la vanguardia europea en materia de reconocimiento de los derechos de las personas LGTBI y trans, en consonancia con el liderazgo que está ejerciendo el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, respecto a los derechos y libertades y de los derechos humanos como base de la convivencia en Europa, en un contexto en el que las agresiones LGTBI fóbicas están aumentando.
En la misma línea, el titular de Justicia ha manifestado que el texto sigue la tradición de los países referentes en la materia, como Bélgica, Noruega y Malta.
