Las recientes reformas al Código Penal y a la Ley de Proscripción de Pandillas en El Salvador implican la «criminalización del trabajo de los medios y de los periodistas» y contravienen asimismo principios constitucionales y tratados internacionales sobre libertad de prensa y sobre el derecho ciudadano a acceder a información relevante y de interés público, advierte la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP).
La Asamblea Legislativa de El Salvador, de mayoría oficialista, aprobó reformas a la Ley de Proscripción de Maras, Pandillas, Agrupaciones, Asociaciones y Organizaciones de Naturaleza Criminal y al Código Penal, fundamentadas en la intención de frenar la violencia en el país., pero las enmiendas afectan en forma directa el trabajo periodístico.
La nueva legislación prohíbe «a los medios de comunicación radial, televisivo, escrito o digitales la reproducción y transmisión a la población en general de mensajes o comunicados originados o presuntamente originados por grupos delincuenciales que pudieran generar zozobra y pánico en la población».
También declara ilegales todos «los textos, pinturas, diseños, dibujos, grafitis y cualquier forma de expresión visual, plasmada en propiedad pública o privada» que transmitan mensajes relacionados a grupos criminales.
A partir de las reformas, el Código Penal permite el castigo de prisión de diez a quince años a quien «elaborare, participare en su elaboración, facilitare o fabricare textos, pinturas, diseños, dibujos, grafitis o cualquier forma de expresión visual en bienes inmuebles de uso público o privado, que explícita o implícitamente transmitan mensajes, señales, denominaciones, propagandas» que se refieran a las pandillas.
La misma sanción tendrán quienes «por medio de las Tecnologías de la Comunicación e Información, medios de comunicación radial, televisivo, escrito o digital, reproduzcan y transmitan mensajes o comunicados originados o presuntamente originados por dichos grupos delincuenciales, que pudieren generar zozobra y pánico en la población en general».
El presidente de la SIP, Jorge Canahuati criticó las reformas en cuanto a que «criminalizan el trabajo de los medios y periodistas». Canahuati, presidente del Grupo Opsa, de Honduras, consideró que se trata de «una mordaza legal, una censura directa y previa a los medios que tendrá profundas consecuencias para la sociedad salvadoreña».
Añadió que «un país no puede bloquear la violencia censurando a la opinión pública, ya que es justamente en el debate público donde las sociedades encuentran los remedios a sus problemas».
El presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP, Carlos Jornet, dijo que «es evidente y lamentable que se aprovechen las circunstancias de la grave violencia social que padece el país para legalizar restricciones y profundizar la hostilidad que ha demostrado este gobierno contra la prensa».
Jornet, director periodístico de La Voz del Interior, de Argentina, añadió que la mordaza que se impone al periodismo salvadoreño atenta contra los principios constitucionales sobre libertad de prensa y los tratados internacionales que defienden los derechos fundamentales a la expresión y la información.
El Salvador ocupa la posición dieciocho entre veintidós países en el Índice Chapultepec de la SIP, barómetro que mide las libertades de expresión y de prensa. «El país centroamericano se acerca a altos niveles de restricción, en un contexto sin precedentes en su historia reciente», según el Índice.
