Un descenso del 75 por ciento en las tarifas de la electricidad, gracias a que se cuadruplicó la capacidad de generación limpia, es uno de los legados que va a dejar a Chile el gobierno de Michelle Bachelet, que culmina el 11 de marzo, informa Orlando Milesi[1] (IPS) desde Santiago.
En diciembre del 2013 la licitación eléctrica para familias, comercios y pequeñas empresas fue adjudicada a un precio de 128 dólares el megavatio hora, valor que cayó a 32,5 dólares en la última licitación de este año.
«Lo que se hizo fue un cambio regulatorio importante con siete leyes que se aprobaron en materia de energía que dieron un rol mayor y activo al Estado como planificador. Se generaron entonces las condiciones para que hubiera más competencia en el mercado», explicó a IPS el ministro de Energía, Andrés Rebolledo.
Hace cuatro años las grandes empresas veían con preocupación el alza de las tarifas eléctricas en Chile y varias compañías mineras indicaban que debido alto precio de la energía buscaban otros horizontes y países. Actualmente, los grandes industriales acceden a precios más bajos porque renegocian sus contratos con las empresas generadoras.
El nuevo marco regulatorio cambió el contexto y permitió que entraran muchos actores, chilenos y extranjeros, gracias a bases de licitación que dieron mayor espacio a las ofertas para generar electricidad mediante las llamadas energías renovables no convencionales (ERNC), principalmente fotovoltaica y eólica, las más eficientes en el país.
«Esto ocurrió en un momento cuando en el mundo hay un cambio tecnológico muy importante respecto a estas mismas tecnologías. Nosotros hicimos este cambio en un momento propicio y aprovechamos la baja importante de estas tecnologías, especialmente en el caso de las energías solar y eólica», destacó el ministro.
En la licitación de generación eléctrica de 2016 se presentaron 80 empresas y a la siguiente licitación de distribución se presentaron 15, «en un fenómeno muy diferente a lo que marcó al sector energético chileno que era muy concentrado, de pocos actores», agregó.
Manuel Baquedano, presidente del Instituto de Ecología Política, cree que se produjo «un punto de inflexión en la matriz energética chilena que cambió hacia la energía renovable».
Este cambio se produjo, dijo Baquedano a IPS, «porque la ciudadanía ya no quiso más megaproyectos como el de la central hidroeléctrica de Hidroaysén, en el sur, y Punta de Choros, en el norte (ambos rechazados por la ciudadanía por razones ambientales), y que hicieron que el crecimiento hacia arriba de los oligopolios fuera imposible de continuar».
«A nivel mundial la competitividad de la energía solar y eólica es mayor que incluso las fósiles. Hoy se está produciendo energía solar más barata que incluso con carbón. Eso ha hecho que esta política de regulación nueva haya creado un nuevo escenario», agregó.
Además, analizó el especialista en la geopolítica de la energía, «ese cambio fue aprobado por la comunidad y los ambientalistas que no han puesto objeción a los proyectos eólicos y solares».
«El gobierno gozó en estos cuatro años de una situación bastante libre para desarrollar proyectos (de esas energías) que incluso algunos tienen a veces reparos desde el punto de vista ambiental», aseveró.
«No es un proceso que cualquier gobierno que venga lo pueda detener. Es un proceso global y que Chile ya se insertó y está siendo premiado por esa opción. Ya no hay posibilidad de retorno a las energías fósiles, como está ocurriendo en Estados Unidos donde hay un gobierno autoritario como el de Donald Trump», añadió.
El dirigente ecologista advirtió que si bien «hay un margen de holgura para que bajen las tarifas y sus costos, no va a durar siempre» y por ello propuso «continuar por este camino de difundir las ERNC a la ciudadanía».
El sector de la energía fue líder en inversiones en los últimos dos años en Chile, superando a la minería, el rubro determinante en la economía local.
«Durante el gobierno de la presidenta Bachelet se han invertido 17 000 millones de dólares (en el sector energía). En Chile existen hoy unas 250 plantas de generación de energía, la mitad construidas durante este gobierno. Y la mitad de esa mitad son solares», comentó el ministro Rebolledo.
En mayo de 2014, apenas dos meses después de comenzar su segundo mandato, tras gobernar el país entre 2006 y 2010, la presidenta socialista lanzó la «Agenda de Energía, un desafío país, progreso para todos».
«Las proyecciones dicen que de aquí al 2021 hay una cartera de proyectos de 11.000 millones de dólares comprometidos por distintas licitaciones en materia de energía, en generación y en transmisión eléctrica. Lo interesante es que el 80 por ciento son proyectos de ERNC», subrayó.
Actualmente hay 40 proyectos eléctricos en construcción, casi todos de ERNC.
Otro resultado es que ahora Chile es excedentario en la producción de electricidad y el gran incremento de la generación fotovoltaica apunta a multiplicarse aprovechando las enormes posibilidades en la zona norte de este país, que incluye al desierto de Atacama, donde el sol alumbra inclemente.
La matriz eléctrica chilena, antes dependiente del petróleo, del carbón y de grandes represas hidroeléctricas, cambió radicalmente, lo que generó una caída cercana a 20 por ciento de importaciones de combustibles fósiles entre 2016 y 2017. Además, eliminó la dependencia del gas argentino, cuyo abrupto corte del suministro en 2007 sumergió al país en una crisis.
«En marzo del 2014, cuando comenzó el gobierno de Bachelet, la potencia instalada en Chile de ERNC, fundamentalmente solar y eólica, era el cinco por ciento. Esto cambió de manera importante y a noviembre de este año ya alcanza a 19 por ciento», detalló Rebolledo.
El ministro indicó que si se agrega a la generación solar y eólica la hidroeléctrica de gran escala «llegamos a que casi el 50 por ciento de todo lo que generamos hoy día es energía renovable. El resto sigue siendo energía termo, donde hay gas, diésel y carbón».
En la Agenda de Energía, al igual que en la contribución nacional determinada (NDC) comprometida dentro del Acuerdo de París sobre cambio climático, Chile tenía como meta que en el año 2025 un 20 por ciento de la energía generada proviniera de ERNC, un objetivo que ya alcanzó en octubre.
«Nos hemos planteado que al año 2050 un 70 por ciento de toda la generación eléctrica sea renovable y esto ya no incluye solamente las ERNC sino también la hidro», anticipó Rebolledo.
Para el ministro, algo determinante fue que estas metas fueron pactadas por todos los actores del sector.
«Debido a este cambio tan rápido ese 70 por ciento podría ser un 90 por ciento hacia el 2050 y dentro de ese 90 por ciento probablemente la energía solar será la más importante», anticipó.
Baquedano, por su parte, sostiene que ahora «viene la segunda etapa, que es democratizar el uso de la energía permitiendo que la energía solar y las renovables lleguen a la ciudadanía y a las pequeñas y medianas industrias en forma directa y, por lo tanto, modificando su distribución».
«La democratización implica que vamos a exigir que todo proyecto de ERNC tenga estudios de impacto ambiental y no solo declaraciones (de impacto ambiental)», aseveró.
«Democratizar significa que toda persona que tiene recursos o que pueda adquirirlos, se convierta en un generador de energía para su consumo y el de los vecinos. Que entren nuevos actores, pero ya ciudadanos. Esos nuevos actores son las comunidades indígenas, el sector comunitario y los municipios, que no tienen meta lucrativa», concluyó.
Los conflictos hidroeléctricos no cesan
Marcela Mella, portavoz del grupo ambientalista No al Alto Maipo, dijo a IPS que tienen diversas estrategias para seguir oponiéndose a la construcción del proyecto hidroeléctrico de ese nombre, que impulsa la compañía estadounidense AES Gener en el río que abastece de agua a Santiago.
El proyecto considera la construcción de 67 kilómetros de túneles para llevar agua a dos centrales, Alfalfal II y Las Lajas, con capacidad para generar 531 megavatios. Iniciado en 2007, está paralizado por problemas financieros y de construcción. Pero en noviembre la empresa anticipó que en marzo recomenzará la obra tras solucionar esos problemas.
«El proyecto pone en riesgo el abastecimiento seguro de agua potable de Santiago. Esto quedó demostrado cuando se empezó a construir y los aluviones, que han sido fenómenos naturales en la cordillera, arrastraron todo el material que se ha removido y dejaron a cuatro millones de personas sin agua en Santiago», afirmó Mella.
Añadió que Alto Maipo también provocará problemas en el agua de riego a los agricultores del valle del Maipo, que poseen 120.000 hectáreas.
- Editado por Estrella Gutiérrez
- Publicado inicialmente en IPS Noticias
