La mitad de los 6341 contribuyentes españoles más ricos –aquellos que declaran un patrimonio neto individual no exento de más de 6 millones de euros- se ahorra un total de 456 millones de euros al año gracias a la bonificación del 100% en la cuota sobre el Impuesto de Patrimonio que tiene establecida la Comunidad de Madrid, lo que les exime de tributar por este concepto, según los cálculos de los Técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha) a partir de la estadística de Patrimonio difundida por la Agencia Tributaria esta semana.
En concreto, la mitad de los contribuyentes más acaudalados -3153 personas- reside en la Comunidad de Madrid, lo que les favorece a la hora de rendir cuentas por sus propiedades. Si bien esto produce un agujero de 456,2 millones de euros anuales en las arcas públicas madrileñas, con el consiguiente perjuicio que tiene para el bienestar social y las políticas públicas.
No obstante, los Técnicos matizan que quienes más provecho sacan a esta normativa son el 60 % de los denominados ‘super ricos’ –los que declaran un patrimonio individual neto no exento superior a 30 millones de euros-, que se ahorran una media de 600 000 euros al año cada uno. En concreto, según la estadística de la Agencia Tributaria, de los 508 contribuyentes españoles incluidos en esta categoría, 303 residen en la Comunidad de Madrid.
En total, Gestha calcula que de los 660,8 millones anuales que deja de recaudar la Comunidad de Madrid al año por la bonificación del Impuesto de Patrimonio, el 99,7 % de este tributo le correspondería pagarlo a los 13 498 contribuyentes titulares de un patrimonio indivual neto no exento de más de 1,5 millones de euros. Para el colectivo, estos datos echan por tierra el argumento tantas veces utilizado para justificar esta bonificación de que la medida “beneficia a la clase media”.
Los Técnicos piden que se restituya el pago
El agujero anual de más de 660 millones que provoca esta bonificación en las arcas públicas madrileñas ya fue motivo de que los Técnicos, dentro de la Plataforma por la Justicia Fiscal -en la que se integran organizaciones y sindicatos como CCOO, UGT, USO, ATTAC España, CECU, CONGDE, Consejo General de Trabajo social, Economistas sin Fronteras, Justicia y Paz, Observatorio RSC, Oxfam Intermón, EAPN España, FONGDCAM, InspirAction, Observatorio de la RSC, Publiquen lo que pagan y Alianza contra la Pobreza- pidieran en la Asamblea de Madrid el pasado mes de junio que se restaure el pago del Impuesto de Patrimonio, ya que se trata de un tributo equitativo y justo que permite gravar a las grandes fortunas, que son precisamente las causantes, junto a las grandes empresas, de más del 70 % del fraude fiscal en España.
El hecho de que esta Comunidad bonifique al 100 % dicho impuesto la convierte en una de las autonomías más atractivas para las grandes fortunas. De hecho, buena parte de los protagonistas de los denominados papeles de la Castellana son residentes en Madrid y se benefician, por tanto, de la actual exención, mientras que defraudaron en el IRPF y se acogieron, en algunos casos, a la amnistía fiscal para saldar sus cuentas con Hacienda.
Acabar con la bonificación de Patrimonio contribuiría a mejorar la situación de la Región, que en 2015 no cumplió con el objetivo de déficit del 0,7 % del PIB impuesto por el Gobierno para las comunidades autónomas, pues cerró con un déficit del 1,36 %, situándose como la segunda comunidad con mayor déficit en términos absolutos, con 2774 millones, según la IGAE.
Según el presidente de Gestha, Carlos Cruzado, “la restitución del Impuesto de Patrimonio no supondría en ningún caso, como piensan algunas corrientes interesadas, una fuga de capitales de la Comunidad de Madrid, pues se trata de un gravamen personal por el que tributa la riqueza localizada tanto en España como en el extranjero, y es difícil que una persona se traslade a otro país alejado de sus relaciones personales y familiares y del centro de sus intereses económicos”.
Los Técnicos del Ministerio de Hacienda (GESTHA) forman el colectivo más representativo dentro del Ministerio y la Agencia Tributaria. En la actualidad, los Técnicos realizan estudios macroeconómicos de gran calado con el objetivo de conocer la realidad fiscal de España y conseguir una administración tributaria más eficiente y capaz de reducir el elevado volumen de economía sumergida, que alcanza el 24,6 % del PIB.
