En España no se practica la tortura de forma sistemática, pero sí de forma frecuente, y en la inmensa mayoría de los casos este tipo de delitos resultan impunes. Es el resumen de la situación que plantearon en Madrid los participantes en una jornada sobre este delito con el título «Contra la Tortura. Retos y desafíos en España», celebrado en el Consejo General de la Abogacía Española.
Según informa Amnistía Internacional, en el encuentro, celebrado este 29 de enero, se abordaron cuestiones como la necesidad de contar con un marco sólido contra la tortura y los malos tratos, mecanismos de prevención y la existencia de una adecuada investigación para asegurar que no haya espacios de impunidad.
Juristas, investigadores y miembros de organizaciones de derechos humanos coincidieron en señalar la importacia de los mecanismos de prevención para evitar que la tortura y los malos tratos sigan siendo delitos que en España se producen «no de forma sistemática, pero sí generalizada».
En este sentido, se citaron los Mecanismos Nacionales de Prevención de la Tortura, concebidos como un medio de aplicar, de manera efectiva en el plano nacional, las normas internacionales relativas al trato debido a las personas privadas de su libertad y a las condiciones de la reclusión. Para ello, se apuntó la necesidad de garantizar la calidad de las visitas realizadas por estos mecanismos de prevención.
“Hay estados a los que hay que reiterarles las recomendaciones para prevenir la tortura y ese es el caso de España”, apuntó Celso Manata, representante del Comité Europeo para la prevención de la tortura (CPTE).
“¿Por qué España no cumple los estándares internacionales de investigación de la tortura y malos tratos?”, se preguntó el fiscal del Tribunal Constitucional, Manuel Miranda, en el acto organizado por seis organizaciones, con motivo del 30 aniversario de la firma de la Convención contra la tortura por parte de las Naciones Unidas.
A pesar de que España ratificó este tratado internacional en 1987, varias de las intervenciones señalaron que España «incumple claramente la normativa internacional» en esta materia. Como ejemplo, las entidades organizadoras destacaron que en la actual reforma del Código Penal sigue sin abordarse la correcta tipificación del delito de tortura de forma acorde con el derecho internacional y las penas están muy lejos de corresponderse con la gravedad de este tipo de acciones, a pesar de las reiteradas recomendaciones de diversos organismos internacionales de derechos humanos como el Comité contra la Tortura.
Durante la jornada se recordó que la violación o los abusos sexuales cometidos bajo custodia se consideran un acto de tortura y se destacó la importancia de estudiar las formas particulares de tortura que sufren las mujeres. «La falta de enfoque de género provoca la invisiblización de una parte de la violencia», lamentó Paloma Soria, visitante de la Corte Penal Internacional.
Torturas impunes
Casos recientes demuestran hasta qué punto los delitos de tortura y malos tratos no se investigan de forma adecuada en España: «El mecanismo que investiga la tortura debe ser diferente al de los presuntos perpretadores», reclamó Daniel Joloy, investigador de Amnistía Internacional.
Los casos de tortura se producen mayoritariamente cuando las víctimas se encuentran bajo custodia del Estado: en centros de detención, en los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE) y también durante el régimen de incomunicación. Un régimen que sigue sin eliminarse en el anteproyecto de ley de reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal aprobado en Consejo de Ministros, tal y como han recomendado diferentes organismos internacionales de derechos humanos.
Además, dicha reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal no introduce medidas para evitar el riesgo de tortura. Según estas organizaciones, es la falta de voluntad política para aclarar estos casos lo que permite que se sigan produciendo de forma frecuente y no se tomen medidas básicas para prevenirlo. Ni siquiera existe un registro que permita saber el número de denuncias que se hacen en España por este delito.
«A veces las recomendaciones sobre tortura se quedan en burocracia vacía. Debe existir un registro de alegaciones de torturas y malos tratos para tener una visión global, y para hacer seguimiento a casos individuales», afirmó Hans Draminsky, miembro del subcomité para la prevención de la tortura de Naciones Unidas.
Las entidades organizadoras y los expertos participantes en la jornada reclamaron a las autoridades políticas, cuerpos de seguridad, jueces y médicos forenses que afronten de manera directa los casos de tortura y malos tratos en España y se comprometan en trabajar para erradicarla de forma definitiva.
Además, se citó el protocolo de Estambul como instrumento básico del derecho internacional para la correcta documentación de las denuncias de torturas y malos tratos. Sin embargo, el experto forense Pau Pérez denunció la falta de conocimiento de este protocolo tanto por la mayoría de los médicos como por parte de jueces y fiscales.
Victor Madrigal, secretario general del Consejo Internacional de Rehabilitación de Víctimas de la Tortura, lamentó el «olvido que sufren las víctimas de tortura» cuando no obtienen ninguna reparación.
Las entidades organizadoras de la jornada fueron Amnistía Internacional, Asociación Española para el Derecho Internacional de los Derechos Humanos, Asociación Española de Neuropsiquiatría, Asociación Pro Derechos Humanos en España, Coordinadora Para la Prevención y Denuncia de la Tortura, Rights International Spain.
