Gracias al informe presentado ante la ONU por parte del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI), se conocen las graves vulneraciones que hoy en día, aún tienen lugar en España dentro del entorno de la infancia y sobre todo, cuando esta tiene una discapacidad.
El documento elaborado por la plataforma de la discapacidad a las organizaciones nacionales de la sociedad civil de infancia y al comité de los derechos del niño de las Naciones Unidas, hace referencia a esas carencias que todavía suceden y que harán que a final de este mes de enero, España sea examinada en esa materia sobre la aplicación de la convención sobre los derechos del niño.
Por una lado se da a conocer que en España se están violando los derechos de los niños con discapacidad a tener una educación inclusiva de calidad y también el derecho de sus respectivas familias a elegir la educación que quieren para sus hijos. Esto no tendría cabida si se realizara una reforma de la legislación educativa de forma que existira de facto un sistema educativo inclusivo en el que no exista como ahora, la llamada «educación especial» que no deja de ser sino un aspecto segregador poco o nada inclusivo.
Si se contemplara el «modus inclusivo» la infancia con discapacidad no se vería apartada desde el comienzo de la etapa escolar y no existirían sistemáticamente situaciones que conlleven discriminación y exclusión social; hoy todavía, absolutamente vigentes en muchos colegios y escuelas.
Aproximadamente un 20 % del alumnado con discapacidad sigue sus estudios en entornos segregados lo que supone un atentado contra su integridad mental, física y real dado que no existe la igualdad de trato ni se siente incluido en un entorno social único.
Por otro lado, en el tema de la esterilización forzosa de niñas con discapacidad, aún perviven ciertos vestigios dentro del ámbito jurídico en España que vulneran seriamente la integridad de esas niñas. Niñas y jóvenes incapacitadas judicialmente a las que se les priva del derecho de la reproducción y de poder elegir si quieren o no ser madres en un futuro.
Otro aspecto a tratar sería la revisión de la normativa española, para dar debido cumplimiento a la convención sobre los derechos del niño y a la convención sobre los derechos de las personas con discapacidad que hoy, todavía, siguen sin estar vigentes en determinados entornos. La sociedad española, sigue estando muy lejos de conocer qué significa vivir con una discapacidad y que las personas de su entorno que la padezcan puedan tomar decisiones, puedan circular libremente, puedan forma parte activa de cuantos proyectos tengan lugar, tengan las misma oportunidades, tengan los mismos derechos y sean ayudadas de facto no porque se obligue a alguien a hacerlo.
De no ser por la obligatoriedad por la ley, aún en la escuela, colegio, instituto o universidad ni siquiera los docentes son conscientes de lo que supone tener una discapacidad; qué significa vivir con ella y qué necesidades tiene esa persona que no es distinta; solamente tiene una discapacidad quizá sobrevenida, o tal vez, de nacimiento. En ese sentido, hay que añadir que aún, la eliminación de barreras es una realidad y la concepción o el conocimiento de la sociedad en torno a las discapacidades físicas, intelectuales o sensoriales, es muy deficiente.
España tendrá que pasar el examen que se hizo hace ya ocho años y que aún no pasa ni un aprobado raspado. Veremos si el Comité de los Derechos del Niño al supervisar estas carencias toma debida cuenta. Algo, que en definitiva solamente tiene que ver con el derecho a la infancia; con discapacidad, sí, pero infancia en definitiva.
