España traiciona la justicia en las desapariciones del franquismo

La negativa de las autoridades españolas a abordar el legado de las desapariciones cometidas durante la era franquista constituye una traición a la justicia, señala Amnistía Internacional este 5 de noviembre de 2013, día en el que una reunión clave de la ONU que abordará el tema.

Fosas de personas asesinadas en Asturias en la guerra civil y el franquismo

Las reformas propuestas al Código Penal español no cumplen los requisitos establecidos en el derecho internacional respecto a las desapariciones forzadas: “la inacción del gobierno español respecto a las desapariciones es vergonzosa”, ha manifestado Ignacio Jovtis, investigador de Amnistía Internacional sobre España.

Las autoridades españolas también siguen negándose a investigar las decenas de miles de homicidios y desapariciones cometidas durante la Guerra Civil española y durante el gobierno de Francisco Franco (1936-1975).

“La alarmante falta de investigación por parte del gobierno sobre los crímenes de la era franquista se ve agravada por su falta de protección para que nadie se convierta actualmente en víctima de desaparición”, agrega AI.

Las desapariciones forzadas son un delito de derecho internacional. España tiene el deber de investigar todos los casos de desaparición forzada, independientemente de cuándo se cometieran, y procesar a los responsables: “El gobierno español debe tomar medidas inmediatas para cumplir con todas sus obligaciones respecto a las desapariciones forzadas”, ha manifestado Ignacio Jovtis.

En un documento informativo que presentará ante el Comité de la ONU contra la Desaparición Forzada antes de que éste examine, este martes en Ginebra, la situación de España, Amnistía Internacional destaca el hecho de que España no ha ajustado la definición de desaparición forzada al derecho internacional.

La desaparición forzada sigue sin constituir un delito específico, ni en el actual Código Penal ni en las reformas propuestas.

Amnistía Internacional, entre otras recomendaciones, pide a las autoridades españolas que:

  • investiguen y enjuicien los delitos de derecho internacional, y brinden toda su ayuda a cualquier solicitud de cooperación que reciban de tribunales extranjeros que decidan investigar estos delitos;
  • tomen las medidas necesarias para garantizar que las desapariciones forzadas se reconocen como delito específico en la legislación española, de acuerdo con el derecho internacional.

El Comité de la ONU contra la Desaparición Forzada es un órgano compuesto por expertos independientes que, durante su quinto periodo de sesiones, en noviembre de 2013, examinará por primera vez el cumplimiento, por parte de España, de la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas.

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