El gobierno de Estados Unidos debe liberar inmediatamente a Mahmud Jalil, residente estadounidense, estudiante y activista de los derechos palestinos detenido por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), plantearon expertos en Derechos Humanos de las Naciones Unidas en una declaración este jueves 20 de marzo 2025, informa Estrella Gutiérrez (IPS) desde Ginebra.
«El arresto, la detención y la deportación pendiente del señor Jalil marca una peligrosa escalada en la represión del gobierno de Estados Unidos contra el activismo estudiantil y la censura de las voces pro palestinas», dice la declaración.
Los expertos, que trabajan bajo el paraguas del Consejo de Derechos Humanos de la ONU en esta ciudad suiza, dijeron que el gobierno estadounidense debe «dejar de amenazar y acosar a los estudiantes extranjeros que hacen campaña por los derechos de los palestinos».
Según la declaración, el arresto de Jalil el 8 de marzo, «sin previo aviso y sin que se aclararan los cargos en su contra», se produjo «tras una campaña de desprestigio en línea dirigida contra él, con comentarios de odio y peticiones de deportación».
Para los expertos «esto se enmarca en un contexto más amplio de acoso, intimidación y amenazas contra estudiantes que luchan por los derechos de los palestinos y la desinversión de universidades estadounidenses en empresas vinculadas a la guerra de Israel contra Gaza».
La Casa Blanca ha indicado que el arresto de Khalil podría ser el primero de muchos contra activistas que participan en manifestaciones universitarias contra Israel.
«Nos alarma que las autoridades estadounidenses estén utilizando abiertamente la deportación como arma para censurar las voces críticas, dañando gravemente los preciosos derechos de libertad de expresión y de reunión que Estados Unidos ha apreciado y promovido durante mucho tiempo», dijeron los expertos.
Consideraron que «amenazar a extranjeros en Estados Unidos con revocar sus visas de estudiante o sus derechos de residencia no solo es discriminatorio y viola las protecciones constitucionales, sino que es altamente peligroso».
Ello porque «busca ejercer un efecto paralizante sobre la libertad de expresión entre los inmigrantes que va mucho más allá de la cuestión palestina», agregaron.
Encabezan la lista de expertos firmantes Irene Khan, relatora sobre el derecho a la libertad de opinión y de expresión; Farida Shaheed, del derecho a la educación; Mary Lawlor, sobre los defensores de los derechos humanos, y Gina Romero, relatora sobre los derechos a la libertad de reunión pacífica y de asociación.
Se agregan Ben Saul, relator sobre la promoción y protección de los derechos humanos y las libertades fundamentales en la lucha contra el terrorismo, y Francesca Albanese, sobre la situación de los derechos humanos en los territorios palestinos ocupados desde 1967.
Asimismo, Nicolas Levrat, relator sobre cuestiones de las minorías; George Katrougalos, experto independiente sobre la promoción de un orden internacional democrático y equitativo; y Margaret Satterthwaite, relatora sobre la independencia de magistrados y abogados.
Jalil, de treinta años, nacido en un campo de refugiados en Siria, es egresado de una maestría en Relaciones Internacionales por la Universidad de Columbia en Nueva York, y está casado con una ciudadana estadounidense, embarazada de ocho meses.
Fue un activista en manifestaciones en Nueva York contra la guerra de Israel en Gaza durante más de un año.
Actualmente aguarda en un centro de detención en New Jersey, noreste de Estados Unidos, la decisión de un tribunal con respecto a su deportación.
Los expertos expresaron previamente su profunda preocupación por la represión del gobierno estadounidense contra las protestas estudiantiles propalestinas en diversos campus universitarios.
En una carta dirigida al gobierno, destacaron que prohibir y atacar las protestas estudiantiles viola el derecho a la reunión pacífica y la libertad de expresión.
Rechazaron la excusa de la represión como una acción para contrarrestar el terrorismo y combatir el antisemitismo.
«Expresar solidaridad con los civiles palestinos o exigir pacíficamente la desinversión de las empresas que facilitan el horrendo ataque de Israel a Gaza no es terrorismo ni antisemitismo, sino expresión política y defensa de los derechos humanos, protegidos por el derecho internacional», soetienen los expertos.
Pidieron al gobierno de Estados Unidos que ponga fin de inmediato a las represalias contra los estudiantes que apoyan los derechos de los palestinos y que cumpla con su obligación internacional de respetar las libertades de expresión y de reunión pacífica.
