El acceso a la justicia es una de las tantas carencias que sufre la mayoría de la población en Guatemala, situación que se ve acentuada en el área rural y, si en casos paradigmáticos esta es lenta y enfrenta constantemente obstáculos difíciles de sortear, hay que imaginarse lo que significa acceder a Tribunales para quienes viven en los departamentos.
Las personas acuden de buena fe, quieren confiar, ansían que a través de la vía jurisdiccional se comprendan sus problemas y se les ofrezca una solución justa. Sabemos que el sistema no funciona como debería, que hay que “pelear” más que litigar contra los anquilosamientos, formalismos, desidia y la corrupción cuando una persona debe dirimir un caso en los juzgados. Probablemente se argumente que esas son las excepciones, pero las personas sienten decepción y escepticismo sobre el trabajo de los tribunales.
No por gusto hay tanta controversia en este escenario, en que se están eligiendo a las altas autoridades del Organismo Judicial. Una actitud autocrítica y crítica constructiva serían deseables y urgentes para sacudir a quienes tienen en sus manos la aplicación de la justicia.
Es comprensible la frustración ciudadana cuando, después de mucho esfuerzo, uno de los engranajes del sistema logra capturar a bandas y las pone, como corresponde, a disposición de los tribunales, y estos ¡los dejan libres! Y quienes se atrevieron a denunciar quedan a merced de venganzas que pueden cobrar valiosas vidas. ¿Quién se va a atrever a señalar o denunciar viendo estos lamentables ejemplos?
Foto: Cronica.com.gtLa población rural cuando acude al sistema enfrenta dificultades, entre ellas las barreras culturales, especialmente idiomáticas y económicas, que son impedimentos para alcanzar los objetivos de la justicia. El Organismo Judicial, consciente de esta realidad, a partir de 1998 implementó, como plan piloto, el primer Centro de Mediación, considerado por Asíes como una herramienta para facilitar el acceso a la justicia.
Actualmente hay 79 de estos Centros, método alternativo de resolución de conflictos.
En una investigación, ese tanque de pensamiento reveló que del 2005 al 2010, el sistema de justicia atendió 800 mil casos en todas las ramas y resolvió menos del 10%, con 842 jueces, mientras que el sistema de mediación atendió 86 mil y resolvió el 40 %, con 85 mediadores. Un proceso penal en promedio puede tardar un año, dos meses y 24 días, mientras que la duración de un procedimiento de mediación podría ser de apenas unas pocas horas, a un costo mínimo.
Este procedimiento tiene la virtud de no ser formal, ni rígido, no está contaminado por burocracia administrativa y requiere de confianza y empatía, imparcialidad, confidencialidad, infraestructura, de la cual, por cierto, carecen los Centros creados.
En nuestra realidad social, caracterizada por la proliferación de conflictos, se presentan constantemente problemas familiares, civiles, controversias entre vecinos, etcétera. Este método constituye, por lo tanto, un medio efectivo para dirimir esas diferencias y, de paso, descongestionar el sistema de justicia. Los mediadores deben gozar de la confianza del grupo social al que van a atender, tener la capacitación necesaria para lograr los objetivos y ofrecer una atención de calidad, con prontitud y pertinencia cultural.
Se trata de alcanzar acuerdos, un anhelo en el país, pero al no lograrlo nos está reportando graves conflictos con cauda de sufrimientos y desesperación de la población.
El Organismo Judicial debería dar prioridad a estos Centros.
