Miriam Pérez, una joven de 29 años con discapacidad falleció el día de Navidad por un fallo multiorgánico. Tenía un 91 % de discapacidad física cuando recién nacida, por un error médico, se le produjo una parálisis cerebral.
Su historia fue divulgada en las redes sociales cuando le fue retirada la pensión porque su familia superaba la horquilla máxima de ingresos anuales en 600 euros. Por ello, el Instituto de Servicios Sociales les obligaron a devolver 12.000 euros.
Su padre, Asensio Pérez, alegó que se debía a una paga extra que obtuvo en 2012 que le debía el Estado, ya que es funcionario, pero consideró abusivo el importe que le reclamaron. A pesar del fallecimiento de su hija pretende seguir la lucha contra el Instituto Murciano de Acción Social (IMAS), contra el que va a presentar un recurso, porque estos casos también suceden en otras familias en cuyo seno existe uno o más hijos con discapacidad. Asimismo, considera que es una cantidad abusiva y supone una injusticia para una familia que pierde ahora a su hija.
La pensión que recibía la familia permitió que Miriam tuviera la fisioterapia adecuada y los tratamientos y servicios durante cerca de 15 años.
Asimismo en change.org se hizo una petición para recopilar firmas para pedir a la consejería de familia que rectifique dicha solicitud.
