Soledad Jarquín Edgar
Mientras en Oaxaca el fenómeno del feminicidio alcanzó esta semana la horrenda cifra de 278 mujeres asesinadas en lo que va de la actual administración gubernamental, hace ocho días, en Atenas, Grecia, la Asamblea Parlamentaria Euro-Latinoamericana (EuroLat) adoptó una resolución urgente sobre el feminicidio en ambas regiones, propuesta presentada por la diputada andina Gloria Flórez y el parlamentario europeo Raúl Romeva i Rueda.
Resulta por demás importante que 150 parlamentarios de Europa y de América hayan puesto el dedo en el renglón y reconocieran el fenómeno que afecta de manera específica a las mujeres de México, Guatemala, Honduras y El Salvador, además de que constataron que los avances normativos y en el diseño de políticas públicas en materia de lucha contra las violencias ejercidas sobre las mujeres no se han traducido en avances reales para la vida de las mujeres.
Las cifras son preocupantes, aún así no alcanzan a impactar en ningún sentido la conducta de quienes ejercen el poder de administrar la vida de un país, de una entidad o de un municipio y por tanto tiene la capacidad de modificar o implementar políticas públicas, tanto que los Euro-Lat aceptaron o reconocieron que no ha sido posible frenar el aumento de feminicidios en Latinoamérica y Europa, por lo que sigue vigente la necesidad de un profundo análisis de las razones y una respuesta contundente y eficaz por parte de los Estados.
Esta situación no debe ser entendida por los gobernantes de los países, las entidades federativas o los municipios como “mal de muchos” porque tendrán como respuesta la segunda parte del dicho: “consuelo de tontos”, de ahí la exigencia de asumir su responsabilidad, de aplicar los acuerdos y convenios internacionales a fin de velar por la dignidad, la libertad y la vida de las mujeres.
Mucho se ha avanzado, como reconocen en las leyes, pero aún quedan muchos por hacer en armonización de marcos legislativos, administrativos y recursos financieros, además de la capacitación del funcionariato hagan factible que en el caso de México, y en específico de Oaxaca, la impunidad sea un acto nulo y haya justifica efectiva para las víctimas, pero lo más importantes que realmente tengamos una política pública que contribuya a mejorar la condición social de las mujeres y en específico su seguridad. Ello implica trabajo serio y responsable, algo que no se refleja en los gobiernos.
Combatir la impunidad y reparar el daño, siguiendo los parámetros establecidos en la sentencia de campo algodonero, acordaron los legisladores. En ese sentido, no hay vuelta de hoja para gobiernos como el de Oaxaca, donde cada semana se incrementan las cifras, sin que se haga algo efectivo lo cual implicará reparar el daño, si persiste la tendencia señalada en el Parlamento Euro-Lac.
Más política y menos politiquería le vendría bien al gobierno de Oaxaca y al de la capital oaxaqueña donde el valemadrismo hacia las políticas de género está más que comprobado y se necesita cara dura para no ver lo que significa pagar a compromisos políticos con los institutos de las mujeres, fenómeno que se repite en el gobierno estatal y en los municipales, caso concreto en Oaxaca de Juárez.
Ejemplo de estos dichos y que habrían horrorizado a las y los parlamentarios europeos y de Latinoamérica son los casos de Dafne Denisse Carreño que está empantanado a un año (9 de abril) de haber sido víctima de feminicidio y ni qué decir del caso de las locutoras triquis Teresa Bautista y Felícitas Martínez que lunes 7 de abril cumplirán seis años de haber sido asesinadas. En ambos casos lo que hay es un caldo de impunidad.
Un hecho importante fue el llamado a revisar el diseño, implementación y reformulación de las políticas públicas en torno a la violencia contra las mujeres, desde una perspectiva de género y de derechos humanos, incluyendo la formación en violencia de género en todos los niveles sociales e institucionales. Es decir, educación y más educación, de tal forma que podamos cambiar los parámetros de valoración que sobre las mujeres tiene la sociedad patriarcal y que nos revelan escándalos como el protagonizado por Cuauhtémoc Gutiérrez o eso que en Oaxaca se grita sobre la presunta operación de una banda de trata operada en la nariz de funcionarios de primer nivel del gobierno estatal.
El parlamento Euro-Lat planteó además protección para las hijas e hijos de las víctimas en todos los aspectos. Es decir, si las autoridades no atienden de raíz el problema del feminicidio, con prevención y medidas para erradicarlo, los Estados tendrán que responder con más recursos que es lo que hoy no quieren hacer.
Mientras a los países de Europa se les pide cumplir con las directrices existentes para acabar con el feminicidio, en los Estados Latinoamericanos se les recomienda revisar las estrategias en el combate a la violencia armada, la lucha contra el narcotráfico y crimen organizado, considerando el impacto que ha tenido en la vida de las mujeres.
Me parece realmente importante que las y los parlamentarios de ambos lados del Atlántico hayan puesto sobre la mesa este tema y se hayan comprometido a revisar periódicamente a sus naciones, es sin duda uno de los avances de las feministas considerando el grado de violencia que viven los países y donde urgen competencias destinadas a resolver de fondo el problema. Ya veremos que pasa más adelante por lo pronto en Atenas hay un acuerdo y los resolutivos deben ser tomados en cuenta.
