Broadspectrum, empresa filial de la multinacional española Ferrovial, está concernida en el acuerdo de indemnización a personas refugiadas en Australia, acuerdo que obliga al gobierno australiano a pagar más de 70 millones de dólares australianos de indemnización a casi 2000 personas refugiadas y solicitantes de asilo por detenerlas ilegalmente en la isla de Manus (Papúa Nueva Guinea) en condiciones terribles, y que debe propiciar su reasentamiento seguro, ha informado Amnistía Internacional.
“Aunque el acuerdo de indemnización es importante, no subsana las injusticias que han sufrido las personas refugiadas y solicitantes de asilo en la isla de Manus ni cambia sus circunstancias actuales. El gobierno australiano debe afrontar por fin la ineludible realidad de que sus políticas de detención extraterritorial son insostenibles y trasladar a todas las personas atrapadas en ellas a Australia en condiciones de seguridad”, ha afirmado Kate Schuetze, investigadora de Amnistía Internacional sobre Oceanía.
El acuerdo de indemnización se ha alcanzado tras la presentación de una demanda colectiva en nombre de 1905 personas detenidas en la isla de Manus en aplicación de la política de detención extraterritorial de Australia. La demanda incluía 200 declaraciones de testigos, 200 000 documentos y más de 50 comparecencias judiciales. El despacho de abogados que presentó la demanda colectiva detalló las crueles condiciones imperantes en la isla de Manus, muchas de las cuales había denunciado Amnistía Internacional.
El acuerdo alcanzado por las partes será pagado por el gobierno australiano y sus proveedores de servicios, incluidos G4S y Broadspectrum. En abril de 2016, Broadspectrum se convirtió en filial de la multinacional española Ferrovial.
“Este acuerdo debe transmitir un mensaje claro a todas las empresas implicadas en las políticas de detención extraterritorial del gobierno australiano, intrínsecamente abusivas, pues pueden ser consideradas responsables. Estas empresas deben cerrar sus actividades en la isla de Manus y ninguna otra empresa debe contemplar siquiera la idea de sustituirlas”, sostiene Kate Schuetze.
El año pasado, el Tribunal Supremo de Papúa Nueva Guinea resolvió que el centro de detención gestionado por Australia era “ilegal” e “inconstitucional”, no obstante lo cual el gobierno australiano no lo ha clausurado todavía. No se ha hecho público ningún plan para el reasentamiento en condiciones de seguridad de las personas que siguen encerradas en la isla de Manus.
