Desde Roma, el Consejo de Gobernadores del Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA) ha enviado un fuerte mensaje que a los guatemaltecos nos queda como anillo al dedo en esta coyuntura, en la que se ha decretado la suspensión de las medidas impulsadas por el presidente de Estados Unidos, que buscaban impedir la deportación de inmigrantes indocumentados que residen en ese país, pero también coincide con el anuncio de la visita del vicepresidente estadounidense a Guatemala para conversar sobre la Alianza por la Prosperidad, iniciativa que básicamente busca impulsar políticas de seguridad y de desarrollo para evitar que siga la migración de centroamericanos hacia el norte.
La principal conclusión de esos líderes mundiales fue “el compromiso renovado de hacer frente a la pobreza y la inseguridad alimentaria persistentes mediante la transformación de las zonas rurales de los países en desarrollo. Para ello, se fomentarán inversiones de mayor calidad, que garanticen un mayor grado de igualdad y un crecimiento integrador y que generen beneficios económicos para las mujeres, los jóvenes y otros grupos marginados”.
El abordaje de la ruralidad siempre genera mucho rechazo en Guatemala. El argumento se basa en una falsa idea preconcebida y probablemente incitada para evitar que se impulsen políticas que ataquen de raíz uno de los principales problemas estructurales del país: la pobreza provocada por esa grosera desigualdad que nos avergüenza, cuyas secuelas son pérdidas de vidas humanas, condiciones inhumanas de existencia, discriminación e inequidad.
En su discurso de clausura, el presidente del FIDA, Kanayo Nwanze, señaló que “la ayuda solo dejará de ser necesaria cuando hayamos transformado las zonas rurales para que estas proporcionen empleo, servicios y oportunidades a los más de tres mil millones de personas que viven en ellas, especialmente, a aquellas cuyas vidas dependen de pequeñas explotaciones agrícolas”.
Por eso es esencial que, de cara a la posibilidad de obtener importantes recursos de parte del Gobierno de Estados Unidos, estos sean destinados para el desarrollo, cuyo primer abordaje debe ser necesariamente dirigido hacia esa mayoría de población rural que vive en condiciones de pobreza y miseria. Es impensable impulsar esta iniciativa norteamericana si no se resuelven esos problemas básicos que son los que fomentan la migración.
Aquí hay una política de desarrollo rural, construida participativamente y enmarcada en los Acuerdos de Paz, especialmente en el Socioeconómico y Situación Agraria y en el de Identidad y Derechos de los Pueblos Indígenas y una base legal: la Ley Marco de los Acuerdos de Paz y la sentencia de la Corte de Constitucionalidad que declaró sin lugar una acción planteada contra el Acuerdo Gubernativo que aprobó la política.
Pero, además, la política cuenta con un respaldo social nacional e internacional, ha ido ampliando su legitimidad en los territorios rurales, hay intervenciones en cauce y la determinación que el sujeto priorizado sean los pobres y excluidos, así que aquí no se partirá de cero para impulsar ese proyecto.
En esa conferencia de Roma, el presidente de Ghana criticó duramente los programas de cooperación que van dirigidos a consultorías, talleres y vehículos, y sólo una mínima parte se destina para los supuestamente beneficiados. Similar observación hizo recientemente el canciller guatemalteco.
Esa ventana de oportunidad para el Triángulo Norte de Centroamérica debe ser aprovechada para evitar más vidas destruidas.
