El proyecto de ley “anti-casseurs”, o ley Mordaza a la francesa, está siendo examinado por el parlamento 48 horas después del acto XI de manifestaciones de los gilets jaunes en todo el país, el sábado 26 de enero de 2019, que ha reunido nuevamente decenas de miles de personas, 70 000 según fuentes policiales. Imposible verificar la realidad de dichas cifras.
Paralelamente, varios miles de partidarios de Macron se manifestaron el domingo en París, en una concentración nacional “contra la violencia y el caos de los gilets jaunes”, diez mil según la policía. Lejos, muy lejos de aquel millón de personas que desfilaron para apoyar a De Gaulle tras los acontecimiento de mayo del 68. Una manifestación “anti gilets jaunes”, que contradice en los hechos la anunciada voluntad de diálogo del jefe del Estado, Emmanuel Macron.
Mientras los testimonios y denuncias contra las mutilaciones y heridas provocadas por la represión policial se multiplican, la oposición de izquierdas “Francia insumisa” y las organizaciones de defensa de los derechos humanos reclaman la dimisión del ministro del interior y la prohibición inmediata de utilización de armas de defensa como los fusiles LBD flashball, o las granadas explosivas, consideradas no letales, pero que provocan daños irreversibles de probada gravedad.
Medio centenar de testimonios de victimas de la violencia policial han sido recogidos y difundidos por France Info, radio del servicio publico. Entre los heridos más recientes figura Jerome Rodrigues, conocido dirigente o animador pacifista de los gilets jaunes en la región de París, herido en el ojo derecho este sábado por un disparo de flashball.
Paralelamente, la mayoría parlamentaria LREM se dispone a aprobar una ley “anticasseurs” que recoge con algunas enmiendas un viejo texto de la derecha senatorial, que los macronistas habían rechazado anteriormente por su carácter liberticida. Este martes, Arie Alimi, abogado de la Liga de derechos del hombre LDH, ha calificado asimismo de liberticida ese texto de ley, que se propone limitar la libertad de expresión y de manifestación en Francia.
“Ese texto debe ser retirado en su totalidad, pues cada una de sus disposiciones es ultra liberticida” ha afirmado el letrado, analizando punto por punto las medidas de dicho proyecto de ley: “La primera necesidad es proteger el derecho de manifestar que es un derecho constitucional –añadió- para permitir que las familias puedan de nuevo venir a las manifestaciones”.
La violencia policial de estos últimos meses y su peligrosidad ha provocado en efecto una menor participación de familias con niños en las manifestaciones, algo que siempre ha sido muy normal en las protestas sociales en Francia.
Entre las medidas liberticidas de dicho proyecto de ley: la posibilidad de fichar y detener previamente a una manifestación a toda persona que la policía estime como un peligro para el orden publico. Una deriva autoritaria que permitirá fichar y neutralizar en el futuro a todo opositor político, siendo el poder policial quien remplaza al poder judicial. Una medida en consecuencia, contraria al Estado de derecho.
Dicho proyecto de ley contempla también el incremento de las multas y de la responsabilidad penal contra las personas detenidas en una manifestación sobre la base del simple testimonio policial. Un arsenal represivo que no tiene nada que envidiar a la española ley Mordaza del PP todavía en vigor, medidas dirigidas a intimidar y limitar la libertad de expresión y de manifestación.
Gilets jaunes: divisiones, pero voluntad intacta
Las provocaciones y violencias en las manifestaciones de gilets jaunes, y la brutal represión policial, han provocado evidentes divisiones en el movimiento, que mantiene sin embargo sus reivindicaciones y su voluntad intacta. Si la amplia mayoría del movimiento reivindica su pacifismo y condena la violencia, dos tendencias se han manifestado claramente: los que aceptan dialogar con el gobierno, y los que denuncian ese “debate nacional” como una mascarada
La joven y carismática gilet jaune Ingrid Levasseur, con el apoyo moral del empresario y exministro Bernard Tapie, ha creado un movimiento que presentará listas propias en las próximas elecciones europeas. Jacline Mouraud, otra gilet jaune con la que empezó el movimiento con un mensaje a Macron a través de las redes sociales, ha anunciado que formará un partido político.
En la localidad de Commercy, en la región de Lorena al noreste de Francia, se ha reunido una Asamblea de Asambleas, con participación de un centenar de delegaciones de gilets jaunes, y han publicado un llamamiento en el que reclaman la dimisión de Macron, el derecho a manifestar, la amnistía para las víctimas de la represión y el fin de la impunidad policial.
Pide también la continuación de las manifestaciones semanales de los gilets jaunes, y la organización de una huelga general el próximo 5 de febrero, para devolver “el poder al pueblo y por el pueblo”. La Asamblea de Asambleas se propone recoger a través de todo el país los pliegos de reivindicaciones de los gilets jaunes, al margen del “debate nacional” lanzado por el gobierno, que denuncian como una burda campaña de comunicación o propaganda.
Las organizaciones sindicales muy prudentes hasta la fecha, empiezan a reaccionar bajo presión de sus bases. La CGT y Sud llaman a la huelga el 5 de febrero, mientras que la CFDT y FO anuncian que no participarán en ella. Eric Drouet portavoz de los gilets jaunes en la región de Paris, ha llamado a unirse al llamamiento de la CGT para organizar una huelga general ilimitada y centrar el acto XII del próximo sábado en una marcha de solidaridad con los manifestantes heridos por la policía. El portavoz de los gilets jaunes en Rouen, Francois Boulo, de profesión abogado, ha lanzado así mismo, a través de internet, un llamamiento a la huelga general ilimitada.
