Algunos gobiernos utilizan a la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol) para perseguir a sus opositores y a activistas y defensores de derechos humanos, revela una investigación de Ida Karlsson (IPS).
El número de alertas de «personas buscadas» aumentó a más del triple en los últimos años, y los «requeridos» no son solo presuntos delincuentes.
Interpol publica todos los años miles de avisos de «personas buscadas», las llamadas notificaciones rojas.
Pero especialistas en justicia penal dijeron que la organización no tiene mecanismos efectivos para evitar que los países o fiscales en particular abusen de sus instituciones. Algunos de los estados miembros no tienen buenos antecedentes en materia de derechos humanos y sus sistemas legales son corruptos
Belarús, Irán, Siria, Sudán y Zimbabwe, acusados de graves violaciones a los derechos humanos, integran Interpol, y cada uno ellos cuenta con notificaciones rojas listadas en su sitio de Internet.
Una notificación roja no es una orden de detención. Cada gobierno decide cómo actuar frente a esta alerta y muchos consideran que tiene suficiente base legal como para proceder al arresto.
«Los alertas de ‘personas buscadas’ de Interpol pueden tener muchos efectos devastadores», advirtió Alex Mik, de la organización Fair Trials International, en entrevista con IPS.
«A algunas personas le negaron la visa, separándolas de su familia durante meses o años haciendo que perdieran su empleo y su sustento. Los empresarios pueden perder clientes y los periodistas su credibilidad. Muchos dudan si viajar por temor a ser detenidos», explicó.
Fair Trials International asiste a las personas que están en juicio en un país que no es el suyo. La organización trabajó en varios casos y cuestiona las notificaciones rojas de Interpol.
«Por ejemplo, al activista y periodista ruso Petr Silaev lo detuvieron en un hostal para jóvenes. Tras una notificación roja, estuvo cinco horas esposado en un vehículo policial y una semana en la cárcel a solicitud de un investigador de Moscú», relató Mik.
«Indonesia utiliza los sistemas de Interpol para marcar públicamente a Benny Wenda, figura clave del movimiento independentista en (la provincia de) Papúa Occidental, como persona buscada y desacreditar así su campaña política», añadió.
Las personas que se encuentran en esa situación no tienen un tribunal independiente al cual recurrir para una reparación, solo pueden solicitar una revisión a una comisión financiada por Interpol. Los integrantes de esta última son funcionarios del gobierno y no especialistas en derechos humanos.
Fair Trials International pidió a Interpol que se protegiera de los abusos con fines políticos para asegurarse de perseguir a los verdaderos fugitivos y no a aquellos cuyo único «delito» es ser opositor.
La organización Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación analizó todas las notificaciones rojas que había en el sitio de Interpol el 10 de diciembre de 2010.
Más de 2.200 de las 7.622 notificaciones rojas eran de países donde no se respetan las libertades civiles ni los derechos políticos, según la organización Freedom House. Casi la mitad de las 3.600 notificaciones estudiadas eran de estados que la organización Transparencia Internacional ubica entre las más corruptas.
Interpol informó que emitió 2.343 notificaciones rojas en 2005, 6.344 en 2010 y 7.678 en 2011.
Hasta 2008, las agencias de policía tenían que solicitar directamente a Interpol una notificación roja. En la actualidad, para ahorrar tiempo y dinero, ellas mismas entran cada solicitud al sistema. Las fuerzas de seguridad de todo el mundo las ven antes de que la propia Interpol las revise.
En febrero de 2013, la organización Reporteros Sin Fronteras pidió que se retirara la notificación roja para el periodista francés Daniel Lainé, que le impedía trabajar fuera de su país.
La organización alegó que el hecho «tenía todas las características de un caso fabricado, con cargos basados en evidencia escrita de alguien que nunca compareció ante un tribunal».
El 1 de julio de 2012 entró en vigor una nueva resolución sobre el sistema de notificaciones rojas de Interpol para garantizar que su publicación y su circulación se ajusten a altos estándares. Pero según Fair Trials International, la reforma no basta.
Interpol es una organización con 190 miembros y un presupuesto anual de 60 millones de euros (más de 79 millones de dólares). Según su Constitución, la agencia debe atenerse «al espíritu de la Declaración Universal de Derechos Humanos».
En la revista International Enforcement Law Reporter, Interpol escribió en 2012 que su «amplio marco legal garantiza que el proceso de información» a través de sus canales de Interpol, que incluyen a las notificaciones, esté «conforme a las normas» que la rigen.
Interpol no respondió a la petición de consultas de IPS.
