Las violaciones contra la libertad de expresión y de prensa en Guatemala aumentaron considerablemente entre julio y septiembre, periodo en el que se registraron 20 violaciones contra estos principios, especialmente en lo concerniente a la vida de profesionales ya que consta el asesinato de dos comunicadores en Zacapa y Suchitepéquez, informa Héctor Coloj.
Según datos del Observatorio de los Periodistas de Cerigua, se documentaron asimismo dos agresiones físicas, un intento de asesinato, dos amenazas, una denuncia por difamación, tres restricciones a la fuente, una intimidación, el allanamiento a una emisora, la compra masiva de un diario, el supuesto allanamiento a la vivienda de un periodista, dos casos de acoso judicial y un allanamiento a oficinas.
Los departamentos donde más casos se registraron fueron Guatemala y Suchitepéquez, con cuatro cada uno, seguidos por Huehuetenango y Quetzaltenango, con tres; Zacapa, Sololá, Sacatepéquez, Retalhuleu, San Marcos y Jutiapa registraron uno cada uno.
Cronología de los hechos
El 2 de julio el Juzgado Octavo Penal nombró al tribunal de imprenta que conocería la denuncia contra el periodista y columnista Giovanni Fratti, quien fue denunciado por supuesta difamación, por la Federación de Cooperativas Agrícolas de Productores de Café en Guatemala (FEDECOCAGUA).
La denuncia fue interpuesta después de que el columnista manifestara durante un segmento radial, en 2011, que el Ministerio Público (MP) debía investigar a FEDECOCAGUA y al Banco de Desarrollo Rural (BANRURAL) en relación con el asesinato del abogado Rodrigo Rosenberg.
El 6 de julio Nuestro Diario señaló, en una de sus notas, que investigadores de la Policía Nacional Civil (PNC), que fueron aprehendidos por exigirle dinero a un vecino que investigaban en Sacatepéquez, agredieron a varios miembros de la prensa cuando eran trasladados a un juzgado.
El 8 de julio, Fratti presentó una acción de inconstitucionalidad en el juzgado que nombró el juzgado de imprenta, debido a que el delito de difamación no está contenido en la Ley de Emisión del Pensamiento.
Danilo López, corresponsal de Prensa Libre en Suchitepéquez, denunció que el 8 de julio recibió amenazas por parte de José Linares Rojas, alcalde de San Lorenzo; el jefe edil indicó que tenía el poder y dinero necesario para tomar acciones en su contra, según el afectado.
Durante los allanamientos y capturas contra supuestos narcotraficantes en Huehuetenango, efectuadas por autoridades el 14 de julio, dos reporteros de Al Día y Telecentro 13 fueron víctimas de amenazas y obstrucciones a la fuente, por parte de elementos de la fuerza pública, cuando daban cobertura a los hechos.
Los afectados señalaron que policías, con el rostro cubierto, les quitaron las cámaras y les borraron el material; además de que registraron el vehículo donde se movilizaban y les dijeron que se retiraran del lugar o los consignarían.
El 15 de julio Oscar de León, corresponsal de Guatevisión en Quetzaltenango, tomaba imágenes en las afueras de la subestación de la policía en Salcajá, donde ocho agentes fueron asesinados, sin embargo un oficial le indicó que tenía prohibido hacerlo e intentó arrebatarle la cámara.
Organizaciones sociales denunciaron un caso de difamación contra la columnista Irma Alicia Vásquez Nimatuj a raíz de un artículo en el que abordó un tema sobre militares.
El 17 de julio Alfonso Guarquez, presidente de la Asociación de Periodistas de Sololá, recibió un mensaje de texto con intimidaciones en el que desconocidos expresaron que tuviese cuidado.
El 25 de julio Rolando Miranda, corresponsal de Prensa Libre en Suchitepéquez, fue citado a un juzgado de la cabecera departamental, debido a que representantes del Ingenio El Pilar interpusieron una denuncia en su contra por supuesta calumnia y difamación, debido a una nota publicada el 20 de abril, donde vecinos denunciaron la contaminación de un río y señalaron al ingenio como responsable de esto.
Las oficinas del Relator Especial para la Libertad de Expresión de Naciones Unidas, Frank La Rue, situadas en la zona 14, fueron allanadas por desconocidos, que robaron equipo informático así como documentos personales del funcionario.
La madrugada del 6 de agosto fue asesinado el locutor y periodista Luis de Jesús Lima, en la cabecera departamental de Zacapa; el comunicador fue atacado a tiros por dos sujetos cuando se disponía a ingresar a radio La Sultana, donde dirigía un segmento musical por las mañanas.
El 7 de agosto autoridades del Ministerio Público (MP) clausuraron la radio “Stereo Gratitud”, que funcionaba en la ciudad de Mazatenango, asegurando que funcionaba en una frecuencia asignada a Radio Mundial.
José Rubén Zamora, presidente de elPeriódico, denunció que el viernes 9 y sábado 10 de agosto autoridades intentaron ingresar de manera ilegal a su vivienda, con el pretexto del cambio de guardia que lo protege, debido a las medidas cautelares con las que cuenta; Zamora indicó que se trató de un acto de intimidación debido a la postura crítica del diario hacia el gobierno.
La noche del 12 de agosto Fredy Rodas, corresponsal de Radio Sonora en Suchitepéquez, fue atacado a tiros por un desconocido en cercanías de su vivienda; el reportero recibió cinco tiros en la espalda y el rostro, sin embargo logró sobrevivir.
El 19 de agosto, en Suchitepéquez, fue encontrado el cuerpo del locutor y periodista Carlos Alberto Orellana en la finca Nueva Linda, San Bernardino Suchitepéquez; Orellana fue secuestrado alrededor de las 7:00 horas por desconocidos y su cadáver fue encontrado con dos disparos en la cabeza.
El 25 de agosto en San Marcos, los periodistas Aroldo Marroquín y Esner Gómez, de Prensa Libre y Nuestro Diario, fueron retenidos y esposados por un lapso aproximado de 15 minutos por agentes de la PNC, bajo órdenes del subcomisario José Reginaldo de la Cruz García; los agentes arrebataron la cámara a Gómez y borraron fotos que había tomado de la detención de dos jóvenes; el jefe policial amenazó de muerte al corresponsal de Prensa Libre.
Ese mismo día, Lucrecia Mateo, corresponsal de Corporación de Noticias, fue agredida físicamente por pobladores cuando daba cobertura a una reunión sobre proyectos de hidroeléctrica en Huehuetenango, los inconformes irrumpieron en la reunión y golpearon a los presentes; la periodista intentó documentar los hechos pero le arrebataron la cámara, la tomaron del cabello, arrojándola al suelo y golpeándola.
En la misma fecha durante la elección de la reina indígena Umial Tinamit, en Quetzaltenango, reporteros de varios medios asistieron a dar cobertura al evento, sin embargo Juan Pablo Quixtán, presidente de la comisión de organización del certamen y concejal suplente de la Municipalidad, les negó el acceso a la actividad; Quixtán adujo que sus credenciales de prensa no les valían para entrar a la elección.
El 12 de septiembre, en Asunción Mita Jutiapa, personas impidieron a reporteros documentar la captura de supuestos miembros de una organización de narcotraficantes que operaba en la frontera con El Salvador.
El sábado 21 de septiembre desconocidos compraron la mayoría de ejemplares de Prensa Libre, en ciudad de Quetzaltenango, aparentemente con el fin de que la población no conociera una denuncia que seis personas interpusieron contra trabajadores de Banrural y de una constructora, por supuesta estafa.
El lunes 30 de septiembre, durante los disturbios ocasiones en Santa Cruz Barrillas, pobladores que tenían bloqueados varios acceso de la carretera impidieron al periodista Hugo Alvarado y al fotógrafo Érick Avila, de Prensa Libre, así como al reportero Keneth Monzón y al fotógrafo René Ruano, de Nuestro Diario, llegar al lugar de los incidentes.
Además los inconformes obligaron a borrar las fotos que momentos antes había captado Ruano y retuvieron a los cuatro miembros de la prensa.
