El Ministerio Público (MP) y jueces deben respetar la ley, de lo contrario cometen un delito de prevaricación que no tiene precedentes, ni siquiera bajo las dictaduras que en el pasado quisieron aplastar las libertades ciudadanas, señala la Asociación de Periodistas de Guatemala (APG) tras la decisión del juez Décimo Penal, Jimi Bremer, quien ha ordenado criminalizar a varios periodistas y columnistas del matutino el Periódico de Guatemala, por la cobertura del proceso que se sigue contra su presidente, José Rubén Zamora Marroquín.
La decisión del juzgador Bremer, emitida tras la petición de la fiscal Cinthya Monterroso, quien lleva el caso contra Zamora Marroquín, viola flagrantemente el artículo 35 de la Constitución Política de la República, que dice: «Es libre la emisión del pensamiento por cualquiera medio de difusión, sin censura ni licencia previa. Este derecho constitucional no podrá ser restringido por ley o disposición gubernamental alguna», explica la APG.
La APG rechaza así «el contubernio existente entre el Ministerio Público y algunos jueces, para desatar una persecución contra periodistas y columnistas de prensa»
Es de resaltar que el artículo 35 de la Ley Constitucional, establece que «no constituyen delito de calumnia o injuria los ataques a funcionarios o empleados públicos por actos puramente oficiales, en el ejercicio de sus cargos, aun cuando hayan cesado en dichos cargos al momento de hacérseles alguna imputación».
La APG considera que esta nueva acción del MP y algunos jueces se encuadra en la figura del «prevaricato», un delito que sanciona con prisión de dos a seis años a los responsables de emitir resoluciones contrarias a la ley.
La fiscal Cinthya Monterroso argumenta que Zamora Marroquín montó una campaña de desprestigio por medio de publicaciones en el Periódico y que para ello ha contado con la colaboración de otras personas.
La mencionada funcionaria pide que se investigue a Édgar Gutiérrez, Gerson Ortiz, Julia Corado, Gonzalo Marroquín Godoy, Christian Velix, Alexander Valdez, Ronny Ríos y Denis Aguilar, acusados de colaborar en el montaje de la campaña de desprestigio.
Este martes 28 de febrero de 2023, José Rubén Zamora Marroquín fue ligado a un segundo proceso penal bajo el argumento de obstrucción de la justicia y se encuentra detenido desde el 29 de julio de 2022, bajo acusaciones de lavado de dinero y chantaje en un primer caso presentado por la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI).
Esta acción no tiene precedentes, ni siquiera bajo las dictaduras que en el pasado quisieron aplastar las libertades ciudadanas, sostiene la APG, que ante esta situación convoca a todas las entidades de prensa del país a una reunión urgente para decidir acciones en defensa de la Libertad de Prensa y evitar así la criminalización de periodistas y columnistas de opinión; con el apoyo de nuestros colegas latinoamericanos y caribeños.
