Ileana Alamilla[1]
La Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Ginebra ha mostrado su preocupación por la suspensión del juicio por genocidio y crímenes de lesa humanidad que se sigue contra el exjefe de estado de Guatemala, Efraín Ríos Montt, y el exjefe de Inteligencia, José Mauricio Rodríguez Sánchez, a quienes se acusa de ser responsables de la matanza de 1771 indígenas ixiles de marzo de 1982 a agosto de 1983.
La Alta Comisionada indica que la suspensión es “un golpe en contra de numerosas víctimas de las atrocidades cometidas durante la guerra civil en Guatemala, que han esperado más de 30 años para obtener justicia y reparación”.
Expertos de las Naciones Unidas han instado a las autoridades guatemaltecas para que garanticen un juicio justo e independiente, acorde con las garantías del debido proceso y que se tomen las medidas necesarias para garantizar la imparcialidad y seguridad de jueces y funcionarios judiciales. Exhortan asimismo al Estado y a la sociedad guatemalteca a aprovechar el juicio como una importante oportunidad para reforzar el estado de derecho y continuar con la reconstrucción del tejido social a partir de una política comprensiva de justicia transicional, que incluya la verdad, las reparaciones, la justicia penal y las garantías de no repetición.
El grupo de trabajo sobre desapariciones forzadas o involuntarias recalcó el carácter de imprescriptibilidad de los crímenes de lesa humanidad. La relatora especial de la ONU sobre la situación de los defensores de derechos humanos, Margaret Sekaggya, resaltó la necesidad de garantizar la protección y seguridad física y psicológica de los operadores de justicia, víctimas, testigos y defensores de derechos humanos involucrados, para que puedan llevar adelante sus funciones sin miedo a intimidaciones o represalias.
Los expertos titulares de diferentes mandatos, entre ellos el relator especial de la ONU sobre la promoción de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición, expresaron que no existe reconciliación justa y duradera si no se satisface efectivamente la necesidad de justicia, tal como lo plantean las normas y estándares internacionales de derechos humanos.
La decisión de anular el juicio por genocidio debe ser revocada con urgencia o se corre el riesgo de fortalecer la impunidad y debilitar el estado de derecho en Guatemala, señala Amnistía Internacional, al considerar que este juicio representa una esperanza de justicia para las víctimas de crímenes contra la humanidad y las consecuencias de esta decisión pueden hacer retroceder el reloj a un momento en que la impunidad era la norma para este tipo de delitos.
Dejar sin efecto las declaraciones de testigos y obligarlos a revivir, una vez más su testimonio desgarrador es insensible y cruel.
Impunity Watch ha rechazado la anulación del proceso y señala que el caso seguido por el presunto genocidio ixil es una oportunidad histórica para el país, que ha permitido iniciar debates sociales sobre realidades muchas veces desconocidas por el gran público guatemalteco, poniendo rostro a hechos muy dolorosos que deben ser asimilados socialmente como un paso previo y necesario hacia una reconciliación nacional.
Se están revelando hechos trágicos desconocidos para la mayoría de la población. Editoriales, columnistas y personas en lo individual han expresado su opinión sobre este juicio. Es un derecho constitucional la libertad de emisión del pensamiento para todos y todas, pero corresponde a los tribunales juzgar y decidir.
- Ileana Alamilla, periodista guatemalteca, fallecida en enero de 2018.
