Greenpeace propone a los municipios españoles que se declaren insumisos en la aplicación de la Ley de Costas ya que supone una desprotección del litoral
Greenpeace ha presentado en rueda de prensa la decimotercera edición del informe Destrucción a toda costa 2013 en el que, por primera vez y mediante el uso de imágenes de satélite, se analiza la situación de los primeros 500 metros de costa, municipio por municipio. De entre los casi 500 municipios litorales del Estado, Greenpeace señala cuáles han sucumbido más a la burbuja inmobiliaria, pero también qué municipios tienen una costa más protegida.
Además el informe muestra las tendencias futuras de ocupación del suelo litoral para el año 2030 y expone cómo la costa mediterránea sufrirá un colapso total en 124 años si se sigue construyendo como hasta ahora. Greenpeace concluye que la ocupación de la primera línea de costa ha sido masiva y que este proceso se verá reforzado por la nueva Ley de Costas, que supone una nueva herramienta para seguir urbanizando el litoral.
«Los datos de nuestro informe muestran una costa inundada de ladrillo. Sirven para reflexionar sobre lo que ha sucedido y decidir qué tipo de gestión del litoral queremos en el futuro. Ahora, los alcaldes y alcaldesas tienen en su mano la protección del litoral y el desarrollo económico sostenible de sus municipios«, ha declarado María José Caballero, directora de Campañas de Greenpeace.
Los 25 municipios más destruidos de España
Greenpeace ha identificado los 25 municipios peores del Estado (1) a partir de distintas variables analizadas. Entre ellas, la mayor superficie absoluta artificial, la mayor superficie artificial en la franja de los primeros 500 metros respecto a la total del municipio, los municipios que más rápido han crecido y los que antes dejarían de tener suelo natural.
Calp (Alicante) Calvià (Mallorca) Chiclana de la Frontera (Cádiz) Cubelles (Barcelona) Cullera (Valencia) Los Alcázares (Región de Murcia) Marbella (Málaga) Mogán (Gran Canaria) Oliva (Valencia) Orpesa (Castellón) Pilar de la Horadada (Alicante) Puerto del Rosario (Fuerteventura) Rota (Cádiz) Sagunt (Valencia) San Roque (Cádiz) Sant Lluís (Menorca) Sanxenxo (Pontevedra) San Bartolomé de Tirajana (Gran Canaria) Sant Josep de sa Talaia (Ibiza) Telde (Gran Canaria) Torredembarra (Tarragona) Torrevieja (Alicante) Vera (Almería) Vinaròs (Castellón) Zierbena (Bizkaia)
De estos 25, Greenpeace ha destacado los diez peores. El «Top 10» de la destrucción son, por orden alfabético: Calp (Alicante), Calvià(Mallorca), Chiclana de la frontera (Cádiz), Cubelles (Barcelona), Oliva (Valencia), Orpesa (Castellón), San Bartolomé de Tirajana (Gran Canaria), Sant Josep de sa Talaia (Ibiza), Vera (Almería) y Zierbena (Bizkaia).
Desprotección por provincias y comunidades autónomas
Para entender la magnitud de la destrucción basta con señalar que la franja de los primeros 500 metros de costa representa tan solo 0,55% de la superficie de suelo del Estado. Con los datos del informe se denuncia que la tasa de destrucción de suelo natural en tan solo la franja de los primeros 500 metros de costas, entre 1987 y 2005, fue de dos hectáreas diarias. La Comunidad Valenciana tiene un 51% de la franja costera ocupada, seguida de Cataluña con el 44% y Andalucía (36%). Por otro lado, la que porcentualmente ocupa menos su costa es Asturias (9%), seguida de Cantabria (14%) y Euskadi (15%).
De entre las provincias que con más rapidez han destruido suelo costero durante los años de burbuja inmobiliaria han sido Castellón (un 74% de destrucción costera en 18 años), Valencia (71%) y Almería (39%). A escala municipal Alboraia (Valencia), Alcalà de Xivert (Castellón), El Poble Nou de Benitatxell (Alicante), Borriana (Castellón) y Casares (Málaga) serían los cinco municipios de España que más rápido han destruido su patrimonio natural. Por otro lado, si añadimos el valor del porcentaje de superficie construida: Marbella (Málaga) con el 90% de su costa urbanizada, Mijas (Málaga) con el 91%, Fuengirola (Málaga) con el 95% o Finestrat (Alicante) con el 100%, serían por tamaño de municipios los que más suelo artificial tienen en los primeros 500 metros.
La costa más protegida
Greenpeace señala positivamente municipios como Ispaster (Bizkaia), Caravia (Asturias), Albuñol (Granada) o Fuencaliente (La Palma) con apenas un 3,2% de ocupación en la franja de los 500 metros y que se encuentran entre los 155 municipios que han construido menos en su primera línea de costa. Frente a aquellos municipios que han destruido el litoral, otros han optado por proteger una parte importante de su costa. Níjar (Almería), Almonte (Huelva), Cadaqués (Girona), Sant Carles de la Ràpita (Tarragona) y Tarifa (Cádiz) son los cinco municipios con más porcentaje de suelo protegido. Sin embargo, muchos municipios, como Níjar o Tarifa, ven en la protección ambiental un escollo económico y promueven activamente la desclasificación de los espacios protegidos.
Cambio climático
La construcción de urbanizaciones e infraestructuras en la costa aumenta exponencialmente el riesgo por efecto del cambio climático y mayor exposición a inundaciones o a torrentes. La conservación del estado natural de la franja de los primeros 500 metros es esencial, ya que actúa como barrera de protección. Municipios con especial riesgo de inundación como Isla Cristina (Huelva), Pedregalejo (Málaga), Empuriabrava(Girona) o Marina de Port d?Aro (Girona) han quedado amnistiados y fuera de protección ante estos factores gracias a la nueva Ley de Costas.
Previsiones para 2030
Aunque muchos municipios ya tienen urbanizado más del 90% de su costa, otros todavía disponen de buena parte sin urbanizar. La nueva Ley de Costas permite que se reduzca la protección de 100 a 20 metros en determinados tramos, lo que significa que si se sigue construyendo en estas zonas, la costa mediterránea sufrirá un colapso total en 124 años. En este periodo de tiempo, la franja de los primeros 500 metros estaría construida y en 158 años la del primer kilómetro.
«A pesar del parón absoluto de la construcción a partir de 2008, la principal amenaza actual es la cantidad de suelo declarada como urbanizable aunque no urbanizada o los nuevos impulsos del sector turístico residencial. Además, con la excusa de la crisis económica y debido a los recortes, existe el riesgo de que cualquier proyecto de construcción pueda ser aprobado por unos controles más laxos o inexistentes. Ya lo hemos visto con la nueva Ley de Costas«, ha declarado Pilar Marcos, responsable de la campaña de Costas.
La nueva Ley de Costas, lejos de fortalecer la protección del litoral, permite nuevas formas de explotación. La costa, que en la anterior ley se contemplaba como un recurso natural finito, se transforma en este nuevo texto en una superficie de desarrollo económico. Sin embargo, todavía existe una oportunidad si se empiezan a tomar medidas municipio por municipio.
Greenpeace propone las siguientes medidas: los municipios deben declararse insumisos en la aplicación de la nueva Ley de Costas y la UE debe parar esta nueva Ley; los planes urbanísticos municipales deben ser revisados para no permitir más construcciones; los parques naturales deben ser respetados; no de debe construir en zonas de riesgo por cambio climático y además se debe promover una fiscalidad verde para favorecer a los municipios mejor conservados. La participación ambiental debe ser fundamental en todos estos procesos.
Nota
(1) Una breve explicación de las causas y el desarrollo urbanístico e industrial de estos municipios se puede encontrar en este documento.
