Ileana Alamilla[1]
En el marco del Día Nacional del Periodista, Cerigua presentó una investigación sobre la situación de la prensa, estudio que tradicionalmente ha compartido en estas fechas, como un aporte para medir el grado de libertad de expresión y de prensa que existe en Guatemala, documento que es utilizado por entidades nacionales e internacionales para sus informes regionales.
En esta ocasión, introdujimos aspectos novedosos, entre ellos, la revelación de parte de los periodistas de los departamentos sobre cuáles son los momentos más críticos en las coberturas informativas, el acoso contra mujeres periodistas, algunos de los principales responsables de las agresiones y, en general, la percepción de la seguridad en las localidades del interior del país.
Allanarse a la censura y practicar la autocensura fueron confirmadas por los comunicadores del área rural como unas de las principales formas de resguardar su seguridad y su vida ante el gran poder que mantiene el crimen organizado, la narcoactividad y políticos locales, principales depredadores de la libertad de prensa. Las compañías de cable local y los propietarios de los canales de televisión en esos territorios son otros de los señalados como censores de la prensa.
Sin embargo, en ocasiones, las formas para hostigar a la prensa van más allá, al extremo de golpear, intimidar y amenazar de muerte a los reporteros. En estos actos no incurren únicamente funcionarios locales de alto nivel, sino también jefes de dependencias y empleados públicos.
Autoridades de distinto nivel del Estado y elementos de las fuerzas de seguridad son los principales acusados de atacar a la prensa departamental. Los policías, en numerosas ocasiones han sido señalados de limitarles su trabajo con intimidaciones, agresiones físicas, amenazas y la destrucción o confiscación de equipo de grabación.
En este análisis se dan a conocer preocupantes casos de amenazas de muerte y violencia física en contra de periodistas, reporteros y comunicadores sociales. En dos de éstos, los responsables serían miembros de pandillas. Así mismo, se reporta en el análisis que de enero a octubre de 2017 dos periodistas fueron asesinados y hubo un intento de asesinato.
Las modalidades que hemos reportado hace algunos años, en informes anteriores, se han intensificado por otras vías, como campañas de difamación contra la prensa, ataques que son protegidos por el anonimato, especialmente en redes sociales, con perfiles falsos.
Se mantiene asimismo el deterioro de la confianza hacia la Policía Nacional Civil, el Ministerio Público y el Organismo Judicial, entes fundamentales en la prevención, defensa, investigación y juicio a los responsables. Esto explica el sub registro de casos que argumenta en esta ocasión el estudio, pues los periodistas no presentan denuncias o no las ratifican, lo que no contribuye al rompimiento del círculo de la impunidad que tanto hemos criticado.
Incursionamos en el ámbito de trabajo de los Agentes Fiscales de la Unidad de delitos contra Periodistas. Ellos revelaron algunos obstáculos y avances en el desarrollo de las investigaciones, lo cual hicieron con mucha transparencia.
Una de las principales problemáticas en las investigaciones de atentados en contra de la vida de periodistas es perfilar al responsable intelectual, debido a que no existe una comunicación directa entre autor material e intelectual en un solo grado, sino que están involucrados varios intermediarios.
Uno de los patrones identificados en los ataques en contra de la vida de periodistas es que estos crímenes son ejecutados por personas dedicadas al sicariato, utilizando armas de fuego. En Guatemala, contratar sicarios es una modalidad frecuente para acabar con la vida de una persona.
En la informe presentado se señalan algunas debilidades en la investigación judicial, entre ellas la falta de colaboración de las víctimas, los informes de otras entidades que son incompletos o tardíos, la falta de logística adecuada y los escenarios peligrosos en donde trabajan los comunicadores. Entre los avances destacaron seis sentencias condenatorias. Se dictaron tres más, absolutorias.
La investigación incluye dos anexos, una cronología del largo proceso de gestión para que el gobierno cumpla con los compromisos nacionales e internacionales asumidos desde el 2012 en relación con adoptar e impulsar un Programa de Protección a Periodistas y una selección de Declaraciones de la ONU y de la OEA sobre seguridad para los periodistas.
El gobierno de Guatemala está en deuda con el gremio periodístico, pero no transigiremos en nuestros esfuerzos por lograr dicho mecanismo de protección que contribuya a la prevención y a resguardar la vida de nuestros colegas.
- Ileana Alamilla, periodista guatemalteca, fallecida en enero de 2018.
