Los abogados y activistas por la democracia en Cuba Veizant Boloy González y Raúl Risco Pérez instan a la comunidad internacional a que exijan al Gobierno de Raúl Castro la ratificación e implementación de los pactos de derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales suscritos en 2008 por el Canciller de Exteriores, Felipe Pérez Roque, informa Carmen Chamorro.
A su juicio, esta ratificación supondría un viraje en el sistema legal de la Constitución de Cuba, o lo que es lo mismo, la modificación del marco jurídico interno.
Los abogados cubanos hicieron escala en Madrid, camino de Bruselas, con la misión de exigir al Parlamento Europeo que los protocolos sean ratificados, teniendo en cuenta que la Posición Común de la UE en sus relaciones con con Cuba es una premisa de mejora, respeto y garantías en la Isla para que sea levantada.
Lo que se quiere es que los derechos humanos de los cubanos pasen a ser elementos vinculantes a cualquier relación económica, porque nadie pretende obstaculizar el buen funcionamiento del flujo empresarial entre países.
“El país que negocia con Cuba, cuando no respeta los derechos humanos, está minusvalorando la existencia de la sociedad civil y preponderando el ejercicio del poder desde el Gobierno que no los cumple”, declaró Ernesto Gutiérrez-Tamargo, doctor en Derecho y presidente de la Asociación Cubano Española de Derechos (ACED).
En 2008, Pérez Roque concretó sobre la aplicación de algunos postulados de los instrumentos internacionales que ratificaba, que Cuba mantendría las reservas interpretativas que considere pertinentes: “no hay voluntad real de parte de las autoridades cubanas y por eso hay que reclamar los derechos conculcados para que no se dejen de lado”, sostiene Gutiérrez Tamargo.
Los defensores de derechos humanos en Cuba tienen que hacer frente a grupos políticos en el Parlamento Europeo que «no desean exigir la citada ratificación y se mantienen en la presunción de que los Castro serán tolerantes con requisitos no recogidos en la implementación de los pactos», agregó.
Para Veinzant Boloy, la ratificación traería consigo, dentro del Derecho Internacional, una reforma constitucional que permita al ciudadano que se empodere y exija cambios al gobierno. Normas, en definitiva, que garanticen el ejercicio pleno y real de los derechos humanos: “sabemos de antemano que la cesión política es tarea difícil e imposible para los Castro”.
Según, Raúl Risco Pérez, no basta con la intención, se necesita la ratificación. La Habana se caracteriza por la habilidad de firmar pactos y convenios internacionales y nunca ratificarlos: “sin presión internacional, para que la UE ponga sobre la mesa de negociación estos puntos, no se puede hacer nada, porque la Constitución cubana es una auténtica estafa”.
Ernesto Gutiérrez Tamargo mantuvo que la política del actual gobierno español de cara a Cuba es dúctil y maleable: «se supone que gracias a la herencia política ideológica natural de Aznar, debiera haber una coherencia en torno a la estructura de la Posición Común. La jefatura del estado español es flexible y tolerable en esta materia, pudiendo ser piedra de tropiezo en la eliminación de la Posición».
Agregó que “se tapa ojos, oídos y boca porque es el segundo socio mercantil de la Habana y se siente atado en política exterior”, cuando España «debería ser motor de requisitos dentro del Comité de las Regiones del partido popular europeo, baluarte de la defensa de los derechos humanos en Cuba”.
Recientemente el Dr. Arnaldo M. Fernández Díaz, elaboró un instrumento jurídico en concordancia con la legislación actual en Cuba para la presentación de una queja ciudadana al MINREX y consejo de gobierno cubano para que, en el término legal de 60 días hábiles, el gobierno conteste a la petición de ratificar los pactos de derechos humanos que Cuba firmó en el 2008.
El Dr. Antonio González- Rodiles, en nombre propio y representado el proyecto Por Otra Cuba, quienes ya habían presentado un pedimiento similar a la Asamblea Nacional del Poder Popular en el 2012, formalizó su queja-petición en el MINREX y el Consejo de Gobierno el pasado 19 del presente mes de Mayo.
En tanto el instrumento de queja-petición, obliga una respuesta del gobierno en concordancia al artículo 63 de la Constitución y al artículo 52 r del Decreto Ley 76/1983; es imperativo que cada ciudadano cubano interesado en el tema, procure la formulación de su propia queja.
Santiago A. Alpizar Esq.
Post Data: Ortografia en castellano no disponible. Para descargar e imprimir queja e instrucciones de formalización o envío por correo, visite campaña Por Otra Cuba en http://www.porotracuba.org, o envíe un email a [email protected]