María Ángela Deras esperaba en la sala de una organización de derechos humanos a un abogado que le ayudaría a interponer un recurso legal, para lograr la liberación de su esposo apresado dentro de la política gubernamental de detenciones masivas en El Salvador, informa Edgardo Ayala (IPS) desde San Salvador.
Deras va a presentar ante la justicia salvadoreña un habeas corpus, un procedimiento jurídico común en las legislaciones del mundo, utilizado para averiguar el paradero de alguien del que no se sabe nada tras ser detenido por agentes del Estado, así como su presentación física ante un juez para que determine la legalidad del arresto.
Y en caso de no serlo, esa persona debería ser puesta en libertad de inmediato.
Un año sin saber de su esposo
Esa es la esperanza de Deras: ver en libertad a su esposo, Esteban Salvador Flores, de 38 años, capturado el 7 de mayo de 2022, en el caserío San Francisco de Asís, en el municipio de Tejutla, del departamento de Chalatenango, en el centro de El Salvador.
Flores estaba cortando aguacates en el huerto de una vecina, cuando llegaron los policías y le ordenaron que se bajara del árbol. Y sin explicar mucho se lo llevaron, contó Deras a IPS.
Lo acusan de agrupaciones ilícitas, es decir, de pertenecer a pandillas.
«Mi esposo no es pandillero, yo nunca lo vi en agrupaciones de nada», dijo, mientras esperaba su turno para ver al abogado de la Asociación de Derechos Humanos Tutela Legal María Julia Hernández, en San Salvador.
Como ella, cientos de personas en El Salvador están recurriendo a organizaciones como esa para iniciar procesos de habeas corpus, en favor de sus familiares capturados en el marco del régimen de excepción, que suspendió varias garantías constitucionales para combatir el crimen.
Esa estrategia, que sigue vigente, fue impulsada desde el 27 de marzo de 2022 por el presidente Nayib Bukele para descabezar a las temidas pandillas. Desde esa fecha unas 68.000 personas han sido arrestadas, acusadas de ser miembros de esas bandas criminales.
El plan ha tenido éxito, pues se logró desarticular a esos grupos, y Bukele se ha ganado el apoyo de la población, que siempre ha sido alto y está ahora en 85 por ciento, según varios sondeos de opinión.
Sin embargo, un importante porcentaje de los detenidos, cuya cifra se desconoce, ha sido encarcelado arbitrariamente, a juzgar por varios reportes de organizaciones de derechos humanos que han investigado esos hechos.
Además de la arbitrariedad de esas detenciones, los familiares de los arrestados no reciben información sobre ellos, desconocen en qué cárcel se encuentran y con frecuencia ni los abogados defensores tienen permitido verlos.
«Tengo más de un año de no ver a mi esposo, ni saber nada de él», añadió Deras, con la voz entrecortada.
Zancadillas políticas
Aún está por verse si el sistema judicial admite el recurso de Deras, de 48 años, y otros tantos.
Porque más bien hay una tendencia a retrasarlos o denegarlos, en medio de cuestionamientos de que eso obedece a un interés político del sistema judicial, controlado en buena medida por Bukele.
En mayo de 2021, el partido del presidente, «Nuevas Ideas», se hizo con el control de la unicameral Asamblea Legislativa, al garantizarse 56 de los 84 diputados.
Sin el debido proceso, la Asamblea removió a los cinco jueces que componían la Sala de lo Constitucional, y los diputados oficialistas de inmediato los reemplazaron por jueces aliados del presidente.
La Sala Constitucional, adscrita a la Corte Suprema de Justicia, es a la que van dirigidos la mayor parte de habeas corpus.
«La Sala simplemente se hace la del ojo pacho (ignora), no da respuestas», señaló a IPS el abogado Pedro Martínez, quien va a llevar el caso de Deras.
Antes del régimen de excepción, la cifra de habeas corpus rondaba los ochocientos casos al año, pero en 2022, en el marco de la llamada guerra contra las pandillas, la cifra alcanzó los tres mil, explicó Martínez.
La mayoría de esas solicitudes de habeas corpus no han sido resueltas, pese a que se trata de un recurso de trato perentorio.
Un informe de la organización Asesoría Legal Anticorrupción (Alac), reportó que de las 4012 solicitudes de habeas corpus recibidas entre marzo de 2022 y enero de 2023, solo se han resuelto 22 por ciento.
La mayor parte de esas solicitudes (3369) fueron hechas a la Sala Constitucional, que no ha resuelto ninguna, al menos en ese periodo. Otros tribunales del sistema, quizá aún con un poco de más independencia, sí han procesado algunos casos.
Martínez subrayó que los habeas corpus, creados en el siglo trece en Inglaterra, tienen precisamente el objetivo de determinar el paradero de una persona que ha sido detenida y cuyos familiares no saben dónde se encuentra, obligando a la «presentación del cuerpo» de esa persona ante el juez.
El abogado acotó que el sistema interamericano de justicia ha determinado que si alguien ha sido capturado por el Estado y los familiares no lo han visto por quince días, se considera que hay una desaparición forzada.
La respuesta de la Justicia salvadoreña debe darse dentro de los quince días siguientes de iniciado el trámite.
No obstante, es un hecho que históricamente en este país procesar ese tipo de recursos legales siempre ha arrastrado retrasos.
Pero ahora, con el control que Bukele ejerce sobre parte del sistema judicial, es muy probable que la razón tenga también un componente político.
Martínez agregó que los jueces de la Sala Constitucional, al desestimar o devolver con observaciones las peticiones de habeas corpus, suelen recurrir a justificaciones sin fundamento, que no son parte del procedimiento normal.
La organización de derechos humanos Cristosal presentó el 29 de mayo el informe «Un año bajo el régimen de excepción», que recogió 3403 casos de personas cuyos derechos fueron vulnerados en un año de régimen de excepción, sobre todo en lo relativo a detenciones arbitrarias.
Además, el reporte sostuvo que en ese periodo fallecieron 153 personas dentro de las cárceles, de esas, veintinueve presentaban signos de muerte violenta.
Entre la esperanza y la incertidumbre
Deras no ha perdido la esperanza de ver a su esposo con vida y en libertad.
Como respaldo al habeas corpus, posee cartas de personas que dicen que lo conocen, escrituras de alguna propiedad de él, referencias que prueban que él sufre de insuficiencia renal, así como escritos que demuestran que no tiene antecedentes penales y otros.
«Ojalá las autoridades puedan ver esta documentación y lo dejen ir, no importa que salga con heridas», dijo Deras.
Narró que los policías mintieron a la hora de inculpar a su pareja.
Sostuvo que en 2008, un hermano de Flores lo denunció por violación de una familiar, y por eso estuvo detenido cuatro meses en una celda policial, aguardando una primera audiencia judicial.
Luego salió libre porque la denuncia fue infundada.
Ese informe policial fue alterado, agregó, y los policías reportaron que él tenía antecedentes penales por «pandillero», lo cual era falso.
Muchas detenciones suceden a partir de llamadas anónimas, y los policías no confirman si la denuncia tiene fundamento o no, simplemente llegan a capturar.
Eso le pasó a una maestra capturada el 24 de abril de 2022, en uno de los asentamiento rurales del Bajo Lempa, una zona cercana a la desembocadura del río homónimo en el océano pacífico, en el departamento de Usulután, centro de El Salvador.
«Llegaron a las once de la noche, ya estábamos acostados, los policías llegaron con los rostros cubiertos y dijeron que había una denuncia anónima contra ella», contó a IPS su esposo, quien pidió reserva de su nombre y el de su pareja.
Dijo que ella es maestra, dedicada a su profesión y a participar de actividades comunitarias, como ferias de intercambio de semillas criollas y de productos locales. «Es conocida como una persona de bien», remarcó.
La acusaron también de agrupaciones ilícitas, y en la primera audiencia, el 7 de mayo de 2022, el juez decretó detención provisional por seis meses, periodo que suele alargarse, como ha sido su caso.
«Desde entonces no la veo, hace más de un año», acotó, con lágrimas en los ojos.
Agregó que ha contratado a un abogado privado, para intentar liberarla.
En esa región del Bajo Lempa, donde la criminalidad ha sido casi inexistente desde hace varios años, los policías y soldados han capturado a unas 250 personas, acusadas de pertenecer a pandillas.
En la mitad de esos casos los familiares interpusieron procesos de habeas corpus, pero unos ya fueron denegados y otros están en espera de respuesta.
