La tortura en México es una constante

En mayo de 2014, Amnistía Internacional lanzó una campaña global para pedir la erradicación de la tortura y otros malos tratos. México fue elegido como uno de los cinco países en los que se centraría esta campaña y, después de casi dos años, los principales motivos de preocupación aún perduran: la tortura y los malos tratos son una violación persistente de derechos humanos y los agentes estatales encargados de hacer cumplir la ley y mantener la seguridad los utilizan de forma habitual para extraer “confesiones”, fabricar cargos y causar sufrimiento a ciudadanos y ciudadanas.

Lo hemos podido constatar, una vez más, a través de las redes sociales, mediante la reciente difusión de un video que muestra a integrantes de las fuerzas armadas y policía federal medio asfixiando y amenazando a una mujer, a quién, además, amenazan con utilizar otras técnicas de tortura si no les responde a lo que le preguntan: quién es una mujer llamada “María” a quien ella, entre lágrimas, dice no conocer.

Esto sucedió el 4 de febrero de 2015 en el municipio de Ajuchitlán del Progreso, en el Estado de Guerrero, y han sido reconocido ahora por la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) a través de un comunicado oficial, donde revela que tuvo conocimiento de los hechos el 10 de diciembre del mismo año. Este organismo asegura que comenzaron a investigarlo “inmediatamente” y, como consecuencia, en enero de este año 216 se dictó auto de prisión para un capitán y una mujer soldado (a quienes se ve en el video) como presuntos responsables del delito de desobediencia, quienes se encuentran en prisión militar.

La actuación de las fuerzas de seguridad en el video muestra cómo la tortura se usa para obtener «confesiones» y testimonios que sirven de prueba para enjuiciar a personas que podrían estar o no implicadas en un delito.

Este episodio ha dado pie a Amnistía Internacional para constatar que “la reforma del fuero militar parece no haber tenido consecuencias en la forma de proceder de la Sedena”, ya que ante la posible participación de miembros de las fuerzas armadas en violaciones a los derechos humanos, en el momento de tener conocimiento de los hechos debe trasladar el caso, inmediatamente, a la Procuraduría General de la República. En esta ocasión se ha comprobado que no lo hace.

“Es urgente poner fin al papel de las Fuerzas Armadas en el desempeño de funciones policiales —que incluye detenciones, investigaciones e interrogatorios— para las que carecen de adiestramiento o de las que no rinden cuentas”, afirmó Perseo Quiroz Rendón, director ejecutivo de Amnistía Internacional México.

Actualmente, el Senado mexicano está debatiendo un proyecto de Ley para prevenir, investigar y sancionar la tortura y otros malos tratos, la cual podría ser un primer paso para revertir la situación de impunidad.

No obstante, para ser efectivo, el proyecto de ley debe ser reforzado, con el fin de garantizar que todo superior jerárquico, o persona con responsabilidad en la cadena de mando, ponga en conocimiento de las autoridades competentes cualquier asunto que implique tortura para los detenidos para que sea investigado y, en su caso, enjuiciado.

Enlaces:

Informe completo de AI sobre tortura en México