De manera muy discreta y temerosa, los diputados aprobaron en primera lectura, por iniciativa del partido UNE, la Ley de Desarrollo Rural Integral de Guatemala que, nada más mencionarla, levanta anticuerpos, suelta demonios y fantasmas y recibe el rechazo unánime de quienes consideran que el área rural no necesita de leyes ni de ese desarrollo contenido en la ley, sino que debe esperar que el crecimiento económico lo provoque.
Algunos de los argumentos para descalificarla es que trae aparejada la temida reforma agraria, acusación desmentida por quienes exigen su aprobación, pues en la normativa solo se contempla la democratización de la tierra en el marco constitucional vigente.
Sin embargo, tal como está, tiene algunas inconstitucionalidades, tales como sustituir competencias que corresponden al Consejo Nacional de Desarrollo Urbano y Rural (Conadur), o la atribución del órgano mandatado para formular la política económica. Sin embargo, estos y algunos otros cambios pueden hacerse en una tercera lectura de la iniciativa de ley.
La Red de Gerentes de Mancomunidades y Territorios de la Política Nacional de Desarrollo Rural Integral, representantes, según dicen, del 38 % de los municipios del país, organizados en mancomunidades y otras expresiones territoriales, dieron a conocer que ellos ya están impulsando en sus territorios el contenido de dicha ley, que es la Política Nacional de Desarrollo Rural Integral (PNDRI) y han comprobado la pertinencia de la misma para enfrentar los graves problemas estructurales que afectan a la mayoría de la población rural, por lo que ven urgente que la política se convierta en ley para garantizar que tenga continuidad y se adopte como una política de Estado.
Al mismo tiempo, representantes del territorio del sur de Petén, organizados en distintos espacios, y las corporaciones municipales recién electas valoraron los esfuerzos por institucionalizar la Política y los procesos por impulsarla desde un plan concreto. Dicen que tomaron la decisión de implementar esta iniciativa desde los gobiernos locales, la sociedad civil, las comunidades indígenas y las instituciones gubernamentales, como un esfuerzo multisectorial de construcción conjunta del desarrollo de los territorios rurales.
Dirigentes del Comité de Unidad Campesina también la respaldan y sostienen que quienes solo ven el crecimiento económico, atraer inversión extranjera y ceder los territorios a las empresas o priorizar los tratados comerciales, tienen una visión del desarrollo basada en la acumulación de la riqueza, mientras que para ellos es urgente resolver el hambre en el campo, tener un empleo y una vivienda digna.
La iniciativa de ley 4084 es producto de los acuerdos de paz y de un largo proceso de construcción participativa que tardó más de siete años, en el que estuvieron involucradas organizaciones campesinas, indígenas, comunitarias iglesias, entidades académicas, que ven en esa normativa una oportunidad de responder a las aspiraciones, necesidades y luchas de los pobres y excluidos, según palabras de los que respaldan y demandan la aprobación de la Ley 4084.
Todos estos actores que viven y trabajan en los territorios rurales urgen al Congreso la aprobación de la iniciativa como una muestra para saldar una deuda histórica con los excluidos y los alimentadores del país.
Veremos si los diputados están conscientes de la realidad del país, si son consecuentes con los discursos en donde expresan apoyo a los desposeídos o si solo fue un amago con un trasfondo inconfesable.
