La deforestación amazónica en Brasil cayó 22,3 por ciento en el período de agosto de 2022 a julio de 2023, en comparación con los doce meses anteriores, lo que demuestra que la política, con sus estímulos y frenos, es decisiva en esa neurálgica cuestión, informa Mario Osava (IPS) desde Río de Janeiro.
El nuevo gobierno del presidente Luiz Inácio Lula da Silva, investido el 1 de enero 2023, no tuvo tiempo de recuperar el sistema de inspección ambiental desmantelado por su antecesor, Jair Bolsonaro, quien negaba la deforestación y el cambio climático, como suelen hacer los políticos de extrema derecha.
Durante el gobierno de Bolsonaro (2019-2022), la Amazonia sufrió una creciente deforestación anual de más de diez mil kilómetros cuadrados, que alcanzó su máximo nivel en 2021, con 13.038 kilómetros cuadrados y bajó a 11.594 kilómetros cuadrados el año pasado.
Hubo picos en la historia de la batalla por los bosques amazónicos brasileños. En 1988 la serie sobre la destrucción de la selva amazónica comenzó alarmante, con 21.050 kilómetros cuadrados.
Aún tenía lugar el auge de la invasión promovida por la dictadura militar (1964-1985), bajo el lema de «tierra sin gente para la gente sin tierra», inspirado en la creación de Israel en los años cuarenta: una tierra sin pueblo para un pueblo sin tierra.
Era usual, en el periodo más seco del año, en general de julio a septiembre, la imagen repetida de ciudades cubiertas de humo y aeropuertos vedados por la nula visibilidad. Talar y quemar era la consigna, incluso como condición para la tenencia de las tierras antes públicas.
El humo volvió a nublar en las últimas semanas a Manaus, capital del estado de Amazonas, cercada de incendios favorecidos por la fuerte sequía que afecta casi toda la Amazonia brasileña en los últimos meses.
Altibajos de la deforestación
El Prodes, sigla por el cual se conoce el Proyecto de Monitoreo de la Deforestación en la Amazonia Legal por Satélite, determinó el jueves 9 de noviembre 2023 que hubo 9001 kilómetros cuadrados de pérdida forestal en el año 2022-2023. Es el dato oficial del tema desde 1988, a cargo del estatal Instituto Nacional de Investigaciones Espaciales (Inpe) que ejecuta el Prodes.
Su serie histórica muestra altibajos en la deforestación identificada, con ciclos de reducción e auge. En 1995 se produjo el récord de 29.095 kilómetros cuadrados y en el comienzo de este siglo hubo un brote de talas y quemadas que tuvieron su clímax en 2004, con 27.772 kilómetros cuadrados.
Un programa de combate la deforestación, impulsada por la entonces y actual ministra de Medio Ambiente y Cambio Climático, Marina Silva, ya bajo la anterior presidencia de Lula (2003-2010), logró bajar el área deforestada en la Amazonia Legal, constituida de ocho estados y parte de un noveno, el Maranhão, a 4571 kilómetros cuadrados en 2012, una reducción de 83,5 por ciento en ocho años.
Pero desde entonces la deforestación medida por el Prodes creció gradualmente y se intensificó durante el gobierno de Bolsonaro, que estimulaba la expansión agrícola en la región amazónica, la minería incluso en territorios indígenas reservados y el desmonte de las instituciones de comando y control ambiental.
Lula más ambientalista
Lula adoptó desde enero una política opuesta, de preservación de la Amazonia y el medioambiente en general, un vuelco en relación a Bolsonaro e incluso en relación a su propio gobierno de 2003 a 2010.
Para confirmarlo, renombró Marina Silva como ministra, quien había renunciado en 2008, después de cinco años como parte del gobierno de Lula, por discrepar de sus grandes proyectos de infraestructura, especialmente la construcción de la central hidroeléctrica de Belo Monte, en el río Xingu, en la Amazonia oriental.
Fue una especie de reconciliación y el reconocimiento del desastre ambiental, social e incluso energético que es Belo Monte. Pero algunas discrepancias permanecen, por ejemplo la exploración petrolera en la cuenca da la desembocadura del río Amazonas, defendida por Lula y rechazada por Silva y los ambientalistas en general.
De todos modos, el ambiente político favorable a las cuestiones ambientales, generada por la nueva elección de Lula, fue suficiente para estancar y invertir la tendencia de destrucción de la Amazonia en un momento crítico.
Los expertos estiman que la deforestación amazónica se acercó mucho al «punto de no retorno», en que los bosques pierden la capacidad de regeneración y la extinción de los bosques se hace irreversible. Se estima que ese punto se ubica entre veinte y veinticinco por ciento de área deforestada.
Algunos investigadores creen que cerca de diecisiete o dieciocho por ciento ya perdió su cobertura boscosa, pero hay otra gran parte de bosques degradados de inciertas consecuencias.
Además la Amazona vive actualmente una sequía excepcional que convirtió grandes ríos, cuya anchura puede alcanzar algunos kilómetros, en extensas playas o tierra seca. Las aguas escurren en cauces que quedan hoy a centenares de metros de la orilla original.
La sequía actual es agravada por el fenómeno el Niño Oscilación del Sur, el calentamiento de las aguas del océano Pacífico. Pero también se volvió repetitiva a cada cinco años, más o menos, en lo que va del siglo.
No se sabe aún el efecto sinérgico de la deforestación, los incendios forestales y las sequías cada vez más graves en la región. Puede, por ejemplo, adelantar el temido punto de no retorno. Las sequías favorecen la deforestación y los incendios de los bosques.
Deforestación menos lucrativa
El cambio político es decisivo no solo por generar expectativas de represión a los delitos ambientales, que ya aparece como acción concreta en el combate a la minería informal, en Brasil conocida como «garimpo».
Escenas de embarcaciones, dragas y otras máquinas destruidas e incendiadas por la policía ambiental se hicieron usuales desde el inicio del gobierno de Lula. El «garimpo» se volvió un blanco prioritario, después que estalló el escándalo de la matanza de indígenas del pueblo yanomami, en el extremo norte de Brasil, frontera con Venezuela.
La repercusión de la ofensiva policial contra los mineros seguramente operó como control de los deforestadores.
La reducción de las pérdidas forestales fue posiblemente mayor en este año que lo indicado por el dato del Prodes. Es que el año forestal sumó un semestre de cada gobierno, al empezar en agosto de 2022, cuando la destrucción se acentuó por los estímulos de Bolsonaro y su ministro del Medio Ambiente, Ricardo Salles.
También interviene un cambio de políticas en relación a la tenencia de las tierras. Es la especulación inmobiliaria el gran motor de la deforestación, y eso perdió fuerza en un gobierno que discrepa de la agricultura latifundista y prioriza los pequeños agricultores familiares.
Los estudios apuntan que casi toda el área recientemente deforestada se destinó a la ganadería, pero la producción no es la prioridad de los que se dedican a la deforestación, bajo riesgo de puniciones judiciales. La tenencia de la tierra ofrece ganancias mejores, más rápidas y con menor esfuerzo.
Los territorios indígenas y los protegidos como unidades de conservación son blancos menos codiciados, y menos deforestados, porque no permiten la legalización o monetización de su posesión. El interés está en los 143 millones de hectáreas, o veintinueve por ciento de la Amazonia brasileña, de tierras públicas aún sin destino.
Con el gobierno del izquierdista Partido de los Trabajadores (PT, del que Lula es el fundador y líder histórico) rebaja las expectativas de que invadir y deforestar tierras amazónicas se convierta en predios de algún valor de venta.
