El futuro político de Nueva Caledonia, un territorio francés en el sur del océano Pacífico y donde viven unas 273.000 personas, es una gran interrogante a medida que se acerca el referendo por su independencia, previsto para 2018, informa Catherine Wilson[1] (IPS) desde Camberra (Australia).
Tampoco se sabe bien cómo actuará el nuevo gobierno francés del presidente Emmanuel Macron frente al difícil proceso que se viene.
Los deseos de independencia de Nueva Caledonia comenzaron en la década de los años 80, cuando varios disturbios violentos reflejaron el creciente malestar del pueblo kanak y su reclamo de un cambio político. Este pueblo indígena representa 40 por ciento de la población del territorio, reincorporado a la Lista de Descolonización de la Organización de las Naciones Unidas en 1986.
El secretario de Asuntos Exteriores del Frente de Liberación Nacional Socialista y Kanak (FLNKS), Michael Forrest, dijo en una entrevista a la Asociación de Noticias de las Islas del Pacífico (PINA) que su pueblo quería «ser libre e integrarse al entorno político, social y económico del Pacífico».
Por su parte, el profesor adjunto de la francesa Universidad Sorbona París IV, Paul Soyez, comentó: «Será un asunto muy complejo de atender, pero creo que Macron respetará el resultado del referendo, cualquiera este sea».
Macron, especialista en inversiones y ministro de Economía en el gobierno socialista de su antecesor, François Hollande, obtuvo el apoyo popular para su movimiento independiente de centro «En Marche!» (en marcha) apelando a la recuperación nacional mediante reformas económicas, crecimiento y unidad social, así como un fortalecimiento de la Unión Europea.
«Macron mantendrá el enfoque conciliador del Estado francés con respecto al referendo, como tradicionalmente lo han hecho los dirigentes de izquierda desde 1988», opinó Soyez, también investigador de relaciones internacionales de la australiana Universidad de Melbourne.
«Su objetivo será garantizar un referendo en calma por el bien de Nueva Caledonia y por el suyo propio. Creo que su método podría evitar tensiones violentas el año próximo en ese país», explicó.
Pero el futuro político de Nueva Caledonia no fue tema de campaña, pues otros asuntos más acuciantes, como el desempleo, el terrorismo y la inmigración, ocuparon la agenda y los discursos de los candidatos.
Durante la campaña, ninguno de los aspirantes a la Presidencia se trasladó hasta ese territorio insular, donde la abstención llegó al 51 por ciento de los habilitados. Sin embargo, en la segunda vuelta electoral, Macron obtuvo una ligera mayoría de 52,57 por ciento, contra 47,43 por ciento de Le Pen.
En Wallis y Futuna y en la Polinesia Francesa, 80 por ciento y 58 por ciento, respectivamente, optaron por Macron, poniéndolo al frente de las elecciones en los territorios de Francia en el océano Pacífico.
Los dirigentes franceses de todo el espectro político, incluido el socialista Francois Hollande, el centroderechista François Fillon y la de extrema derecha Le Pen, expresaron públicamente que, si bien respetan el referendo, prefieren que Nueva Caledonia siga formando parte de Francia.
Menos de uno por ciento de la población francesa vive en los territorios del Pacífico, pero la renuencia del Estado a romper los vínculos con sus territorios de ultramar tiene que ver con cuestiones ideológicas y estratégicas, explicó Soyez.
«Primero, Francia constituye una república ‘indivisible’. Por lo tanto, mientras la mayoría de la población quiera seguir siendo francesa, Francia tiene el deber de mantener su soberanía. Eso es extremadamente importante para la psiquis francesa», puntualizó.
Además, «los territorios de ultramar le permiten a Francia mantener su fuerza militar en el mundo, lo que es muy importante cuando encabeza varias operaciones. Su presencia en el sur del Pacífico le permite a París tener la segunda mayor Zona Económica Exclusiva del mundo, muchos recursos naturales e influencia en las instituciones regionales», añadió.
En una entrevista con medios de Numea este mes, Macron también expresó su esperanza de que se mantenga el status quo, a la vez que abogó por hacer frente a las causas del malestar local, como el desempleo, que afecta a 14,9 por ciento de la población económicamente activa.
Pero Soyez piensa que «Macron, como la mayoría de los ciudadanos franceses, cree que puede encontrarse una solución entre el status quo y la independencia, si las comunidades locales quieren llegar a un consenso».
El nuevo presidente de Francia tiene una larga lista de asuntos internos, pero las disputas por la consulta popular también requieren una resolución.
«Uno de los mayores desafíos para nosotros es incluir a unos 20 000 a 25 000 kanaks, que estimamos no están en la lista de habilitados para sufragar. La lista es responsabilidad del gobierno francés», subrayó Forrest a la prensa local.
Unos 84 000 kanaks y 71 000 no indígenas están habilitados para votar en el referendo del año próximo.
La primera consulta popular por la independencia de Nueva Caledonia se produjo en 1987, pero el boicoit generalizado del pueblo kanak dio el triunfo a París. Posteriores negociaciones con la metrópolis llevaron a un segundo referendo, contemplado en el Acuerdo de Numea, de 1998, que también se propone atender la desigualdad de los indígenas y la devolución parcial de poderes.
Dos décadas después, la población kanak todavía soporta privaciones y falta de desarrollo. Nueva Caledonia tiene un producto interno bruto de 39, 391 dólares por habitante. Pero las investigaciones indican que la brecha laboral cambió muy poco desde fines de la década de los años 90.
En 2009, 26 por ciento de la población kanak estaba desempleada, muy por encima del siete por ciento de desempleados no indígenas.
El enfado expresado por jóvenes indígenas en enfrentamientos con la policía cerca de Numea en los últimos meses es un reflejo de que las desigualdades siguen siendo un asunto sensible en ese territorio.
Sin embargo, una encuesta hecha por un canal de televisión local en abril reveló que 54 por ciento de los consultados y habilitados para votar dijeron estar en contra de la independencia, alrededor de 25 por ciento, a favor, y 21 por ciento, indecisos.
Los temores de una retirada de Francia tienen que ver con el declive de la economía y del estándar de vida. El gobierno francés actualmente dedica 1100 millones de dólares al año al territorio insular para financiar la educación, el desarrollo, la seguridad social y los servicios públicos.
Otro importante obstáculo para quienes abogan por la independencia es que, después de décadas de debates sobre la autodeterminación, siguen faltando consensos sobre una visión de nacionalidad que satisfaga a todos a ambos lados de la línea política divisoria.
- Traducido por Verónica Firme
- Publicado inicialmente en IPS Noticias
