Organizaciones de la sociedad civil de México presionan al gobierno de Enrique Peña Nieto para que firme el Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PF-Pidesc), vigente desde mayo para los países adherentes, informa Emilio Godoy (IPS).
El PF-Pidesc, aprobado el 10 de diciembre de 2008 por la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas, es considerado una herramienta fundamental para el cumplimiento de los llamados derechos de tercera generación, como el acceso a la salud, al trabajo, al agua y a un ambiente sano.
«Hemos venido impulsando la firma desde que se negoció. Nos preocupa que se deseche el trabajo de tres años, no es un buen signo. El gobierno no ha dado un plazo. No le han dado importancia», criticó ante IPS la activista Areli Sandoval, coordinadora del programa de Diplomacia Ciudadana, de la organización no gubernamental Desarrollo, Educación y Cultura Autogestionarios (DECA), Equipo Pueblo AC.
Un grupo de organizaciones trabajó desde 2009 con el gobierno de entonces, del conservador Felipe Calderón (2006-2012), con el fin de suscribir el convenio, para lo cual se necesitaba una serie de consultas destinadas a aclarar los compromisos que asumiría el país.
Esa labor quedó lista en 2012 pero, según Sandoval, el aún presidente electo Peña Nieto pidió no adoptar más responsabilidades internacionales hasta después de asumir el cargo, el 1 de diciembre pasado. Pero ya pasaron casi siete meses sin que haya novedades al respecto.
El Protocolo fue firmado por 42 gobiernos y ratificado hasta ahora por 10 de ellos, incluyendo los latinoamericanos Argentina, Bolivia, Ecuador, El Salvador y el último Uruguay, que al ratificarlo en febrero completó la cantidad de estado mínimos necesarios para que entrase en vigor.
El convenio establece la potestad de presentar quejas individuales o grupales sobre violaciones a los derechos económicos, sociales y culturales y, consecuentemente, dispone la investigación confidencial en el estado parte denunciado.
La indagación queda a cargo del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, conformado por 18 expertos independientes, entre los cuales hay de Colombia, Ecuador y Brasil.
«Se trata de fortalecer la justicia de esos derechos, que están rezagados y no se cumplen», declaró a IPS la activista Agnieszka Raczynska, secretaria ejecutiva de la no gubernamental Red Todos los Derechos para Todos, que aglutina a 73 agrupaciones en el país latinoamericano.
En su informe frente al Examen Periódico Universal que México presentará ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU el 23 de octubre, 33 organizaciones dan cuenta del estado de los derechos económicos, sociales y culturales (desca).
«Las deficiencias estructurales y legislativas al interior del estado mexicano, frente a las violaciones a los desca, limitan el acceso a la justicia y la reparación del daño en la materia», señala el texto.
«Estas violaciones también afectan al derecho al consentimiento previo, libre e informado de las personas y las comunidades involucradas en la implementación de megaproyectos que generan desplazamientos forzosos, pobreza agravada, daño al medio ambiente y que niegan los derechos culturales de las poblaciones», añade.
Según datos del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social de 2010, los últimos divulgados, la pobreza afectaba a 52 millones de los 118 millones de mexicanos, mientras que el desempleo se ubica, según la medición presentada en mayo, en 4,93 por ciento de las 60 millones de personas económicamente activas.
Las organizaciones no gubernamentales que conforman la Campaña Mexicana por la Ratificación del PF-Pidesc consideran que esta herramienta es vital en el combate contra la pobreza, pues implica la rendición de cuentas sobre las políticas aplicadas al respecto.
«Este Protocolo va contra intereses económicos y las multinacionales. Si México ha aceptado la jurisdicción de otros mecanismos de derechos humanos, no tiene mucha lógica que no acepte este», señaló Sandoval.
México debió presentar en 2012 su quinto y sexto informe consolidado sobre el cumplimiento del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (Pidesc), creado en 1981 y que es la referencia del Protocolo.
El Comité del Pidesc tiene previsto realizar su 51 periodo de sesiones del 4 al 29 de noviembre próximo en Ginebra, pero el caso de México no está programado.
«Hay falta de garantías de derechos individuales. Se requiere de un esfuerzo por reducir la pobreza y cumplir los derechos de empleo, salud y educación», indicó Raczynska.
Los activistas han reunido y entregado al gobierno mexicano más de 19.000 firmas de petición de adhesión al Protocolo, aunque analistas entienden que difícilmente el país lo suscriba este año.
El gobierno de Peña Nieto prepara el Programa Nacional de Derechos Humanos 2012-2018, que debe apegarse a la reforma constitucional de 2011 que consagró la observancia de los derechos.
«A pesar de que la Constitución y una variedad legislativa reconocen el derecho al cuidado del ambiente, la política para el área en muchas casos no es eficaz ni sustentable por ser equivocada técnicamente y no estar armonizada con otros sectores y políticas sociales, así como por la completa impunidad ante las faltas, afectando diversos derechos humanos», denuncia el informe preparado por las organizaciones no gubernamentales.
Ante la duda de si el Estado mexicano presentará su reporte, las organizaciones evalúan si elaboran su informe alternativo.
