Ileana Alamilla[1]
Aunque es un riesgo distanciarse del tema que ocupa casi todo el interés de los medios, salvo excepciones y por consecuencia de sus usuarios, que es la repugnante corrupción que invadió el Estado y a la sociedad de Guatemala, a ciencia y paciencia de todos nosotros, me atrevo a asegurar que estamos viendo solo para una dirección, mientras en nuestras narices otros dramas humanos están matando a la gente, sin que ello nos conmueva.
El tema de conversación que acapara el interés es cómo va el juicio de los “ladrones” que saquearon el Estado, en menor medida las reformas al sector justicia, que ahora cambiaron de escenario y están en el Congreso, enfrentando algunos tropiezos, pues allí ya se hicieron evidentes intereses que prevalecen sobre el miedo de decir que no a algo que proponga la Cicig y, a la cola, la situación macroeconómica, que preocupa a quienes temen la desaceleración que afectará al país.
En varios círculos, que no son los que se señalan de “derecha” o “pro ejército”, se habla sobre el liderazgo que entes internacionales tienen en asuntos que deberían estar en manos nacionales, aunque se tiene que aceptar que es así porque nosotros nos lo buscamos. El procurador de Derechos Humanos, en una entrevista radial y en respuesta a una crítica sobre la metodología que se lleva a cabo, en la cual la Oficina del Oacnudh tiene un papel protagónico, indicó que la revisarían.
Y mientras la coyuntura nos come, otros se mueren a diario, asesinados por sicarios, o por la insensibilidad del Estado, que no atiende a los más desprotegidos. La última Encuesta de Condiciones de Vida de 2014 reveló que la pobreza aumentó; el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo lo confirmó, agregando que la clase media se redujo del 12 al 9 %. La pobreza pasó de 51.2 % en el 2006, a 59.3 % en el 2014, en contraste con lo que sucedió a nivel de América Latina.
Algunas de las causas a las que se atribuye esta situación son la falta de empleo digno, el escaso gasto social y la falta de interés sobre la necesidad de impulsar el desarrollo rural, en donde habita la mayoría de la población que está en esos rangos (casi 80 %).
El primer semestre se registró un incremento de Q183.60 en el costo de la canasta básica de alimentos. En abril era de Q3,697.41. La Encuesta Nacional de Condiciones de Vida considera pobres a quienes no logran acceder al costo mínimo de las necesidades alimentarias y no alimentarias y pobres extremos a los que no pueden cubrir el costo mínimo de alimentos. Según el BID, la categoría de pobreza extrema significa ganar US$2.5 diarios, pobreza entre US$2.5 y US$4.
No hay interés en el desarrollo rural. La ley tiene más de seis años pendiente de aprobarse y cuando la sacan llegan sus detractores a presionar para que vuelva a su lugar. Pareciera que estas personas no leen los informes de país, cierran los ojos ante la realidad y desprecian las imágenes de niños y población viviendo entre el lodo y la desolación. La incidencia de la pobreza en la población indígena es mucho mayor que la no indígena.
Para esas personas opuestas a atender el desarrollo rural la lógica es que así ha sido siempre, que son pobres porque son haraganes, porque no quieren progresar, porque no aprovechan las oportunidades, porque no quieren vivir en las ciudades, entre otras aberrantes justificaciones para mantener esta situación de desigualdad brutal que nos tiene estigmatizados.
“El sistema económico vigente no logra ni la inclusión de las personas, ni su mayor participación en la producción y disfrute de la riqueza. El Congreso de la República, salvo honrosas excepciones… constituye el organismo estatal más ineficiente e inmoral que obstaculiza el logro del bien común”, afirmaron los obispos en enero, al mostrar su preocupación por la pobreza y sus repercusiones. Y en lugar de mejorar, estamos peor.
- Ileana Alamilla, periodista guatemalteca, fallecida en enero de 2018.
