La Comisión Nacional de Protección a Menores y Adultos en Vulnerabilidad de la Conferencia Episcopal de Costa Rica (CONAPROME) publicó este 1 de junio de 2020 el Protocolo para la actuación en casos de abuso sexual a menores o adultos en vulnerabilidad por parte de clero, religiosos consagrados, informa Larissa I. López (Zenit).
En un comunicado difundido por el episcopado costarricense, se recuerda que el 7 de mayo de 2019, con la promulgación de su Carta Apostólica, en forma de Motu Propio Vos estis lux mundi (Vosotros sois la luz del mundo), el papa Francisco quiso «proveer a la Iglesia universal de instrumentos que ayuden a erradicar, de modo determinante, de la vida de las comunidades eclesiales el terrible flagelo que implica todo tipo de abuso y, en particular, contra los más pequeños e indefensos».
Este 1 de junio 2020 se cumplió el plazo establecido por el papa Francisco para la entrada en vigor, en toda la Iglesia Católica, de los mecanismos y procesos, fácilmente accesibles al público, para presentar informes o denuncias fundadas sobre situaciones de abuso contra personas menores de edad o en estado de vulnerabilidad.
Erradicación del mal
Sobre la publicación de este protocolo en la Iglesia local de Costa Rica, José Manuel Garita, obispo de Ciudad Quesada y presidente de Comisión Nacional de Protección a Menores y Adultos en Vulnerabilidad de la CONAPROME, señala que “la comisión ha venido trabajando en estas Líneas Guía y en códigos de conducta que aplicarán para todo el país para la prevención para el abuso sexual en todos los ambientes de la Iglesia costarricense, así como también hacia la conformación y trabajo conjunto con las comisiones diocesanas».
Igualmente, la nota señala que los obispos costarricenses «están comprometidos con la erradicación de este mal que afecta a todas las estructuras de la sociedad, pero que, de manera muy particular y decidida, debe ser corregido y erradicado sin demora en la Iglesia».
Ambientes sanos y seguros
Con este Protocolo, también conocido como Líneas-Guía, «se busca instaurar ambientes sanos y seguros que garanticen el cuidado y desarrollo de todos los que participan en la Iglesia y especialmente de los menores y más vulnerables», subrayan.
«Es importante dar una respuesta inmediata ante los casos de denuncia que se presenten en esta materia, sabiendo que las víctimas son la prioridad, ejecutando todos los procedimientos con transparencia absoluta, tolerancia cero y evitando cualquier tipo de manifestación de secretismo u obscuridad en el proceso», indica José Manuel Garita Herrera.
Objetivo principal
Los prelados apuntan que el principal objetivo de estas Líneas-Guía, con relación con las personas ofendidas, «es brindarles la protección necesaria y el acompañamiento debido», aseguran.
Con relación al sacerdote o persona consagrada que haya sido acusada, «se le debe orientar para que pueda asumir responsablemente las consecuencias de su pecado y delito, a fin de enfrentar tanto la ley civil como canónica, según sea el caso, y emprender un proceso de sanación, perdón y conversión como lo pide el papa Francisco: ‘erradicar de la Iglesia el flagelo del abuso sexual de menores y abrir un camino de reconciliación y curación para quien ha sufrido abusos, garantizar la protección de los menores y adultos vulnerables y dar respuesta de justicia y misericordia’».
Asimismo, con este protocolo «se da un paso importante hacia la prevención de abusos de todo tipo en la Iglesia local, de tal forma que será en adelante un trabajo conjunto de todos: laicos, religiosos, sacerdotes, comunidades y obispos. Todos comprometidos con este mismo fin, solo así lograremos realmente proteger a nuestros menores y adultos en vulnerabilidad» aclara Juan Carlos Oviedo, psicólogo de la Comisión Nacional de Protección a Menores.
