Rosa Cañete Alonso, coordinadora de la Campaña Iguales de la organización Oxfam, sostiene en una entrevista con Andes que “las empresas y las personas más ricas de una sociedad que se permiten esconder sus ganancias y riqueza en un paraíso fiscal, limitan la capacidad de un Estado para garantizar los derechos humanos”.
Rosa CañeteCon ocasión del Día de los Derechos Humanos, Rosa Cañete dijo que la evasión de impuestos atenta contra los derechos humanos ya que impide que los estados puedan cubrir necesidades como educación, salud o vivienda.
Andes: ¿Cuál es el perjuicio que causan los paraísos fiscales a países en desarrollo como Ecuador?
Rosa Cañete: Los paraísos fiscales permiten a personas con mucho dinero o a grandes empresas esconder sus ganancias o riquezas del fisco en sus países y, por lo tanto, limitan la capacidad de los Estados de garantizar derechos.
Las empresas transnacionales han desarrollado esquemas agresivos que les permitan mover los beneficios de un lado no pagando la porción que deberían en los países donde operan y producen.
Andes: ¿Oxfam emitió un informe al respecto, cuál es la concusión?
RC: En el informe “Privilegios que niegan derechos” de la campaña IGUALES en América Latina y el Caribe, Oxfam demuestra que residentes latinocaribeños acumulaban alrededor de 52.600 millones de dólares en las cuentas del banco HSBC en Suiza entre 2006 y 2007. Ese monto equivale al 24% del total de la inversión pública en salud del conjunto de la región.
Esta es tan solo una pequeña foto fija de un solo banco, en un solo paraíso fiscal, para una única región y en un único año, apenas una pincelada, de un problema sistémico.
Como señalamos en el último informe de Oxfam “Batallas Fiscales”, “los países en desarrollo pierden alrededor de 100.000 millones de dólares anuales por la evasión y elusión fiscal de grandes empresas a través de paraísos fiscales. Esta cantidad sería más que suficiente para proporcionar educación a los 124 millones de niños y niñas que están actualmente sin escolarizar, y para costear la atención sanitaria que podría salvar la vida de cuatro millones de niños”.
Andes: ¿Considera que el dinero que va hacia paraísos fiscales vulnera los Derechos Humanos?
RC: Cuando hablamos de derechos humanos nos referimos al derecho a la educación, al derecho a la salud, del derecho a la vivienda, del derecho al acceso al agua potable. Todos estos derechos están constitucionalizados en la mayoría de países en desarrollo. La garantía de estos derechos responder a una progresividad, es decir, estos derechos no se proveen o garantizan “de golpe”, dependen de los recursos que un gobierno vaya disponiendo año a año y haciendo las inversiones necesarias hasta garantizar que todas las personas gocen de ese derecho.
Andes: ¿Esta situación limita la capacidad de los Estados para cubrir esos derechos ciudadanos?
RC: Hay una relación directa entre la garantía de los derechos que deben asegurar los Estados y el no pago de impuestos que posibilitan los paraísos fiscales. Que las empresas y las personas más ricas de una sociedad se puedan permitir esconder sus ganancias y riqueza en un paraíso fiscal, limita la capacidad de un Estado por garantizar los derechos humanos planteados en las constituciones.
Las empresas del IBEX 35 en paraísos fiscales
En España, la presencia de las principales empresas en paraísos fiscales sigue en aumento. De 2013 a 2014, las filiales del IBEX35 en estos territorios se han incrementado en un 10 %, pasando de 810 a 891, sostiene Oxfam en el informe ‘¿Beneficios para quién?’ en el que reclaman a los partidos políticos una Ley contra la evasión fiscal que la reduzca a la mitad en los próximos cinco años.
El paraísos fiscal más usado por las empresas del IBEX35 es Delaware, en los Estados Unidos. Solo allí esas 35 empresas tienen 420 filiales, un 45,4 % del total. En este Estado, las empresas del IBEX abrieron 68 nuevas filiales en 2014, representando un 57 % del total de incremento de filiales en estas jurisdicciones.
