Mientras continúan su curso por separado dos juicios contra empresarios extranjeros en medio de extrema discreción, el gobierno cubano añadió nuevas disposiciones para combatir la corrupción, lo cual parece indicar que el presidente Raúl Castro quiere evitar cabos sueltos en ese espinoso problema, informa Patricia Grogg (IPS) desde La Habana.
Castro, quien transita el segundo quinquenio de su último mandato presidencial, dijo que «el bochornoso asunto de las indisciplinas e ilegalidades» será tratado «en profundidad» en la reunión del parlamento prevista para este sábado 6. Castro ha dicho en más de una ocasión que estas manifestaciones atentan contra las bases del sistema social.
Personas que participaron en la sección interactiva Café 108 del sitio web de la Oficina de IPS en Cuba se mostraron escépticas en cuanto a resultados a corto plazo de la ofensiva oficial contra la corrupción, que calificaron de «hija de la crisis» y fenómeno «presente en la vida cotidiana del cubano».
Es «lacerante para el país, mal ejemplo para las generaciones que vienen, poco atacada, tolerada, poco publicada en la prensa, nada criticada en la población, permisible en la familia, modo de vida para resolver en la casa, caldo de cultivo del enemigo», dijo un participante que firmó «Naue» y recordó, además, lo sucedido al ensayista Esteban Morales por sus artículos sobre el tema.
Durante alrededor de un año, entre 2010 y 2011, Morales estuvo separado de las filas del Partido Comunista de Cuba tras escribir sobre la envergadura del problema, que a su juicio es mucho más peligroso «que la llamada disidencia interna».
En una entrevista reciente que circula en Internet, Morales considera que se ha presentado batalla al problema, pero lo hecho es aún insuficiente.
En su opinión, se debe apelar mucho más a la participación popular. «Hay que innovar en los métodos para combatir la corrupción, porque ninguno de los utilizados hasta ahora sirve para acabar con el problema. Y yo pienso que la innovación puede estar en organizar a las masas, no a los burócratas, para este combate», agregó el investigado en breves declaraciones a IPS.
Si bien otros analistas coinciden en que no solo las medidas judiciales son suficientes para afrontar este delicado asunto, los cambios y medidas en esa materia forman parte de un esfuerzo mayor en favor de la institucionalización del país emprendida por el presidente Castro, quien comenzó por crear la Contraloría General de la República en 2009.
El Banco Central de Cuba puso en vigor en junio varias normas generales para detectar y prevenir el movimiento de capitales ilícitos, el lavado de activos y el financiamiento al terrorismo, e introdujo modificaciones al Código Penal y a la ley de procedimiento. Estas disposiciones siguieron a la creación, en marzo, de un órgano estatal de control para «frenar y liquidar la corrupción administrativa».
En principio, economistas consultados por IPS descartaron que las regulaciones bancarias puedan desestimular a inversores extranjeros.
Sin embargo, un ejecutivo latinoamericano con negocios en Cuba advirtió que las operaciones con clientes extranjeros se harán más complejas por la mayor cantidad de información que deberán solicitar los bancos cubanos, obligados además a buscar mecanismos de comprobación.
Esta fuente, vinculada al sector bancario, dijo que en su caso no hay novedades, por cuanto se trata de normas adoptadas hace tiempo en su país. De manera coincidente, el académico y especialista en temas financieros Pável Vidal indicó a IPS que las regulaciones «están a tono con los nuevos tiempos».
«La banca, a nivel internacional, tiende a poner cada vez más cuidado y control sobre todo tipo de transacciones», señaló. Entre otras medidas, las instituciones financieras deberán verificar la identidad del cliente con datos e información confiable de fuentes independientes, dar seguimiento continuo a la relación comercial y no permitir la «apertura de cuentas cifradas o numeradas».
En otra de las decisiones de este año, el Consejo de Estado presidido por Castro dio a conocer en marzo su decisión de crear la Comisión Estatal de Control, cuya principal misión será «la presentación, análisis y estudio de casos significativos en los que se manifiestan ilegalidades, presuntos hechos delictivos y de corrupción».
Esta nueva entidad encargada de «intensificar el estudio de las causas y condiciones que determinan los hechos de corrupción» así como de «frenar y liquidar» estos fenómenos sustituye y confiere rango de órgano de Estado a una comisión gubernamental que, con los mismos fines, existía desde 2008 como ente asesor del gobierno.
La presidencia de la comisión quedó a cargo de Gladys Bejerano, titular de la Contraloría General de la República desde que esta fue creada para, entre otras tareas, elevar el control interno y «el enfrentamiento directo a cualquier manifestación de corrupción». Desde entonces, Bejerano ganó fama de «dura» por el rigor con que ejerce sus funciones.
En el contexto de lo que medios oficiales definen como «perfeccionamiento del sistema de justicia penal de Cuba», en octubre entrarán en vigor varias modificaciones del Código Penal y la Ley de Procedimiento Penal, a fin de actualizar las disposiciones legales vigentes y sintonizarlas con las transformaciones que tienen lugar en la vida socioeconómica del país.
A la vez, mediante acuerdo divulgado el 29 de mayo, el Tribunal Supremo Popular (TSP) instruyó «prestar particular atención» a los casos con «acusados extranjeros o de situación migratoria permanente en otro país», garantizar a los primeros la asistencia consular «como requisito esencial» de su defensa y abstenerse de enjuiciarlos sin haber cumplido antes los trámites diplomáticos pertinentes.
Ese mismo mes se llevaron a cabo dos procesos, por separado, contra empresarios extranjeros bajo cargos vinculados con la corrupción. Ni los juicios, efectuados a puertas cerradas en tribunales habaneros, ni las sentencias tuvieron espacio en la prensa estatal cubana. Tampoco hubo información oficial sobre el tema, de cuyos pormenores se conoció por medios internacionales de prensa.
Según esas fuentes, el empresario canadiense Sarkis Yacoubian, de origen armenio y propietario de la empresa de importación TriStar Caribbean, y el ciudadano libanés Krikor Bayassalian, fueron sentenciados en los últimos días de junio a nueve y cuatro años de prisión respectivamente.
En tanto, Amado Fakhle y Stephen Purvis, ejecutivos de la empresa británica de inversión Coral Capital Group Ltd, declarados culpables de cargos menores, quedaron en libertad por el tiempo cumplido tras ser detenidos, en 2011, según medios diplomáticos citados por medios internacionales de prensa.
Entre 2011 y 2012, numerosos ciudadanos cubanos, un empresario de nacionalidad francesa y dos chilenos (juzgados en ausencia) fueron condenados en La Habana por cargos relacionados con corrupción.
