Amnistía Internacional ha informado en Naciones Unidas de que las ejecuciones de sentenciados a la pena capital disminuyeron un tercio a nivel mundial en 2018, aunque el castigo aumentó en algunos países como Bielorrusia, Estados Unidos, Japón, Singapur y Sudán del Sur.
Según el informe de Amnistía, el número de personas ejecutadas cayó un 31 % en 2018, alcanzando su nivel global mínimo en diez años, dado que en 2017 se llevaron a cabo al menos 993 ejecuciones, mientras que en 2018 la cifra mundial fue de 690.
El país que registró la mayor baja del castigo capital fue Irán, donde esas muertes disminuyeron un 50 % gracias a la reforma de sus leyes antinarcóticos. Iraq, Pakistán y Somalia mostraron también una reducción importante en el número de ejecutados.
Dimensiones de la pena de muerte
En una conferencia de prensa en la sede de la ONU, el director sobre Legislación y Políticas de Amnistía Internacional, Tawanda Mutasah, destacó las dimensiones socioeconómicas, de clase y racial de la pena de muerte, afirmando que, por lo general, se trata de un castigo impuesto a la gente que no tiene voz.
“Desde nuestro punto de vista, la persistencia de la pena de muerte en unos pocos Estados es vergonzosa y contribuye a la discriminación. Además de que hemos visto que en ocasiones el castigo capital se aplica contraviniendo las leyes internacionales. Amnistía Internacional se opone a la pena de muerte en todas sus formas y bajo cualquier circunstancia”, señaló Tawanda Mutasah.
Especificó que muy frecuentemente, los campesinos pobres que luchan por sus derechos humanos y que son económicamente vulnerables, los extranjeros y las personas de minorías étnicas o religiosas sufren desproporcionadamente la pena capital.
“Por eso es importante considerar todas estas dimensiones al hablar de la pena de muerte. No se trata sólo de justicia penal, se trata de discriminación, de vulnerabilidad, de quiénes somos. La pena de muerte no es únicamente el máximo, más cruel y denigrante castigo, sino que, además, se aplica con criterios discriminatorios y, en muchos casos, sin que los sentenciados tengan acceso a juicios justos, representación adecuada u otros estándares de protección según las leyes internacionales”, insistió Mutasah.
En el evento de presentación del documento, patrocinado por la Misión de México ante las Naciones Unidas, estuvo presente el embajador alterno de ese país, Juan Sandoval Mendiolea, quien estuvo de acuerdo en que generalmente, las sentencias a muerte no tienen mucha base en el crimen cometido sino en la identidad o trayectoria de la persona condenada.
En contra de la tendencia
El informe de Amnistía Internacional indica que China siguió siendo el país con la mayor cantidad de ejecuciones en 2018, seguido por Irán, Arabia Saudita, Vietnam e Iraq.
Además, reporta que Tailandia reanudó las ejecuciones después de casi una década de moratoria y que Sri Lanka anunció que seguiría a Filipinas en el uso de la pena de muerte para combatir el narcotráfico y la drogadicción.
El estudio consideró que los avances de 2018 se vieron estropeados por unos pocos Estados que van contra la tendencia a la moratoria y abolición de la pena de muerte.
No obstante, Tawanda Mutasah se mostró convencido de que el mundo va camino a reconocer que la pena capital es el castigo más cruel posible y que no tiene lugar en el mundo civilizado de hoy.
Para reforzar su aseveración citó la resolución aprobada en diciembre pasado por la Asamblea General de la ONU que llama a una moratoria mundial de la pena de muerte y que obtuvo 121 votos a favor, 35 en contra y 32 abstenciones.
De acuerdo con Amnistía Internacional, el apoyo a esa resolución es una señal más de que el consenso global se encamina a confinar la pena de muerte a los libros de historia.
