La jueza María Cristina Díaz ha exigido al diario español eldiario.es que revele en el plazo de diez días quién les informó de la lista de bienes que se encuentran en el Pazo de Meirás, inmueble que la familia del dictador Franco ocupó durante 82 años.
La Federación Internacional de Periodistas (FIP) y todos sus sindicatos afiliados en España han rechazado la petición y exigen que se respete el derecho constitucional de los periodistas a no revelar sus fuentes de información.
En un documento remitido al director de elDiario.es, Ignacio Escolar, la magistrada reclama lo siguiente: «Indique el día que tuvo acceso ese medio de comunicación al informe sobre la titularidad de los bienes muebles conservados en el Pazo de Meirás […], la persona que se lo proporcionó y el procedimiento o medio por el que recibió dicho informe».
Se trata de una decisión que atenta contra el derecho de los periodistas a no revelar sus fuentes de información, un derecho imprescindible para el ejercicio del periodismo y que está amparado por la Constitución española en su artículo veinte.
El secreto profesional en el periodismo es prácticamente absoluto en España y sólo puede ser declinado en casos excepcionales como cuando afecta a la integridad de las personas, algo que está muy lejos de ocurrir en este caso.
«Ignacio Escolar no está obligado a revelar la identidad de sus fuentes. El secreto profesional es un derecho constitucional de los periodistas (artículo veinte de la Carta Magna) y la base de una libre información. No se trata solo de un derecho de los periodistas, sino también de un deber: el de proteger la identidad de las fuentes y, al mismo tiempo, garantizar el derecho de información de los ciudadanos», ha señalado el presidente de la FAPE, Nemesio Rodríguez.
Por su parte, el secretario general de la Federación de Sindicatos de Periodistas (FeSP), Agustín Yanel, lamentó que todavía existan «algunos jueces y juezas, afortunadamente pocos, que parecen desconocer que uno de los pilares básicos de la profesión periodística es el derecho de los profesionales a no revelar las fuentes que les facilitan la información».
La agrupación de Periodistas de la FSC-CCOO dijo que no se podía entender «que una vez más un miembro de la judicatura ponga intereses particulares por encima de la Constitución, porque el derecho a proteger a nuestras fuente en España es un derecho constitucional» a la vez que ofreció la infraestructura de la Agrupación a eldiario.es para evitar «que una vez más se viole el artículo veinte de nuestra Constitución».
Por su parte, la Agrupación de Periodistas de UGT (AGP-UGT) también rechazó la petición judicial ya que «va en contra del libre ejercicio del periodismo en una sociedad democrática». Además, denunció que esta no es la primera vez que algo así ocurre en España, por lo que considera «necesario que se debata y se apruebe una Ley de Secreto Profesional, como así señala el artículo veinte de la Constitución Española, que ampare a los profesionales de la información».
En un artículo publicado en la web del periódico digital, Ignacio Escolar respondía que «La familia Franco y una jueza de Madrid quieren que en elDiario.es revelemos quiénes son nuestras fuentes. No lo podemos aceptar».
El Secretario General de la FIP dijo: «La FIP respalda la posición de todas sus organizaciones afiliadas en España y muestra su total apoyo a eldiario.espara que no desvele sus fuentes de información. Defendemos que los periodistas de eldiario.es ejercieron su derecho constitucional a difundir información veraz, verificada y contrastada con fuentes fiables y de interés general, fuentes cuya identidad está protegida por el secreto profesional».
