Periodistas de dos medios colombianos y uno internacional fueron víctimas de agresiones físicas, intimidaciones y daño a equipos, por personas que impedían que se registraran las detenciones y protestas por el regreso de las corridas de toros que tuvieron lugar en Bogotá en el marco de manifestaciones de animalistas, antitaurinos y taurinos el pasado 22 de enero, informa la Federación Colombiana de Periodistas (Fecolper).
Sebastian Cabiativa, del equipo de periodistas de Melodía Estéreo, informa de que fue increpado por agentes de la Policía Metropolitana de Bogotá para que dejara de grabar y se retirara del lugar. “Me quitó el equipo y me dijo que me iba a llevar a la UPJ” enfatiza el comunicador, que logró librarse de la detención por la intervención de sus colegas.
Juan Pablo Pino, de Publimetro, aseguró que él estaba debidamente identificado y seguía las primeras protestas cuando un agente sin identificaciones visibles le dice que no puede grabar porque no ha sido autorizado, acto seguido dos policías lo sujetan y entre los tres lo arrinconan y empiezan a indagar los motivos de la filmación: “Se acerca un funcionario de la Defensoría del Pueblo y les pide que se calmen. Ellos me toman los datos, me toman fotos y me dicen que eso es una reseña y que eso es normal”. Luego de este primer suceso, las protestas se intensifican y cuando veo al hombre que me “reseñó” le tomo fotos y me dice que no me busque problemas”.
Este incidente policial entra en contradicción con lo expresado por el director de la institución, el general Jorge Hernando Nieto, quien dijo a Caracol que para garantizar la transparencia se podrían hacer grabaciones.
La tercera agresión fue la recibida por el periodista del medio internacional Rupty, Ernesto Mercado, quien declaró que su cámara fue golpeada por los agentes aunque pudo evitar lesiones físicas. Un vídeo de la agencia EFE muestra la fuerza usada contra los manifestantes y el periodista.
En agosto de 2016, la Fecolper registró dos agresiones en la capital colombiana que con los nuevos hechos alertan acerca del respeto y conocimiento de las autoridades para el derecho a la libertad de información.
Ante estos hechos, la Fecolper exige las correspondientes acciones disciplinarias y recuerda al Estado su deber de garantizar el trabajo periodístico y el flujo libre de información, que incluye las actuaciones de los servidores públicos pertenecientes también a las autoridades militares y de policía, como lo consignan las relatorías de la ONU y la OEA
