La Federación de Sindicatos de Periodistas (FeSP) de España ha hecho público un comunicado en el que insta al nuevo Gobierno y al Parlamento a que se tomen en serio el derecho de la ciudadanía a la información y la comunicación e inicien, sin demora, los trabajos necesarios para regular por ley ese derecho constitucional y humano.
La Junta Ejecutiva Federal de la FeSP, reunida este fin de semana en Madrid, considera necesario que esa regulación se lleve a cabo en una Ley General de la Comunicación, similar a las que existen en los países de la Unión Europea y otras zonas del mundo. En ella se deben definir los deberes y derechos de los periodistas; los colaboradores y periodistas a la pieza; la reserva de una tercera parte del espacio radioeléctrico para radios y televisiones del tercer sector sin ánimo de lucro, y todo lo relacionado con el derecho constitucional a la información y la comunicación, imprescindible en las democracias.
La FeSP también pide a los partidos de la oposición que cumplan el compromiso que la mayoría de ellos adquirió antes de las elecciones generales y promuevan la derogación de la Ley Orgánica de Protección de la Seguridad Ciudadana, más conocida como Ley Mordaza por la limitación de derechos que establece para la ciudadanía en general y para los periodistas y activistas sociales.
Otra tarea urgente del Parlamento surgido de las últimas elecciones debe ser la reforma de Radio Televisión Española (RTVE), no solo para volver al sistema de elección de su presidente/a por mayoría cualificada de tres quintos del Congreso sino para garantizar que cumpla su misión de servicio público con calidad, plena independencia del Gobierno y financiación suficiente.
La ejecutiva de la FeSP denuncia, una vez más, las irregularidades o incumplimientos de la ley que practican algunas empresas, y se solidariza con los trabajadores afectados: «los servicios de Inspección de Trabajo deben vigilar el cumplimiento de la ley y sancionar esas conductas».
Algunos de los últimos casos son éstos:
- El digital Vozpópuli ha despedido a los tres trabajadores que iban a ser candidatos en las elecciones sindicales convocadas por el Sindicato de Periodistas de Madrid (SPM), y acostumbra a contratar y mantener a redactores con la categoría de ayudantes de redacción.
- La empresa Andalucía Digital Multimedia, que produce programas para Canal Sur, prescindió de una trabajadora embarazada que llevaba dos años encadenando contratos por obra de tres meses, y ha tenido que readmitirla por la polémica que ha provocado este caso.
- El diario El Correo de Andalucía ha reducido al mínimo el trabajo de los fotógrafos que tenía como falsos autónomos, ha reducido sus tarifas, publica fotos copiadas de las redes sociales y pretende que los redactores hagan también el trabajo de los fotógrafos.
- El periódico El Adelantado de Segovia ha despedido a dos trabajadores que eran candidatos a las elecciones sindicales, alegando razones económicas.
