La Relatoría para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH1) ha exigido al Estado venezolano respetar y garantizar el derecho a la libertad de expresión, en particular el trabajo de los periodistas, informa la IPS.
La Relatoría «ante la persistencia de hostigamientos y el incremento de censura contra periodistas en Venezuela, reafirma su respaldo al periodismo independiente y su compromiso con la plena vigencia del derecho a la libertad de expresión en el país», reza la declaración.
A lo largo de 2022, la Relatoría «ha continuado documentando severas restricciones al derecho a la libertad de expresión en Venezuela y la persistencia de un ambiente hostil para el ejercicio de la labor periodística».
Ese ambiente «está marcado por hostigamientos, persecuciones, detenciones arbitrarias y señalamientos estigmatizantes contra quienes investigan y participan activamente de asuntos de interés público y político», según la Relatoría a cargo del jurista colombiano Pedro Vaca Villarreal.
Esa oficina de la CIDH «también ha sido informada sobre medidas restrictivas del derecho a la libertad de expresión en el entorno digital, por ejemplo, apagones y cortes del servicio de internet y bloqueos deliberados contra portales informativos y otras plataformas digitales».
Expuso que los cierres de medios de comunicación, así como la incautación de sus equipos, instrumentados directa o indirectamente por el gobierno, limitan cada vez más el acceso de la ciudadanía a información confiable y de fuentes independientes, y han generado «zonas de silencio mediático» en Venezuela.
Se habría creado entonces un ambiente general de autocensura tanto en la ciudadanía como en la prensa que informa sobre asuntos de relevancia pública, como la crisis de derechos humanos en Venezuela.
La Relatoría «ha observado con particular preocupación la situación de mujeres periodistas venezolanas, quienes son blanco de ataques diferenciados en razón de género en el ejercicio de su profesión».
«Conforme han señalado diversas organizaciones de la sociedad civil, cada vez con mayor frecuencia, las mujeres periodistas son víctimas de campañas de acoso, hostigamiento y estigmatización en redes sociales, cuyo principal efecto es el silenciamiento», expresa el texto.
También la relatoría ha recibido numerosos reportes sobre el uso del derecho penal contra periodistas con fines presuntamente intimidatorios, incluyendo figuras como terrorismo o traición a la patria, «además de la continuidad en la aplicación de la Ley Contra el Odio de forma selectiva y desproporcionada».
Esa ley fue dictada en noviembre de 2017 por una asamblea constituyente integrada solo por oficialistas, y proclamó como objeto «garantizar el reconocimiento de la diversidad, la tolerancia y el respeto recíproco, así como para prevenir y erradicar toda forma de odio, desprecio, hostigamiento, discriminación y violencia».
La Relatoría recordó que la ley ordena multas y hasta veinte años de prisión para cualquier persona que difunda información considerada como promoción o incitación al odio, la discriminación o la violencia.
Además otorga facultades legales para censurar contenidos que pueden estar protegidos por el derecho internacional de los derechos humanos.
Según información reciente en manos de la Relatoría, esa ley ha sido empleada para deslegitimar y criminalizar a cualquier persona que cuestione o critique la gestión gubernamental o a personas que ejerzan funciones públicas.
La oficina de la CIDH ya ha señalado previamente que la Ley contra el Odio «desconoce y suprime el libre ejercicio del derecho a la libertad de pensamiento y expresión, y debe ser dejada sin efecto».
Por ello, la Relatoría «condena los ataques y represalias perpetrados desde las esferas gubernamentales en contra de la prensa, e insta al Estado de Venezuela a respetar y garantizar el derecho a la libertad de expresión, en particular de las y los periodistas y comunicadores».
Finalmente, la Relatoría «invita a la comunidad internacional a redoblar sus esfuerzos para acompañar y respaldar la labor de las y los periodistas venezolanos, y a continuar trabajando en la promoción y el restablecimiento de las plenas garantías para el ejercicio de la libertad de expresión en Venezuela».
La CIDH es una entidad autónoma del sistema interamericano del que se alejó el actual gobierno de Venezuela, y concretó en abril de 2019 su retiro de la Organización de Estados Americanos (OEA).
