Carlos Barra Galán
El día de fin de año la cadena Ser ha dado a conocer un informe que la Cámara de Cuentas madrileña ha emitido en su labor de fiscalización de los convenios y conciertos con los hospitales privatizados durante el año 2011.
Para la realización del citado informe, el Tribunal solicitó a los hospitales de Valdemoro y Torrejón de Ardóz (concesiones administrativas a Capio y Ribera Salud respectivamente) toda la información de las preceptivas solicitudes de autorización al Servicio Madrileño de Salud para hacer actividades sanitarias con medios ajenos tal y como recogen los respectivos contratos.
Sorprendentemente las empresas citadas( Capio y Ribera Salud) no pudieron presentar ninguna porque no existían; se había incumplido de manera unilateral en ambos casos la claúsula 16.1 del pliego de condiciones administrativas particulares del contrato firmado con la Administración Sanitaria, este incumplimiento consistió en subcontratar sin previa autorización servicios de Hematología, Ginecología, Anestesiología y Cirugía General e incluso desde el Hospital de Valdemoro servicios de Diagnóstico por Imagen con un centro sin ningún contrato de por medio; en fin todo un compendio de chapuzas e irregularidades presumiblemente punibles que al parecer no tuvieron ningún control desde el Servicio Madrileño de Salud que también hizo dejación del necesario control de la calidad asistencial de esos servicios subcontratados.
Los hechos que el informe del Tribunal recoge son de extraordinaria gravedad, confirman el rumbo de deterioro que hace años algunos auguramos a la Sanidad Madrileña ( Privatización y Despilfarro El País 15 enero 2008, El futuro de la sanidad El País 13 abril 2008) y exigen efectuar una serie de preguntas:
¿Ejerce algún control la Consejería de Sanidad sobre el cumplimiento de los contratos por parte de las empresas concesionarias de los hospitales privatizados?
Si existe algún control, cuestión en duda, ¿qué medidas ha tomado la Consejería respecto a todos los incumplimientos que hayan podido producirse?.
¿Por qué la Consejería no ha procedido a aplicar sanciones a las empresas? ¿Por qué no contempló la Consejería la posibilidad de rescisión de los contratos por incumplimiento claro de los mismos?
¿Sólo ha existido “culpa in vigilando” por parte de la Consejería de Sanidad?
Conviene recordar que todo el proceso de desmantelamiento y privatización de la sanidad madrileña se ha caracterizado desde su comienzo por una opacidad absoluta, una propaganda engañosa y una afirmación mantenida en el tiempo y nunca probada: el ahorro que producía. Hoy pasados unos años los madrileños hemos podido constatar el deterioro y despilfarro que la política sanitaria del PP en Madrid ha generado.
Las graves irregularidades denunciadas por el Tribunal de Cuentas, así como otras ya expuestas por la Inspección de Trabajo a raíz de una denuncia de CCOO en relación al cumplimiento de lo estipulado en los contratos en hospitales construidos con financiación privada, debieran haber supuesto una actuación enérgica de las autoridades sanitarias, cosa que no ocurrió.
Todo ello muestra una sospechosa inacción de la Consejería de Sanidad en relación a su obligada actuación de control y vigilancia para garantizar el cumplimiento de los contratos que firma con las empresas concesionarias de servicios sanitarios; esta inacción se hace aún más sospechosa cuando hemos conocido que altos cargos de la Consejería eran contratados por empresas a las que ellos habían adjudicado contratos y trabajos muy sustanciosos desde el punto de vista económico, la puerta giratoria utilizada entre otros por los exconsejeros Lamela y Güemes (hoy imputados por delitos muy graves) con una ausencia absoluta de ética personal y política, induce a pensar que la pasividad de la autoridad sanitaria no era casual.
Las graves irregularidades recogidas en el informe de la Cámara de Cuentas se produjeron en 2011 y puede presumirse se hayan seguido produciendo hasta hoy, toda vez que no se conoce ninguna acción de la Consejería de Sanidad para evitarlas; lo cierto es que todo el proceso privatizador ha estado repleto de irregularidades y opacidad , los ciudadanos y los profesionales lo han percibido y en virtud de ello se han manifestado en numerosas ocasiones de manera multitudinaria, han planteado querellas ante los tribunales de justicia y han recogido un millón de firmas contra la privatización sanitaria. La alarma social generada ha sido de una gran magnitud y persiste en la actualidad en amplios sectores sociales.
La licitación para adjudicar la gestión privada de seis hospitales, último golpe mortal a la Sanidad pública, está suspendida de forma cautelar por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid; el concurso de licitación estuvo plagado de errores y presuntas irregularidades siguiendo la pauta chapucera de todas las actuaciones de la Consejería de Sanidad en estos años. En breves días el pleno de la Sala Contencioso –Administrativo va a decidir sobre si se mantiene o no la citada suspensión cautelar; ante esta inminente decisión, quiero efectuar las siguientes reflexiones:
El levantamiento de la suspensión cautelar, de producirse, podría suponer un daño irreparable al Sistema Sanitario Público madrileño que afectará de manera directa a los ciudadanos, no garantizará suficientemente la calidad asistencial, no producirá ningún beneficio al interés general y beneficiará únicamente al interés particular de las empresas adjudicatarios que por otra parte en algún caso tienen un historial poco acorde con la prestación de un servicio público y en otro será adjudicataria de un hospital que ya ha cometido irregularidades graves y vulnerado las obligaciones contractuales.
El levantamiento de la suspensión agravará la alarma social y potenciará las movilizaciones contra el proceso privatizador lleno de sombras y llevado a cabo por un Gobierno inmerso en procesos muy graves de presunta corrupción.
El levantamiento de la suspensión serviría para incrementar la percepción existente en la ciudadanía de que la justicia no es igual para todos y que los poderes públicos parecen tener una cierta protección ante actuaciones suyas que pudieran vulnerar la legalidad.
Existe una máxima en el mundo médico recogida en la frase “primum non nocere” (lo primero no hacer daño). En mi opinión la prudencia exige mantener la suspensión cautelar, analizar en profundidad, por parte del juzgado que la determinó en primera instancia, todo el proceso de licitación así como los argumentos de quienes denunciaron el proceso y concluir emitiendo un auto que determine la legalidad o ilegalidad del proceso. Todos los antecedentes conocidos sobre la actuación de los responsables sanitarios en estos años exigen en mi opinión tomar todas las cautelas y el tiempo que sea necesario para garantizar que no se facilita la continuación de un proceso que posteriormente pudiese declararse no conforme a Derecho y cuyas consecuencias serían ya irreparables.
El interés general debe primar y el Estado de Derecho debe funcionar. Los jueces deben actuar con independencia e imparcialidad y el Ministerio Fiscal debe promover la acción de la justicia en defensa de la legalidad, de los derechos de los ciudadanos y del interés público tal y como exige nuestra Constitución.
Los ciudadanos necesitamos recuperar la confianza en las Instituciones y poderes del Estado; ojalá la resolución que los jueces adopten los próximos días en relación a la privatización de la gestión de seis hospitales públicos madrileños ayuden a ello.
Así lo espero.
