La semana anterior, la mesa técnica del Programa de Protección a Periodistas en Guatemala, en donde participan entidades del Estado, con el acompañamiento de Unesco y Oacnudh, convocó a la primera reunión a “los interesados”, para dar a conocer los avances y las próximas etapas en la elaboración del “mecanismo”.
En la presentación que se hizo hay inexactitudes. Como antecedente se aseguró que en octubre de 2012 el Estado aceptó el compromiso de elaborar el programa de protección, en seguimiento a las recomendaciones del Examen Periódico Universal, (EPU), celebrado en Ginebra, Suiza, cuando el verdadero antecedente es el 3 de mayo de ese mismo año, fecha en que el presidente Otto Pérez, por medio de un funcionario de la Secretaría de Comunicación Social, en el Palacio de la Cultura, asumió ese compromiso.
Esa mesa debe apegarse a la verdad, si quiere tener credibilidad, pues la iniciativa no fue del Estado. Esta propuesta fue planteada al licenciado Francisco Cuevas, secretario de Comunicación Social de la Presidencia, por ocho asociaciones departamentales de periodistas y comunicadores y Cerigua. Unesco acompañó esta propuesta. Posteriormente, en el marco del EPU, Cerigua cabildeó con la Cancillería y con varias embajadas en Guatemala y en Ginebra la recomendación al Gobierno de Guatemala, ocasión en la que varios estados la asumieron.
El presidente de Copredeh, licenciado Arenales Forno, efectivamente ratificó el compromiso, el cual fue reiterado en mayo del 2013 por el presidente. Todo esto se les recordó a los técnicos de la mesa por parte de los impulsores de la propuesta presentes en la cita.
Críticas, señalamientos, dudas y escepticismo fueron expresados en el encuentro, que en su mayoría tienen cierto fundamento, especialmente los puntos de vista de los presidentes de varias asociaciones departamentales, quienes viajaron con sus propios recursos a la capital para estar presentes, demandando ser tomados en cuenta, ya que se encuentran en zonas de alto riesgo y son los más vulnerables a sufrir violencia.
Por nuestra parte, fijamos postura en relación con los supuestos fundamentales que deben guiar la construcción del programa: legalidad, legitimidad y apoliticidad; constituirse en un espacio de acuerdo y concertación para la defensa del gremio; contar con el compromiso estatal en cuanto a su responsabilidad en esta materia, así como la actitud colaborativa de las entidades participantes. Es un espacio para proteger a los periodistas, no para activismo, protagonismo y protesta.
Nuestro país está calificado como uno de los más violentos del mundo; el ambiente para la prensa no es idóneo, la acechan criminales, narcotraficantes, algunas autoridades intolerantes y prepotentes, políticos inescrupulosos, fuerzas de seguridad que violentan la ley al agredir a los y las periodistas y hasta población civil que amenaza, agrede y destruye equipo de los reporteros.
Los 24 asesinatos de periodistas ocurridos a partir del 2000 no se han esclarecido, el año pasado cuatro periodistas murieron en forma violenta en los departamentos y las agresiones contra la prensa se han incrementado. Tenemos reportadas 22, por lo que valoramos la disposición del Gobierno de adoptar este mecanismo de protección que debe ser ágil y efectivo, pues busca resguardar la vida de los trabajadores de la información.
Esa mesa de técnicos está coja, debe cobrar legitimidad, que se la darán los beneficiados del programa, a quienes debe no solo consultar, sino atender sus observaciones cuando proceda.
