La confusión y la violencia que vivió Argentina en los últimos diez días, con la rebelión de los cuerpos policiales de una veintena de las 23 provincias y la muerte de 15 personas, demostraron que las fuerzas de seguridad pueden poner de rodillas a la población y al gobierno, informa Miguel Graziano (IPS) desde La Plata.
Este viernes 13 llegaban a acuerdos las policías de dos provincias: Salta, en el noroeste, y Entre Ríos, en el noreste. Continúan los conflictos en La Pampa, centro, y en la austral Tierra del Fuego.
Todo empezó el 3 de diciembre en la provincia de Córdoba, cuya policía se acuarteló en demanda de un aumento de sueldos y dejó el territorio sin vigilancia, lo que derivó en una ola de saqueos y un muerto.
El periodista cordobés Tomás Méndez usa chaleco antibalas desde hace tres meses, cuando puso al descubierto un escándalo de narcotráfico en su provincia. Una decena de integrantes de la cúpula policial están detenidos y las responsabilidades podrían llegar incluso al gobierno cordobés, si bien por ahora solo perdió su cargo el ministro de Seguridad, Alejo Paredes.
Para Méndez, «el autoacuartelamiento surgió por el narcoescándalo, que desnudó la impunidad de los altos jefes y mostró a la policía como una organización delictiva, con autorización del gobierno y complicidad de la justicia».
«Desmotivados y con problemas económicos por haber perdido la caja de la droga, con la mira de la justicia sobre las demás reparticiones, con la sospecha de que reproducían la estructura corrupta en otros negocios, los efectivos policiales se propusieron cambiar algunas cosas», dijo Méndez a IPS.
Cuando el gobernador José Manuel de la Sota, que estaba en América Central, regresó y dio una respuesta positiva a la reclamación, otras fuerzas policiales iniciaron sus propias protestas, en un efecto dominó que se extendió por una veintena de provincias de este país sudamericano.
Se sucedieron saqueos, que algunos vecinos resistieron con barricadas y uso de armas, y murieron 15 personas. La presidenta Cristina Fernández condenó «la extorsión a una sociedad por quienes portan armas y liberan zonas para que vaya gente a cometer delitos».
En Córdoba, «el primer mensaje que se mandaron por (la red de mensajería móvil) WhatsApp decía ‘basta de corrupción, basta de mafias, aumento salarial’, es decir que el aumento salarial era uno de los reclamos, pero no el más importante. Y mucho menos para que se convirtiera en lo que se convirtió: casi una extorsión», agregó Méndez.
El salario mensual de un agente cordobés pasó de 2.600 pesos argentinos (424 dólares) a 8.000 (1.273 dólares), lo que envalentonó a las demás fuerzas policiales.
Para el periodista, el hecho de que los policías consiguieran un aumento de 220 por ciento demuestra que no se trató de una puja salarial. «Dio sus frutos porque activaron a los delincuentes para que salieran a saquear y se notara su ausencia en la calle», denunció.
Pero Méndez no cree que mejores salarios logren abatir la corrupción.
«Tiene que ocurrir un cambio cultural, por más que le pagues 100.000 pesos esto no va a cambiar. Hay casos de fiscales federales que cobran 50.000 pesos y van a reducir (revender) lo secuestrado por la policía a las joyerías del centro de Córdoba. Necesitamos un nuevo contrato social», sostuvo.
Lo ocurrido estuvo planificado y se repetirá, explicó a IPS el defensor general de la central provincia de La Pampa, Eduardo Luis Aguirre: «Debemos analizar las responsabilidades políticas futuras porque obviamente estas situaciones están lejos de ser episódicas». La policía pampeana fue la última en alzarse.
Para Aguirre, estos incidentes son parte de «los intentos de desestabilización que se dan contra gobiernos autonómicos provinciales de la región y que han incorporado distintas variables». Pero en Argentina, «estas expresiones de grupos fácticos no reconocen una sola matriz», estimó.
El 10 de este mes se cumplieron 30 años de restauración de la democracia.»Tenemos una deuda pendiente en la construcción de mecanismos de democratización efectivos de las fuerzas de seguridad», dijo Aguirre.
«Es necesario que las policías dejen de comportarse como brazo armado de las expresiones más retrógradas de la sociedad», opinó el abogado.
Aguirre cree que la policía debe discutir sus remuneraciones en negociaciones paritarias. «Y hay que pagar salarios acordes a las tareas que desempeñan, pero no puede haber ninguna discusión si se provoca el caos y se apuesta a generar alarma y miedo», añadió.
También se requieren, argumentó, «estrategias proactivas» para que los nuevos agentes accedan a una formación de calidad y a orientación ideológica, cultural y política «para transformar la policía de corte militar en una de cercanía o de vecindad, con otra matriz, otra mirada del otro, de lo distinto, de lo diverso».
El jurista sostuvo que «la mayor circulación de riquezas ha recompuesto el mapa social de muchos estados provinciales. Indudablemente, la policía debe ser observada como reproductora de un determinado orden social. El fondo del conflicto es la distribución de la riqueza».
Fuentes del gobierno federal dijeron a IPS que se estudia apoyar a las provincias que decidan hacer cambios profundos para democratizar las fuerzas policiales. Entre esas reformas se menciona el control civil, la selección de comisarios por voto popular y la exigencia de calificación psicológica y académica para portar armas.
El gobierno pidió a los fiscales que investiguen si hubo delitos contra el orden constitucional.
Según el fiscal general de Mar del Plata, Daniel Adler, «el acuartelamiento de personas pertenecientes a las fuerzas de seguridad que portan armas de fuego implica un alzamiento en armas contra los poderes públicos reprimido en la ley penal».
Uno de los portavoces de los agentes rebeldes en la ciudad de Mar del Plata fue Carlos Pampillón, del ultraderechista Foro Nacional Patriótico y denunciado por organizaciones judías a raíz de su participación en un video, que reproduce el saludo nazi y una marcha del nacionalsocialismo alemán.
Pampillón, quien se define en su cuenta de Twitter como «Patriota ARGENTINO», ganó notoriedad en octubre por amedrentar a un grupo de estudiantes secundarios que habían cometido destrozos en un templo católico.
