La Federación de Sindicatos de Periodistas (FeSP) de España considera que la subcontratación de programas informativos de las radios y televisiones públicas vulnera el derecho constitucional de la ciudadanía a la información, y señala como especialmente grave la situación en los medios públicos de comunicación que dependen de los gobiernos de Canarias, Extremadura y Aragón.
La contratación por las cadenas públicas autonómicas de radio y televisión de empresas externas, para producir buena parte de sus programas -incluidos los espacios informativos, en algunos casos-, provoca situaciones de precariedad laboral, despidos e inseguridad, porque las plantillas de esas empresas adjudicatarias no tienen ninguna estabilidad en sus puestos. Además, esa fórmula lleva a manipular la información para que no moleste al Gobierno de turno y así garantizarse la renovación del contrato, sostiene la FeSP.
Para la FeSP, Radio Televisión Canaria (RTVC), Canal Extremadura y la Corporación Aragonesa de Radio y Televisión (CARTV) son buenos ejemplos, entre otros, de esa degradación. En esos casos, la mala gestión practicada por sus responsables ha llevado a dichas cadenas a una situación de permanente conflicto, que afecta directamente al derecho de la ciudadanía a disponer de unos medios audiovisuales públicos independientes y de calidad.
La FeSP siempre ha defendido, y ahora lo reitera, que los programas informativos de las radios y televisiones públicas no deben ser externalizados nunca, «porque no es de recibo que se haga negocio con un derecho humano y constitucional como es el derecho a la información de la ciudadanía». Para el resto de los programas, la contratación con empresas externas debe ser autorizada solo en casos totalmente justificados y condicionando esos contratos a que sus trabajadores tengan unas condiciones laborales dignas, exigiendo siempre que la mayor parte de la producción sea propia de la cadena.
Ante la situación de conflicto creada en las cadenas públicas de Canarias, Extremadura y Aragón, por causas totalmente ajenas a sus plantillas y a los trabajadores de las empresas subcontratadas, la FeSP insta a los respectivos gobiernos autonómicos y a los grupos políticos de sus parlamentos para que lleven a cabo las iniciativas legislativas necesarias para garantizar que esas cadenas prestarán el servicio público que tienen encomendado con pluralidad e independencia, con informativos de producción propia y con plantillas que disfruten de condiciones laborales dignas.
Esta organización sindical considera necesario que en esas cadenas de radio y televisión se convoquen sendas ofertas de empleo público, para que puedan presentarse los trabajadores de las empresas que actualmente están subcontratadas -en las condiciones que negocien las partes afectadas- y los demás profesionales que reúnan los requisitos necesarios para aspirar a esas plazas.
La FeSP hace suya la petición de la Unión de Profesionales de la Comunicación de Canarias (UPCC) -sindicato integrado en esta Federación- para que el Parlamento canario no autorice el concurso que ha anunciado el presidente del Consejo Rector de RTVC, Santiago Negrín, para volver a externalizar la producción de los servicios informativos y otros programas por un importe de, 18 millones de euros anuales.
La FeSP pide a los Gobiernos y a los grupos parlamentarios de Canarias, Extremadura y Aragón, y a los de las demás comunidades autónomas, que promuevan en sus territorios Leyes del Audiovisual, única vía para garantizar el derecho de la ciudadanía a unos medios audiovisuales plurales e independientes y también los derechos de los trabajadores de esas cadenas públicas y, en su caso, de las empresas subcontratadas.
