Los gobiernos deberían asegurar que las medidas destinadas a reducir el consumo de drogas ilícitas no incrementen la vulnerabilidad de las personas a contraer hepatitis C ni obstaculicen el acceso a tratamiento, señala Human Rights Watch en respuesta a un informe de la Comisión Global de Políticas sobre Drogas (Global Commission on Drug Policy), difundido el 30 de mayo de 2013, que insta a reformar las políticas vigentes en materia de drogas para proteger la salud pública, minimizar las violaciones de derechos humanos y garantizar el acceso a los servicios de salud a los usuarios de drogas.
El informe de 20 páginas, “The Negative Impact of the War on Drugs on Public Health: The Hidden Hepatitis C Epidemic” (El impacto negativo de la lucha contra las drogas para la salud pública: la epidemia no reconocida de hepatitis C), fue presentado previo a la 23.º Conferencia Internacional sobre Reducción de Daños que tendrá lugar en Vilna, Lituania, del 9 al 12 de junio. Lituania está próximo a convertirse en el país de toda Europa del Este y Asia Central donde las epidemias de hepatitis C y VIH se propagan con mayor celeridad.
“Las leyes punitivas en la lucha contra las drogas expone a los usuarios a enfermedades que podrían ser evitadas e incluso a la posibilidad de muerte por hepatitis C”, observó Rebecca Schleifer, directora de defensa en salud y derechos humanos de Human Rights Watch. “La situación de epidemia obliga a los gobiernos a reformar con urgencia estas normas para proteger tanto a quienes consumen drogas como a la salud pública en general”.
El informe recomienda efectuar reformas urgentes y diversas en las políticas internacionales sobre fiscalización de drogas para proteger el derecho a la salud y otros derechos humanos de quienes consumen drogas.
El documento señala que las políticas represivas en materia de drogas no han reducido el suministro mundial de drogas ilícitas, y han propiciado el crecimiento de la delincuencia organizada, la violencia y el encarcelamiento masivo de personas que consumen drogas. Estas políticas erradas también han contribuido a que se genere una “bomba de tiempo viral”, es decir, una epidemia masiva de hepatitis C que podría tener graves costos humanos, sociales y económicos a largo plazo.
Las investigaciones efectuadas por Human Rights Watch en numerosos países, como Estados Unidos, Ucrania, Rusia, Tailandia, Canadá, Kazajstán y Bangladesh, han permitido documentar evidencias de que las leyes de naturaleza penal sobre el consumo de drogas y la posesión para uso personal, así como las prácticas de aplicación de la ley relacionadas, provocan que las personas no tengan acceso a información vital y los aleja de los servicios de salud.
En algunos países, muchas personas que consumen drogas inyectables no llevan consigo jeringas estériles ni otros equipos para consumo de este tipo de drogas debido a que poseer tales elementos puede definirlos como consumidores de drogas y exponerlos a que sean sancionados por otros motivos. Muchas de estas personas no intentan obtener tratamiento o no acceden a otros servicios de salud necesarios, también por temor a ser arrestadas o condenadas.
En la cárcel, muchas personas continúan consumiendo drogas inyectables, pero los servicios de prevención y tratamiento son muy limitados. La especial preponderancia de la hepatitis C y el VIH en prisión, sumada a la falta de servicios adecuados, convierten al encarcelamiento en una combinación de factores que podrían tener consecuencias particularmente letales.
Las principales recomendaciones de la Comisión exhortan a los gobiernos a reconocer que las prácticas rigurosas de aplicación de la ley perpetúan la propagación de la hepatitis C, el VIH y otras condiciones que deterioran la salud humana.
Exigen a los gobiernos reasignar inmediatamente sus recursos a medidas de salud pública que maximicen la prevención y la atención de la hepatitis C, las cuales deberán ser formuladas con participación de las comunidades más afectadas. La comisión también instó a la ONU a demostrar liderazgo para promover respuestas nacionales más efectivas que permitan alcanzar estas reformas.
Diversos especialistas internacionales en salud y fiscalización de drogas —incluida la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, ONUSIDA, la Organización Mundial de la Saludy el Relator Especial de la ONU sobre Salud— apoyan la creación de servicios integrales conocidos como reducción del daño, incluso en el contexto de la prisión, ya que consideran que constituye una condición esencial para prevenir la hepatitis C y el VIH entre personas que consumen drogas.
Tales medidas incluyen brindar terapias de sustitución de opioides como metadona o buprenorfina, equipos esterilizados para consumo de drogas inyectables e información sobre hepatitis C, además de pruebas y tratamiento. Las directricesde la OMS sobre prevención de hepatitis B y C entre personas que usan drogas también destaca la importancia del acceso a justicia, servicios de salud aceptables y prestación integral de servicios como condición fundamental para la prevención, la atención y el tratamiento de la hepatitis C.
Es poco habitual que tales servicios se brinden a personas que consumen drogas, y esto tiene consecuencias peligrosas y previsibles, señaló Human Rights Watch. Se cree que la hepatitis C afecta a cerca de 10 millones de personas, lo cual representa más del 60 por ciento de quienes consumen drogas por vía intravenosa. La mayoría de los tres millones de personas que consumen drogas y viven con VIH tienen además hepatitis C, y se estima que en algunos países los índices de coinfección ascenderían a más del 90 por ciento. Se trata de una combinación letal, dado que la hepatitis C puede exacerbar la infección con VIH y complicar la posibilidad de recibir tratamiento médico.
La comisión señaló que, según se ha demostrado, el tratamiento para hepatitis C incrementa la continuidad del tratamiento por VIH entre personas que consumen drogas. No obstante, el índice de tratamiento es “inaceptablemente bajo” entre quienes viven con VIH y hepatitis C a la vez, y esto pone en riesgo sus posibilidades de sobrevivir.
“Sabemos cómo prevenir la hepatitis C y el VIH entre quienes consumen drogas”, comentó Schleifer. “No tomar medidas para conseguirlo constituye una decisión política con consecuencias letales”.
El informe de la Comisión Global se suma a las voces de líderes nacionales, regionales e internacionales que reclaman al unísono que los gobiernos y las Naciones Unidas inicien un debate sobre estrategias alternativas para la definición de políticas en materia de fiscalización de drogas.
Su aparición se produce luego de que especialistas de la ONU manifestaran sus preocupaciones ante las consecuencias negativas para la salud y otros derechos humanos provocadas por medidas internacionales de fiscalización de drogas, entre ellos el Relator Especial de la ONU sobre Salud. Previamente en mayo, la Organización de los Estados Americanos publicó un informe totalmente novedoso donde se analizan medidas jurídicas y políticas reglamentarias alternativas para abordar la violencia vinculada con las drogas, y prevenir y tratar el consumo de drogas.
“Hay un reconocimiento cada vez más amplio de que los enfoques actuales sobre fiscalización de drogas amenazan la salud y la vida de millones de personas, y suponen un gigantesco costo económico y social”, observó Schleifer. “Los gobiernos de todo el mundo deberían escuchar las advertencias de los expertos para que se reformule el enfoque global en materia de drogas desde una mirada crítica”.
