Estamos asistiendo en España a un ataque progresivo y constante a los derechos y libertades de la ciudadanía por parte del Gobierno del Partido Popular, opina Carlos Barra Galán1.
En el marco de una crisis provocada por los poderes económicos y financieros que ha llevado a la sociedad española a unos niveles de paro y pobreza nunca conocidos en democracia, que nos convierte en campeones en desigualdad social, que tolera un insoportable fraude fiscal, premiado por el Gobierno con una amnistía a personajes indecentes que delinquen; que establece una reforma laboral que dinamita los fundamentos del Derecho en esa materia determinando una absoluta prepotencia de la clase empresarial en las relaciones laborales, que permite someter a los trabajadores a condiciones propias de países tercermundistas.
En un escenario social donde el Partido Popular que sustenta al Gobierno (inmerso en numerosas actuaciones judiciales por presunta financiación ilegal, existencia de contabilidad B, connivencia con la trama mafiosa Gürtel), no asume ninguna responsabilidad, sino al contrario, sigue negando hechos que las actuaciones judiciales van mostrando como presumiblemente ciertos.
Es en este marco donde asistimos a intentos por parte del Gobierno de recortar y dificultar derechos fundamentales consagrados en nuestra Constitución (reunión, manifestación y huelga). El anteproyecto de ley de seguridad ciudadana con articulado dudosamente constitucional, el comportamiento intimidatorio y desproporcionado de las fuerzas de seguridad cuando los ciudadanos ejercen esos derechos , son en mi criterio ejemplos claros de la intención gubernamental de pretender acallar mediante la sanción y el miedo las legítimas protestas de rechazo a una política que castiga duramente las condiciones de vida de una amplia mayoría social.
En relación al derecho de huelga, el Gobierno, utilizando de manera torticera el derecho al trabajo de los no huelguistas, pretendería establecer un marco normativo que contemplara una especie de “huelga domesticada” en cuyo marco el trabajador se limite a no acudir al trabajo durante los conflictos y esperar resignadamente la reducción salarial correspondiente por ejercer su derecho.
Sin entrar ahora, sobre la necesidad o no, de promulgar una ley de huelga que es cuestión que este texto no pretende analizar, lo cierto es que por lo escuchado en esta materia a varios responsables del PP no parece sea su intención facilitar el ejercicio de un derecho fundamental de esta naturaleza.
Conocemos hoy que en la actualidad hay en España cerca de trescientos trabajadores inmersos en procesos judiciales por participar en distintas huelgas, para quienes la Fiscalía solicita penas de cárcel que en conjunto suman en torno a 120 años según han informado diferentes medios de comunicación , existiendo peticiones de penas individuales de ocho años de prisión; son peticiones desproporcionadas que producen asombro, perplejidad e indignación, más aún si conocemos las penas solicitadas o impuestas a personajes públicos acusados de delitos tan graves como, malversación de dinero público, fraude, blanqueo de capitales, adjudicación ilegal de sustanciosos contratos públicos etc.
Esta situación es extremadamente grave, exige una respuesta contundente de las Organizaciones Sindicales (ya se han anunciado acciones), de todos los partidos políticos de la oposición que no pueden permanecer impasibles ante la política de acoso a los derechos democráticos que el Gobierno está llevando a cabo, y también del conjunto de la ciudadanía que en cualquier momento puede encontrarse en la misma situación. Asimismo creo que los jueces y magistrados serán sensibles a la realidad social del país y esas peticiones de penas no serán contempladas en los fallos judiciales que se produzcan.
Frente a los reiterados intentos gubernamentales de debilitar la salud de nuestro sistema democrático, la mejor defensa del mismo se consigue ejercitando sin miedo, en libertad y de forma pacífica los derechos que la Constitución reconoce.
- Carlos Barra Galán es médico del Sistema Madrileño de Salud, Médico Especialista en Gerencia de Áreas de Salud, exgerente de Hospital Universitario, exdirector Provincial de Insalud. Licenciado en Derecho
