El 18 de abril de 2017, seis meses después de iniciarse el proceso ciudadano contra el gigante estadounidense de la biotecnología agrícola, el Tribunal Internacional Monsanto[1] ha sentenciado que la multinacional ha atentado gravemente contra varios derechos humanos. Los cinco jueces de La Haya, llegados de Argentina, Canadá, México y Senegal, presididos por la magistrada belga Françoise Tulkens, exvicepresidenta del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, han pedido que, en adelante, el delito de «ecocidio» figure en el derecho internacional.
La sentencia que tiene carácter “consultivo” -.por lo que no puede considerarse como una condena en el sentido jurídico del término- la han dictado los cinco jueces que, en octubre de 2016, escucharon durante dos días los testimonios de una treintena de expertos, abogados y víctimas de la multinacional de los OGM y los pesticidas.
Para el dictamen, de 66 páginas, los jueces se han basado en documentos obligatorios de la ONU y también en los “principios que deben regir las empresas en relación con los derechos humanos”, aprobados en 2011 por el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, y concluyen que Monsanto ha llevado a cabo prácticas “que tienen un impacto serio y negativo sobre el derecho a un medio ambiente sano”, y también recuerdan que los testimonios recogidos hacen referencia a la salud humana, el suelo, las plantas y organismos acuáticos, la salud animal, la biodiversidad y los derechos de los pueblos autóctonos. Impacto que, entre otros, se debe al glifosato, una molécula que entra en la composición del Roundup, el herbicida más utilizado en el mundo y que Monsanto usa en sus productos genéticamente modificados (OGM).
Para sentenciar que las prácticas del gigante de los herbicidas “afecta negativamente al derecho a la salud”, el Tribunal Monsanto cita una extensa relación de testimonios que hablan de malformaciones de nacimiento, linfomas, enfermedades crónicas, envenenamiento por el herbicida Lasso, e incluso casos de muertes tras estar expuestos continuamente a los productos de Monsanto. Y recuerda que la compañía transnacional ha fabricado y vendido substancias peligrosas como los PCB (policlorobifenilos), hoy prohibidos, que han ocasionado distintos tipos de cáncer, problemas de infertilidad y de desarrollo en los niños, y alteraciones del sistema inmunitario.
El glifosato, pulverizado sobre el 80 % de los cultivos de OGM, presente en el medio ambiente y en el cuerpo humano, y definido por la Organización Mundial de la Salud como “probable cancerígeno para el hombre”, en una versión conocida como “agente naranja”, fue pulverizado también por el ejército estadounidense, desde sus aviones, durante la guerra de Vietnam.
Un proceso simbólico pero justo y legítimo
Así define la actuación del Tribunal Monsanto la ONG Greepeace, una de las organizaciones que lleva años denunciando las prácticas de Monsanto. “Aunque simbólico –dice en su página web- el proceso lo han instruido expertos en justicia internacional que pueden permitirse hacer recomendaciones al Tribunal Penal Internacional con la esperanza de que el derecho internacional avance, especialmente integrando el ecocidio entre los delitos que castiga”.
“Pese a no ser jurídicamente obligatorio, no por eso es menos justo y legítimo –dice Arnaud Apoteker, miembro del Comité de organización del Tribunal Monsanto- los testigos han presentado verdaderos casos ante verdaderos jueces”. Los problemas planteados ante el Tribunal Monsanto no conciernen únicamente a los campesinos y los ecologistas: “Nos afectan a todos. Como ciudadanos y consumidores podemos optar y tomar decisiones determinantes para el futuro de todos”.
- El Tribunal Internacional Monsanto es una movilización internacional de la sociedad civil para juzgar a la multinacional Monsanto por violaciones de los derechos humanos, crímenes contra la humanidad y ecocidio.
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