El arresto en Turquía de dos periodistas por publicar un artículo que denunciaba la entrega de armas a rebeldes sirios por el organismo estatal de inteligencia y el posterior asesinato de un defensor de derechos humanos kurdo revelan el deterioro de la libertad de expresión en ese país, informa Lorena Di Carlo (IPS).
La represión contra los medios de comunicación se intensificó justo antes de las elecciones nacionales del 1 de noviembre. Desde que el Partido de Justicia y Desarrollo (AKP, en turco) fue reelegido con el liderazgo de Recep Tayyip Erdogan, las condiciones para poder ejercer la libertad de prensa no dejaron de deteriorarse.
El gobierno aprobó leyes que amplían la capacidad del Estado para controlar los medios de comunicación independientes y ahora tiene una mayor autoridad para bloquear sitios de Internet. También fortaleció la capacidad de vigilancia de la Organización Nacional de Inteligencia. Los periodistas se enfrentan a obstáculos legales sin precedentes, mientras que la capacidad de la justicia para perseguir la corrupción se ve limitada por referencias a la «seguridad nacional».
Para regular a diversos medios de comunicación, las autoridades recurren al Código Penal, las leyes de difamación y una ley antiterrorista.
Como consecuencia directa de las multitudinarias protestas de 2013, el gobierno reforzó el control de los medios, incluida Internet. Luego de ser acusado de corrupción en diciembre del mismo año, redobló el control sobre el sistema de justicia penal y reasignó a jueces, fiscales y policías.
En 2013, en medio de un escándalo de corrupción que los medios de comunicación social destaparon a través de llamadas telefónicas que implican a ministros de Estado y miembros de sus familias, el gobierno reaccionó con la clausura de Twitter y YouTube durante varias semanas, y adoptó una ley de Internet aun más restrictiva que la vigente.
Sin embargo, los dos sitios de Internet se reabrieron después que la Corte Constitucional falló en contra de las medidas del Gobierno.
El diario Cumhuriyet (La república), es el más antiguo de Turquía. Desde que el AKP llegó al gobierno se ha distinguido por un periodismo imparcial y ocasionalmente valiente. El 17 de noviembre recibió el premio a la Libertad de Prensa de la organización Reporteros sin Fronteras por su postura contraria a la presión del gobierno contra los medios de comunicación.
Poco después, el 26 de noviembre, el redactor responsable de Cumhuriyet, Can Dundar, y el jefe de la oficina del diario en Ankara, Erdem Gul, fueron arrestados y podrían sufrir una condena de cadena perpetua por un artículo que afirma que los servicios secretos turcos enviaron armas a los rebeldes islamistas en Siria.
Un video del diario muestra cómo se transportaban armas y municiones en camiones con destino a los rebeldes que luchan contra el presidente sirio Bashar al Assad.
A pesar de su oposición al gobierno de Assad, Ankara niega que haya asistido a los rebeldes y, por ende, contribuido con la consolidación del extremista Estado Islámico (EI). La acusación de Cumhuriyet generó una tormenta política que enfureció al presidente Erdogan, quien declaró que el redactor responsable del diario «pagaría un alto precio» por su «espionaje».
Dündar defendió la acción del diario: «somos periodistas, no funcionarios públicos. Nuestro deber no es ocultar los secretos sucios del Estado, sino pedirle cuentas en nombre del pueblo», subrayó.
El Ministerio del Interior sostiene que los camiones llevaban ayuda humanitaria a la comunidad turcomana de la vecina Siria y que los artículos de Cumhuriyet equivalían a difamación política. «Venimos aquí para defender el periodismo. Hemos venido a defender el derecho del público a obtener noticias y su derecho a saber si su gobierno les miente», afirmó Dundar poco antes de comparecer ante el tribunal.
«Si estos dos periodistas van a la cárcel será una prueba más de que las autoridades turcas están dispuestas a utilizar métodos dignos de una época pasada con el fin de suprimir el periodismo independiente en Turquía», advirtió el secretario general de Reporteros sin Fronteras, Christophe Deloire.
Reporteros sin Fronteras ubica a Turquía en el lugar 149 entre 180 países en lo que respecta a la libertad de prensa, denunciando que existe un «aumento peligroso de la censura» en el país. La organización exhortó al juez de la causa que desestime los cargos contra los periodistas como un caso de «persecución política».
La detención de ambos periodistas generó malestar en la Unión Europea (UE), que padece una gran afluencia de refugiados sirios y necesita la ayuda de Ankara para resolver la crisis. Los periodistas turcos pidieron a la UE que, en nombre de la libertad de expresión y como parte de los esfuerzos para combatir la amenaza del totalitarismo del extremista EI, reaccione ante el afán del gobierno turco de controlar y gestionar la información y el periodismo independiente.
Poco después del arresto de los periodistas, Tahir Elci, defensor de los derechos humanos y presidente del Colegio de Abogados de Diyarbakir, una provincia sudoriental de Turquía, murió durante un tiroteo el 28 de noviembre en la ciudad de Diyarbakir, la capital provincial.
El abogado kurdo murió en un incidente confuso mientras hacía declaraciones a los medios de comunicación reclamando el fin de la violencia entre los kurdos nacionalistas y las fuerzas de seguridad turcas. Su muerte, considerada un asesinato por muchos, elevó la tensión en las regiones de Turquía dominadas por los kurdos, donde se impusieron toques de queda en varias comunidades.
Elci y otros abogados de Diyarbakir denunciaban el daño causado al patrimonio histórico durante las hostilidades entre la guerrilla del YDG-H, un grupo relacionado con el grupo armado kurdo PKK, y la policía.
Las imágenes de video captadas en el momento de su muerte lo muestran escondiéndose detrás de un hombre armado, mientras se oían tiros desde ambos extremos de la calle donde se encontraban. Un momento después, el abogado se ve tendido boca abajo en el suelo.
Oficialmente se dijo que los militantes kurdos abrieron fuego, que fue devuelto por efectivos de seguridad: «No queremos armas, choques u operaciones aquí», fueron las últimas palabras de Elci antes del ataque.
El Partido Democrático del Pueblo (HDP), un partido opositor de origen kurdo, atribuyó la muerte de Elci al partido gobernante AKP: «Este asesinato planificado apuntó a la ley y la justicia a través de Tahir Elci. …fue atacado por el gobierno del AKP y sus medios de comunicación, y se lanzó una campaña de linchamiento contra él», denunció.
El HDP recordó que el 19 de octubre se emitió una orden de captura contra Elci acusándolo de hacer «propaganda para una organización terrorista». El motivo fue que, en un programa de la red de televisión estadounidense CNN, había declarado que el «PKK no es una organización terrorista… Aunque algunas de sus acciones tienen la naturaleza de terror, el PKK es un movimiento político armado «.
El primer ministro turco, Ahmet Davutoglu, declaró que no se sabe con certeza si Elci fue atrapado en un tiroteo o si fue asesinado. «El objetivo es Turquía. Es un ataque contra la paz y la armonía en Turquía», añadió.
- Traducido por Álvaro Queiruga
- Publicado inicialmente en IPS Noticias
