Esta es una época nueva en Guatemala, estamos experimentando algunos cambios que no tocan lo estructural, ya que no se trata de una revolución, pero son cambios al fin. Algunos sectores sociales están empoderados de su condición de ciudadanos, una afortunada herencia de la crisis del 2015.
También hay cambios positivos en la forma de ver las diferencias; hoy ya muchos, con alguna naturalidad, hablan de la población LGBT o sea de las personas lesbianas, gays, bisexuales y trans; antes hasta en Naciones Unidas estaban clasificadas como “enfermas”. Para varios esto es un gran shock, una inmoralidad o algo contrario a la naturaleza, pero es una realidad y así debe ser aceptada. Cada uno tiene derechos que es libre de ejercer.
El 17 de mayo se conmemoró el Día Internacional contra la Homofobia, Transfobia y Bifobia, por lo que la ONU hizo un llamado urgente a terminar con la patologización de quienes tienen esta orientación sexual. El Ministerio Público ha asumido un papel muy beligerante para capacitar a fiscales en la materia, lo cual es un avance. Y por supuesto hay que reconocer la lucha titánica de las organizaciones que defienden esos derechos, entre ellas Lamda.
Otro de los ámbitos en que están impulsándose importantes cambios es en el electoral, donde algunas reformas legales ya promulgadas no fueron las que se esperaban, ni siquiera las que se ofrecieron, tal el caso de la Ley Electoral y de Partidos Políticos. Quienes ante esta incoherencia nos inconformamos recibimos reclamos con el argumento de que “algo es algo” y que esperemos la de la siguiente generación. Olvidan que los parches no resuelven los problemas, los reciclan.
Hay otra reforma en marcha, la del sector justicia, una necesidad más que sentida desde hace varias décadas, que requiere cambios constitucionales, para lo cual los presidentes de los tres poderes hicieron una convocatoria para reformar la Carta Magna. Se diseñó una metodología participativa, conducida por el Ministerio Público, la Cicig y la Procuraduría de Derechos Humanos.
En un día se han reunido a los liderazgos locales y a la ciudadanía interesada en participar en algunos departamentos para abordar los temas: la independencia para jueces y magistrados, el reconocimiento del pluralismo jurídico, el fortalecimiento a la carrera profesional del Ministerio Público, el acceso a la justicia que incluye la asistencia jurídica gratuita y la inmunidad a los funcionarios públicos. En tres meses más se espera que concluya todo el proceso.
Llaman la atención aspectos que han sido relevantes y algunos cuestionados, como los siguientes: la metodología, algunos la consideran insuficiente para la discusión en tan corto tiempo, la postura reiterada de sacar al Congreso del proceso de selección de funcionarios, el cuestionamiento del retiro de inmunidad a los alcaldes, avalada por el propio presidente, uno de los convocantes al diálogo; y el pluralismo jurídico, una verdadera innovación en el sistema que reconoce una realidad en el país y a las autoridades ancestrales, pero que ha generado dudas sobre la forma de aplicación.
Esta reforma es indispensable y urgente, pero siendo un asunto tan especializado es difícil lograr una participación consciente en tan poco tiempo.
Todos estos procesos suceden en un contexto de deterioro del Estado, que se encuentra casi en coma. El Organismo Legislativo goza de una impopularidad y un desprestigio galopante. El Ejecutivo y su titular están permanentemente en entredicho, al grado de que hasta quienes aplaudieron la llegada del presidente, muchísimos por cierto, ahora algunos ya no quisieran que estuviera a cargo del Gobierno. Y el Judicial prácticamente no solo tocó fondo, sino que está llegando al subsuelo, de donde urge rescatarlo.
Afortunadamente soplan esperanzadores vientos de cambio.
