Selina, una habitante de una pequeña comunidad en Malaita, la provincia más poblada de este archipiélago de las Islas Salomón, en el océano Pacífico, vio con horror cómo un hombre parado en la calle frente a su casa le arrancaba la ropa a su esposa, luego la golpeaba y la hería con un cuchillo, informa Catherine Wilson (IPS) desde Auki.
«El hombre continuó diciéndole a su esposa que se incorporara y lo siguiera por la calle, y cada vez que se caía, él la pateaba», dijo Selina (nombre ficticio) a IPS, recordando el incidente ocurrido a comienzos de este mes.
«Luego el marido dijo que, según el ‘kastom’ (sistema de valores tradicionales en las Islas Salomón), nadie tenía permitido tocar a su esposa o defenderla», agregó.
Aunque la multitud que se había congregado ante la escena no estaba dispuesta a intervenir, Selina no se sintió intimidada: «Yo también fui víctima de violencia doméstica, así que sentí el dolor de esta mujer. Tuve la sensación de que tenía que seguirla, de que podía salvarla», continuó.
Sola, Selina siguió a la pareja por la calle y aprovechó la oportunidad de rescatar a la mujer cuando el hombre se fue en busca de un cigarrillo. Escapando en medio de la oscuridad, y con el perpetrador persiguiéndolas ciegamente, Selina se las arregló para ocultar a la víctima en una casa cercana antes de alertar a la policía y a los servicios médicos. El marido fue arrestado y permanece bajo custodia policial.
En este país del Pacífico occidental que está integrado por unas 900 islas, ubicadas al nororiente de Australia y al oriente de Papúa Nueva Guinea, cada día hay nuevos casos de violencia y abusos contra las mujeres.
La arraigada desigualdad de género causa una de las mayores proporciones mundiales de violencia doméstica. Se estima que 64 por ciento de las mujeres de entre 15 y 49 años experimentan abusos por parte de sus parejas.
Pero en la provincia de Malaita, 100 kilómetros al este de la capital, Honiara, las mujeres actúan y salvan vidas.
En 2011, el Concejo de Mujeres de Malaita urgió al Ministerio de Unidad Nacional, Paz y Reconciliación a ofrecer un programa de educación sobre la violencia doméstica para mujeres locales de esta provincia de aproximadamente 140.000 habitantes.
Una portavoz del Concejo dijo a IPS que, como 80 por ciento de la población reside en áreas rurales con infraestructura y servicios inadecuados, es vital que las mujeres reciban el apoyo y la capacitación que necesitan para defenderse, especialmente dado que el único refugio femenino del país, el Centro Cristiano de Cuidados, se encuentra a varias millas de distancia, en Honiara.
El programa educativo ha generado estrategias que incluyen intervenir cuando se presencia un hecho de violencia familiar, alertando rápidamente a la policía, ayudando a la víctima a resguardarse y trabajando en conjunto con funcionarios de aplicación de la ley para visitar comunidades afectadas y hacer participar a la población en el diálogo sobre la violencia doméstica como delito.
Aunque menos de la mitad de los 500 integrantes individuales y 30 grupos miembros del Concejo han completado hasta ahora el programa de concientización, mujeres como Selina ya han demostrado sus beneficios: «Este taller cambió mi vida», declaró. «Mis puntos de vista sobre la violencia doméstica cambiaron y yo supe, por primera vez en mi vida, que podía hacer algo al respecto».
El estigma que rodea a las víctimas de la violencia de género, aparejado con el temor al castigo por parte de los hombres de la familia y a la «retribución», han empujado a las sobrevivientes al silencio.
Pero el acto de valentía de Selina la hizo ganarse muchos aplausos e impulsó a las mujeres de la comunidad a reclamar mayor cobertura de los medios de comunicación sobre incidentes de este tipo.
Arraigada desigualdad
Activistas sostienen que llevará mucho tiempo cambiar los comportamientos y actitudes que permiten que prevalezca este clima de abuso.
En un estudio de 2008 sobre salud familiar y seguridad, muchos hombres se refirieron a la desigualdad de género como la «norma», mientras que 73 por ciento de hombres y mujeres señalaron que la violencia era aceptable si las mujeres no cumplían con los «roles tradicionales» de las tareas domésticas y el servicio dentro de la familia.
Pese a la presencia de mujeres en la educación y el empleo formal, sigue predominando el punto de vista según el cual el lugar que les corresponde está dentro de la esfera doméstica.
Las mujeres cargan con la mayor parte del trabajo intensivo, como recolectar leña y agua y trabajar en huertos, y están escasamente representadas en los roles de toma de decisiones públicas. Actualmente hay una sola mujer parlamentaria en el país.
La última enuesta independiente sobre educación, realizada en 2007 por el Asian South Pacific Bureau of Adult Education, reveló enormes brechas de género en materia educativa: 53,8 por ciento de las mujeres consultadas de entre 15 y 19 años no estaban inscriptas en la escuela, en comparación con 37,6 por ciento de los varones. El alfabetismo femenino se ubica en 14 por ciento, en contraste con 21 por ciento del masculino.
La violencia doméstica es ahora endémica en el país. El Centro de Apoyo Familiar de Honiara registra hasta seis casos por día.
«Tolerancia cero» a la violencia
En los últimos tiempos, el gobierno introdujo políticas nacionales para eliminar la violencia contra las mujeres y sobre igualdad de género y desarrollo femenino. Ambas promueven el progreso político, social y económico de las mujeres.
Hace siete años, el lanzamiento de una política de «tolerancia cero» sobre violencia doméstica por parte de la fuerza policial también ayudó a las mujeres en sus esfuerzos por que se hiciera justicia.
«Cuando alguien reporta un caso de violencia doméstica, llevamos a cabo una investigación y el perpetrador queda preventivamente en custodia», dijo a IPS un portavoz policial en la localidad de Auki, la principal de la provincia: «Aunque la víctima luego retire la denuncia, de todos modos debe ir a tribunales y el magistrado decidirá el veredicto y la sentencia», agregó.
Esta política fomentó una mayor confianza en la policía, e hizo que muchos oficiales de esa fuerza acusados de violencia doméstica perdieran sus empleos.
Previo a la implementación de la política, en 2005 se reportó solo un caso de violencia doméstica en Malaita, pero esto aumentó a 18 casos en 2010 y a 12 el año pasado, la mayoría de los cuales involucraron serios daños corporales.
Expertos estiman que decenas de casos quedan sin reportar, y que las víctimas enfrentan enormes presiones de parte de miembros de sus familias extendidas, especialmente de parientes políticos, para permanecer en silencio.
«Ya no podemos pararnos a mirar y decir que la violencia doméstica no es asunto nuestro. Debemos actuar e intervenir para impedir que ocurra», enfatizó Selina.
