Roberto Savio
Es un hecho insólito que invita a la reflexión que en un referendo Suiza haya emprendido un camino opuesto al de la Unión Europea (UE) en materia de inmigración, sobre todo porque ha optado por una senda mucho más progresista, pese a que estábamos acostumbrados a considerarlo un país muy conservador.
El 30 de noviembre, los ciudadanos suizos votaron una propuesta para reducir el ingreso de inmigrantes hasta un máximo de 17.000 por año, en comparación con 88.000 en 2013.
La iniciativa fue rechazada por 73 por ciento del electorado, tras una campaña unánime del gobierno, los empresarios y los sindicatos advirtiendo que sin los inmigrantes surgirían serios problemas para mantener la expansión de la economía.
Cabe señalar que los extranjeros representan 23,5 por ciento de la población en Suiza, en comparación con un promedio de 4 por ciento en el conjunto de Europa.
En el mismo referendo, también se proponía dedicar 10 por ciento de los fondos de la cooperación internacional suiza al control de la natalidad en los países pobres. Una propuesta claramente racista, que también fue derrotada. Los ciudadanos suizos no tienen derecho a decidir la planificación familiar en otros países.
Mientras los suizos votaban, el primer ministro británico, David Cameron, divulgaba su propuesta para limitar drásticamente la inmigración europea.
Los residentes de otros países europeos serían expulsados de no encontrar un trabajo en un plazo de seis meses. Tendrían que trabajar de forma continua durante cuatro años antes de tener acceso a los beneficios sociales del país. También enfrentarían restricciones en su derecho a la reunificación familiar, incluso después de tener un empleo.
El mismo debate está en curso en Alemania, donde el gobierno está llevando a cabo una campaña mediática para impulsar el apoyo popular a un proyecto de ley que también contempla la expulsión de los inmigrantes europeos que no encuentren trabajo en un plazo de seis meses. Es obvio que esto tendrá un efecto cascada en otros países europeos.
En ambos casos, se trata de un intento para debilitar a los partidos antieuropeos: el Partido de la Independencia del Reino Unido (UKIP, en inglés), que está en auge en Gran Bretaña, y la Alternativa para Alemania (AFD, en alemán). La iniciativa de la canciller alemana, Angela Merkel, es un mero acto de populismo porque la AFD no es una amenaza como el UKIP.
Una oleada de xenofobia se está propagando en toda Europa
El Frente Nacional de Marine Le Pen apunta a convertirse en el mayor partido de Francia. En Italia, la derechista Liga Norte crece día a día.
Actualmente, existe un partido xenófobo y antieuropeo en todos los países de Europa, con la notable excepción de España, donde el gobernante Partido Popular ha sido capaz de representar a toda la derecha.
Llama la atención que todos esos partidos están estrechando alianzas y fomentando un rechazo paneuropeo hacia la UE. Marine Le Pen acaba de presidir en la ciudad francesa de Lyon una reunión de siete partidos de extrema derecha, tales como el belga-flamenco Vlaame Belang y elholandés Partido por la Libertad, de Geert Wilders.
Aún más sorprendente fue la presencia en Lyon de dos dirigentes del partido Rusia Unida, del presidente Vladimir Putin. Entre los partidos de derecha europeos existe un creciente apoyo a Putin. Recientemente, el Primer Banco Checo-Ruso, con sede en Moscú, concedió un préstamo de nueve millones de dólares al Frente Nacional.
La realidad es que Europa enfrenta una gran necesidad de jóvenes inmigrantes para mantener su competitividad a nivel internacional, e innumerables estudios demuestran que los inmigrantes tienen un impacto positivo en la economía.
En Gran Bretaña, los inmigrantes representan 4,3 por ciento de la población. Su índice de empleo es de 78,8 por ciento, superior a la media británica de 73,6 por ciento, y solo 15 por ciento de los inmigrantes solicitan algún tipo de subsidio.
De acuerdo con un estudio elaborado por el University College de Londres, entre 2001 y 2011 los inmigrantes europeos contribuyeron con más de 31.500 millones de dólares a las finanzas públicas británicas.
Del mismo modo, todas las investigaciones a nivel europeo indican que los inmigrantes solicitan menos subsidios que los nacionales, son contribuyentes netos en términos de impuestos, y asumen tareas que los nacionales ya no aceptan.
Según proyecciones de la Organización de las Naciones Unidas, para mantener un sistema de pensiones viable, Europa necesita incorporar 20 millones de personas al sistema laboral. Pero, en este momento, esto simplemente no es «políticamente correcto».
La pequeña minoría de inmigrantes implicados en delitos es lo que todo el mundo advierte a través de una gran exposición en los medios informativos. Y los partidos que surfean esta ola, piden el regreso a una Europa blanca y pura.
El papa Francisco habla sobre la ética y la solidaridad con los inmigrantes, pero si los partidos políticos son capaces de ignorar la economía, ¡imagínense la ética!
El español Instituto Nacional de Estadística acaba de presentar datos que están en consonancia con estudios similares en toda Europa.
En 1976, nacieron en España 676.718 niños, 18,7 bebés por cada 1000 madres. En 1995, se registraron 363.467 nacimientos, 9,2 bebés por cada 1000 madres.
La División de Población de Naciones Unidas hizo una proyección elocuente sobre la declinante demografía española. Si las fronteras españolas se cerrasen y nadie pudiese entrar o salir, unido a la creciente reducción del número de mujeres en edad fértil, el resultado sería que en 2100 la población española se redujese a 800.000 personas.
Basta simplemente observar a los Estados Unidos para poder verificar la política opuesta. Cada año, los jóvenes aportan una expansión constante a la fuerza de trabajo y a la economía. Ni siquiera el más rabioso republicano habla de abolir la inmigración, sino apenas de mantenerla a un ritmo menor.
Mientras tanto, debido a la contracción de su popularidad, el presidente Barack Obama está afrontando la cuestión de la inmigración, pero en la dirección opuesta: quiere legalizar el mayor número posible de inmigrantes indocumentados… y ya hay 52 millones de inmigrantes.
El auténtico problema es que Europa tiene una carencia dramática de verdaderos estadistas, hombres o mujeres que estén dispuestos a contradecir las urnas por el bien de su país.
El mejor ejemplo es la poderosa Merkel, quien nunca encaró algún riesgo o alguna decisión difícil, excepto sobre la abolición de la energía nuclear, y esto debido a la aversión generalizada después del tsunami japonés.
El comentario de Merkel acerca de la ley sobre la restricción de los inmigrantes europeos fue: «Europa no es una unión social». En otras palabras, el flujo de capitales está protegido, el flujo de trabajadores no.
En todo esto, la Comisión Europea, el órgano ejecutivo de la UE, ha guardado silencio sobre la inmigración.
Su presidente, Jean-Claude Juncker, impasible ante las revelaciones sobre cómo ayudó a cientos de corporaciones a evitar impuestos en Europa mediante acuerdos en Luxemburgo, está presentandoahora un plan de desarrollo al que la Comisión contribuiría solo con 10 por ciento. El restante 90 por ciento sería financiado por el sector privado… ¡que es su marco de referencia!
Europa está cometiendo un suicidio evidente. La gente recién lo descubrirá cuando haya perdido su posición en la competencia mundial… solo entonces, tal vez, será clara la diferencia entre un estadista y un político.
- Editado por Pablo Piacentini
- Columna distribuida por IPS Noticias
Lo cierto es que son los empresarios suizos los que más pasta pusieron en el reciente referéndum para el voto afirmativo a la entrada de más inmigrantes. Al capitalismo siempre le interesa, sobre todo, la rentabilidad que va a obtener por una mano de obra más barata y dócil que la nacional.
Una de las mayores falsedades que he leído en el artículo se refiere a eso de que «los inmigrantes hacen los trabajos que los autóctonos no quieren». Quien difunde esta mentira, ¿sabe lo mal que lo está pasando la clase trabajadora española que está en paro? Los españoles que están desempleados no rechazan trabajo alguno, pero quieren un mínimo de dignidad salarial y de condiciones laborales. Hay, por lo tanto, una competencia desleal de los inmigrantes, que sí aceptan lo que incluso es ilegal.