Rosina González, activista y escaladora de Greenpeace, ha sido acusada por Pemex (Petróleos Mexicanos) de un supuesto «daño» mientras exigía que el Gobierno apoyara el desarrollo de energías renovables en el país.
El cargo podría acarrearle nada menos que de cuatro a diez años de prisión.
Esto sucedió el 1 de marzo pasado, cuando, junto con otros cinco activistas más, se manifestaron en Veracruz en el edificio de Pemex Refinación, donde colgaron una pancarta. Al terminar, fueron detenidos y privados de su libertad durante más de 28 horas. A todos se les acusa de un aparente allanamiento de morada, y a ella por el supuesto daño a un reflector.
Manifestarse no es un delito, asegura Greenpeace, “el delito es fomentar el cambio climático y el daño causado por la extracción de petróleo”. En su opinión, México no puede seguir anclado a los combustibles fósiles, que cada día son más caros y difíciles de extraer, y exige una verdadera reforma energética que contemple fuentes alternativas de energía, como el sol y el viento.
Ante esta situación, que consideran injusta, acaban de poner en marcha una campaña de recogida de firmas apoyando la carta que han remitido a Emilio Lozoya Austin, director general de la petrolera, en la que le solicitan que retire los cargos contra Rosina, puesto que la hipotética rotura del foco fue un accidente. Castigarlo con cárcel es, a todas luces, un despropósito.
A primeros de año, el Rainbow Warrior, barco insignia de Grenpeace, entraba por primera vez en territorio mexicano y, durante varios días, organizó actos y protestas que no debieron de sentar nada bien a los representantes gubernamentales. Además del tema relativo al petróleo, también solicitaban al gobierno que condujera al país hacia la sustentabilidad, combatiendo la contaminación tóxica de los ríos a través de una legislación que impida a la industria verter sustancias químicas peligrosas y vigilar su cumplimiento.
Firmar la protesta: http://www.greenpeacenocalla.org/
